Desaparecer al outsourcing del panorama laboral de México, en los términos que plantea el senador Napoleón Gómez Urrutia, costaría alrededor de 2 millones de empleos formales e impactaría a los organismos de seguridad social del país, ya que dejarían de recibir las correspondientes cuotas obrero-patronales, advirtió el Centro de Estudios para el Empleo Formal (CEEF).

“Es poco probable que los empleos que hoy están contratados bajo este esquema pasen a ser contratados directamente por los beneficiarios de los servicios por lo que una cifra similar pasaría a formar parte de la informalidad laboral”, apuntó en un comunicado sobre las iniciativas presentadas por Gómez Urrutia y el diputado Isaías González Cuevas.

A principios de año, el senador por Morena dijo que las empresas, en particular las del sector minero, deberían prepararse para enfrentar un nuevo esquema laboral, regulatorio y fiscal; ya que con las modificaciones se pugnará por la democracia sindical y limitaría las facilidades para contratar a trabajadores por medio del outsourcing que realizan empresas dedicadas a ello.

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“La iniciativa presentada por el diputado Isaías González Cuevas y la presentada por el senador Napoleón Gómez Urrutia atentan contra el empleo formal en México, afirma el Centro de Estudios para el Empleo Formal (CEEF)”.

Apuntó que la propuesta del senador regularía de manera excesiva la subcontratación de servicios, además de que considera a todo el empleo formal generado bajo este esquema como “actos simulados asimilándolos a actividades prohibidas”.

El CEEF agregó que el empleo se encuentra suficientemente regulado por las leyes, y por el contrario, lo que se necesita es incrementar los mecanismos de supervisión, vigilancia, y sanción a fin de evitar la simulación y la subcontratación dolosa.

Por último, destacó que en la subcontratación de personal existen relaciones de trabajo triangulares, es decir que involucran a un patrón, a un beneficiario del servicio y a un trabajador; además de que los contratados en estos esquemas tienen derecho a todas las prestaciones y derechos consignados en las legislaciones laborales y de seguridad social vigentes en el país.

 

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