Muchas veces nos preguntamos cómo es que debemos actuar ante los retos de la vida. Sin temor a equivocarme puedo decirles que, con el tiempo, lo que más hemos aprendido es que hay que pensar bien antes de actuar (reflexión puntual y no definir al calor del momento). Por ello, ante los problemas que se presentan en el camino, nada suple el tiempo de análisis, la reflexión en grupo, la revisión de mejores alternativas, y al final del día, tomar decisiones como resultado de haber auscultado todas las consecuencias que se puedan generar y la forma de mitigar posibles daños. Parte del reto es lograr un equilibrio entre el lapso de revisión y la necesidad de actuar, pero procurar no actuar por impulso o inercia sin haber hecho un diagnóstico apropiado. La pauta de un silencio entre retos y acciones es deseable.

Lo antes expuesto parece bastante obvio; sin embargo, parece ser que, en la actual administración, la dinámica de actuación es distinta. En lugar de que haya espacio de reflexión y de guardar prudencia antes de tomar decisiones, se ha optado por la estridencia, la intolerancia y un alud de declaraciones diarias que empiezan desde muy temprano. Y es que, quizá sea esa propensión a iniciar el día con conferencias de prensa el culpable de que, en forma, prácticamente permanente, haya esta necesidad de declarar algo. De manera exacta, lo contrario al silencio necesario. Es materialmente imposible digerir datos, evaluar opciones y decidir con solvencia si hay que hablar diariamente. El mero objetivo mediático no es plausible si provoca incertidumbre, desorden e imposibilidad de priorizar tareas de mediano y largo plazo.

Ejemplos de malas implementaciones y peores análisis son visibles en temas tan sensibles como lo es la presunta cancelación del aeropuerto de Texcoco, el diseño y regulación de la Guardia Nacional, y la estrategia de ataque al robo de combustibles. En todos los casos, nadie cuestiona lo importante que es buscar el mejor aprovechamiento de recursos públicos, agotar las causas que generan injusticia, impunidad y violencia, así como parar el robo de combustible y afectación a Pemex. Sin embargo, lo que no es aceptable es que, ante grandes retos y problemas, se tomen decisiones que no sopesan todas las posibles alternativas, que no se consulte a los expertos en la materia, y que, sin la participación de los principales actores se ejecuten acciones que no apuntan a soluciones de largo plazo. Las decisiones correctas son aquellas que sean medibles y auditables, que gocen de solvencia técnica y operativa, y al final del día generen las consecuencias óptimas en la materia.

En los ejemplos puestos, el caso del aeropuerto de Texcoco es un verdadero insulto porque no existe una sola razón técnica, operativa, financiera, aeronáutica o lógica que justifique su cancelación y la alternativa de Santa Lucía es verdaderamente inaudita en cuanto a sus inconvenientes, costos excesivos, carencia de autorizaciones locales o internacionales, amén de un impacto al erario público de más de 200,000 millones de pesos literalmente tirados a la basura. Si el temor es que en la ejecución del aeropuerto de Texcoco o en la compra de terrenos aledaños hubo corrupción, lo que procede es procesar a los responsables y, en dado caso, expropiar los inmuebles, pero no castigar al país ante lo que puede y debe ser una obra de enorme impacto en el desarrollo económico para temas de turismo, carga, transportación, logística, comercio exterior, etcétera.

En materia de Guardia Nacional hemos insistido sobre la importancia de no militarizar la seguridad pública y de cómo la excusa de que las policías están mal capacitadas y/o entrenadas no es sino la confesión del propio Estado de que no ha cumplido con sus obligaciones en la materia. Pero la solución no está en matar al paciente, lo que se requiere es darle plena vigencia a un esquema que privilegie el que las instituciones policiacas civiles se hagan fuertes, sean bien entrenadas, coordinadas entre sí, y que tengan un énfasis en materia de prevención del delito, investigación científica, y una vocación total a protección de derechos humanos.

En lo que toca a robo de combustible se debe eliminar la impunidad, castigar a los responsables, y asegurar la no repetición de los hurtos. Caiga quien caiga. Para ello debemos señalar que en absoluta congruencia tendría que, igualmente, actuarse con la misma severidad a quienes atenten contra otras fuentes patrimoniales del Estado, como lo son cualesquier abusos por robos a peajes en carreteras de cuota, el no pago de cuentas de luz con los famosos diablitos, y cualquier otro hecho por el cual se tiene acceso ilícito a recursos del erario público.

Es por todas estas razones que le pedimos al gobierno en turno que ejerza la enorme virtud del silencio. Que se piensen las cosas con mucha mayor profundidad antes de actuar. Que no se opte por esta diatriba declarativa diaria que tanto daño hace en perder de foco las grandes prioridades del país por coyunturas mediáticas mañaneras. Cuando el país debería de estar hablando de cómo asegurar inversiones, implementar reales esquemas de pacificación e impartición de justicia (para abatir la impunidad) de cómo fortalecer su capacidad turística y de transporte (por ejemplo, a través del aeropuerto de Texcoco), de cómo asegurarnos un papel en la revolución digital, y otros temas análogos, estamos en el limbo de muchas cuestiones que no están siendo atendidas o con enormes deficiencias. Nada de refinerías obsoletas, ni de trenes sin sustento ambiental u operativo.

En fin, que el silencio es oro. Declaraciones solamente cuando sean necesarias. Y siempre y cuando se haya hecho la tarea completa para tener soluciones reales, duraderas y solventes.

P.D.: El silencio no se logra con espacios sin diálogo o pausas cuando se habla con intermitencia. No nos referimos a ese silencio, sino a uno que implique realmente profundidad de análisis y de diagnóstico antes de actuar. Requerimos seriedad y no demagogia.

 

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