La historia de América Latina no puede entenderse sin la complejidad del binomio con los Estados Unidos. Una relación simbiótica guiada por los intereses de unos y la necesidad de supervivencia de otros.
Desde la aventurada Doctrina Monroe, el sentido expansionista de los Estados Unidos fijó la idea del patio trasero y durante la Guerra Fría la política del gran garrote buscó detener las insurrecciones latinoamericanas iniciadas por los incendiarios de izquierda que bajo el furor de la Cuba comunista intentaban reiniciar el sueño bolivariano.
Un ejemplo tardío del intervencionismo estadounidense en la región tuvo lugar en Panamá a finales de los ochenta. Con la firme convicción de salvaguardar la seguridad de los ciudadanos estadounidenses y de devolverle a los panameños la dignidad perdida durante la dictadura de Manuel Noriega, el gobierno de George Bush inició la operación Causa Justa.
Con una dictadura de casi siete años, Noriega había sido arduo colaborador de la CIA y después de haber sido expuesto por sus vínculos con el crimen organizado, lavado de dinero y narcotráfico, EE. UU. decidió emprender una operación militar en diciembre de 1989.
Este capítulo de la historia de Panamá es recordado como una de las invasiones en las que el Tío Sam logra rescatar a la democracia, sin embargo, los ataques en suelo panameño permitieron el derrocamiento de Noriega y el desmantelamiento de las Fuerzas Armadas de Panamá (mismas que habían sido creadas por el dictador bajo el lema “Todo por la Patria”).
Noriega fue acusado también de terrorista y las constantes señales de inestabilidad política dañaron la relación de Panamá con los Estados Unidos. En el peor momento de su relación bilateral, la invasión extirpaba de raíz una amenaza latente para la estabilidad comercial de EE. UU. y de seguridad para la región.
Entre México y los Estados Unidos hay una relación tensa y frágil desde el inicio del gobierno de López Obrador. Se abrieron frentes innecesarios de conflicto y lo que era una relación funcional hoy es una relación en el ocaso.
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Las disputas y controversias en el marco del TMEC, han pasado a un segundo plano a partir de que la grave crisis del fentanilo ha creado una emergencia de salud pública en los Estados Unidos. Al presidente de México se le cuestiona entre la clase política estadounidense el vacío y la falta de voluntad (al menos en su percepción) para detener a los grupos del crimen organizado.
Por supuesto que la preocupación de fondo no es la seguridad y estabilidad de este lado de la frontera. El contexto político es complejo, al presidente Biden le perciben cómplice por su falta de contundencia, incluso por su permisividad y desde la voz conservadora del Congreso se ha iniciado el proceso legislativo para autorizar el uso del ejército en el combate a los grupos terroristas que operan en México y mantienen el flujo de estupefacientes hacia los Estados Unidos.
El secuestro de cuatro ciudadanos estadounidenses en Matamoros es hoy un factor detonante de nuevas y crecientes tensiones entre ambos gobiernos. El hecho de que congresistas republicanos cuestionen abiertamente la estrategia de seguridad del gobierno mexicano debe preocupar, tanto por el alcance que pueda tener la iniciativa de uso del ejército como por la actual situación de inseguridad que se vive en ambos países.
Es evidente que el problema de fondo no es únicamente la falta de esquemas de prevención y de promoción a la salud, sino los múltiples intereses que hay entorno a “las causas justas”.
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