Contrario a lo que dice el gobierno federal, México no atraviesa un proceso de justicia transicional, ya que no ha parado la violencia en el país, no se ha tomado en cuenta a las víctimas para tomar ese camino, ni se han atendido las causas de impunidad, coincidieron víctimas y expertos; a diferencia de lo expresado por las autoridades federales.

No estoy seguro que en este país se pueda hablar de justicia transicional, porque más allá de crear las instituciones para que eso suceda, ¿cómo se puede hablar de paz cuando no hay cese a las armas?”, refirió Luis Eliud Tapia Olivares, abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh).

En México no se ha visto ese tipo de justicia, puesto que ese proceso va desde planes especiales para juzgar autoridades coludidas hasta policías implicados, así como tomar en cuenta a las víctimas para tratar de erradicar el problema de violencia y desaparición, aseguró Grace Fernández del Colectivo Búscame.

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Víctimas sin atención 

El tema de justicia transicional no se está atendiendo en el país, puesto que para ello se deben de resolver los casos y atender las causas, especialmente las relacionadas con la impunidad, así como de la desatención y desprotección a las víctimas, afirmó el senador independiente, Emilio Álvarez Icaza.

El viernes pasado salió la caravana por la paz, como hace nueve años, desde Cuernavaca en el estado de Morelos con dirección a la Ciudad de México, bajo la intención de pedirle al presidente Andrés Manuel López Obrador de pedirle cumpla la promesa de priorizar la agenda de paz, justicia y verdad, la cual les prometió en 2018, de acuerdo con el activista Javier Sicilia.

Durante la caminata que realizó este movimiento el domingo, la cual partió de la Estela de Luz al Zócalo capitalino, entregaron un documento sobre justicia transicional al Senado de la República y al gabinete de seguridad en Palacio Nacional, luego de que el ejecutivo rechazó atenderlos personalmente.

Reconocer el problema no basta

Es cierto que la actual administración ha reconocido el problema y la crisis que atraviesa el el problema, pero hay pendientes por cumplir, como la eficacia del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, al igual que se instruyan las comisiones estatales de búsqueda en los estados faltantes, refirió Tapia Olivares.

También se requiere de una ley sobre personas desaparecidas a nivel local, de un consejo ciudadano de la comisión estatal de búsqueda, así como de una fiscalía especial sobre personas desaparecidas local, refirió el jurista en derechos humanos.

El tema de las desapariciones en México es un tema que no sólo corresponde a nivel federal, sino a todas las órdenes de gobierno, por lo que hace falta mucha coordinación en la estructura de la federación. “Si bien está mucho mejor que en el sexenio pasado, falta mucho por hacer”, detalló Grace Fernández del Colectivo Búscame.

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La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) no ha apoyado a las víctimas con el tema de los migrantes desaparecidos, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana no se ha acercado con las víctimas, ya que de ella depende la Fiscalía General de la República, y por ende, la Comisión Nacional de Búsqueda, explicó.

“Las comisiones estatales no tiene presupuesto, no tienen personal o no tienen comisionado, o como el caso de Guanajuato, Aguascalientes y Yucatán que todavía no tiene su comisión”, remarcó.

La impunidad impera

El sistema penal de México está colapsado, abundó el experto de Prodh, ya que no hay respuesta en materia de acceso a la procuración e impartición de justicia, muestra de ello son los niveles de impunidad que mantiene el país, donde más del 90% de los delitos no se denuncian porque no hay confianza en las autoridades.

Durante 2018, hubo denuncia en el 10.6% de los delitos, de tal cifra, en el 63.9% de los casos se inició una averiguación previa o carpeta de investigación. Por ende, en el 93.2% de los delitos no hubo denuncia o no se inició una indagación, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2019.

De igual manera, el 65.5% de la población considera que los Ministerio Público y las Procuradurías locales son corruptas, mientras 67% piensa lo mismo de la policía preventiva municipal, pero en el caso de los jueces es de 68%, según la medición del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

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“Uno de los grandes problemas es que la impunidad que va de la mano con la corrupción; mientras no haya un combate real a la impunidad, no se va a poder avanzar en temas de justicia para las víctimas”; acusó la representante del Colectivo Búscame.

Las familia arriesgan la vida para contribuir a los datos de investigación, abundó, donde se muestran pruebas que señalan a los perpetradores pero el hecho no trasciende. Por tanto, hace falta voluntad real de los funcionarios para que colaboren y hagan su trabajo correspondiente.

La re victimización y estigmatización de las víctimas son algunas de las adversidades que tiene que pasar algunos de los familiares de personas desaparecidas, dado que algunos funcionarios dan por hecho que el ausente estaba involucrado en el crimen organizado o se fue por alguna cuestión amorosa, minimizando el hecho, reclamó Grace Fernández.

“Esos pensamientos, fuera de ayudar perjudican a la investigación. Son las familias las que hacen la investigación, las que arriesga su vida para obtener datos y llevárselo al Ministerio público, cuándo es trabajo que debería hacer él”, subrayó.

Del Estado, los perpetradores

El caso de complica mucho más cuando se ve involucrado algún ente del Estado, como un policía municipal o un elemento del ejército, ya que la investigación no trasciende porque del policía ministerial puede ir subiendo la responsabilidad hasta los mandos superiores, refirió Grace Fernández.

De es la gravedad del asunto, que algunas familias son amenazadas en caso de seguir con la investigación, relató.

“Los obstáculos típicos son que hay una falta de independencia entre estas instituciones, las víctimas tiene que denunciar a estos funcionarios públicos con algunos que son compañeros de trabajo de funcionarios”, abundó el experto del centro Prodh.

En el caso de los crímenes cometidos por elementos del ejército, hay falta de acceso a la información del caso, o incluso, se siguen abriendo expedientes de orden militar cuando deberían de ser de jurisdicción civil en materia penal, como lo establece la Constitución y el Código Penal Militar en casos derechos humanos, sostuvo.

Es opaco el ejército. El estado no es capaz de investigarse a sí mismo, la fiscalía que se presentó no ha presentado esas garantías, para investigar crímenes sobre funcionarios”, aseguró.

Cuando funcionarios locales comenten delitos, algunos familiares deciden llevar el caso al orden federal para que sea atendido, lo cual es posible, de acuerdo con el abogado, pero no es lo ideal, puesto que es un hecho que debería de ser resuelto en la entidad pertinente.

“La solución de fondo no es que la federación atraiga todos los delitos, porque no los va a poder resolver. La solución de fondo es que las fiscalías de los estados tengan autonomía, para que en el propios estados se pueda resolver esa situación, aun cuando los delitos sean cometidos por funcionarios locales”, sentenció.

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