El director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero Oropeza, declaró que la empresa apelará la resolución judicial que libró a Emilio Lozoya de la acusación por el caso Agronitrogenados y del pago de 3.4 millones de dólares.

Previo al quinto informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, en Campeche, Romero Oropeza dijo a medios locales que se recurrirá a todos los recursos legales.

Medios locales reportaron que al ser cuestionado antes de la

“Todavía hay instancias jurídicas y yo creo que se van a apelar en todas las instancias”, aseguró.

“Todavía hay instancias jurídicas y yo creo que se van a apelar en todas las instancias”, aseguró Octavio Romero Oropeza.

Aunque el director de Pemex precisó que no tiene claridad sobre la resolución del juez Gerardo Alarcón, ni de lo ocurrido en la audiencia del exdirector de la firma, toda vez que estaba de visita en una de las plataformas petroleras de la empresa productiva del Estado.

“Yo no tengo clara la noticia, de todos modos, nosotros vamos por la vía jurídica”, sentenció Octavio Romero.

Lee: Emilio Lozoya se salva de acusación y pago por caso Agronitrogenados

Ayer se dio a conocer que Lozoya se salvó de la acusación por la compra a sobrecosto de Agronitrogenados durante su gestión en Pemex, y del pago de 3.4 millones de dólares, luego de que el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte determinara la suspensión del proceso penal en su contra.

El juez Gerardo Alarcón determinó que el acuerdo de reparación al que llegaron en 2021 Pemex y Alonso Ancira, entonces dueño de Altos Hornos de México (Ahmsa), matriz de Agronitrogenados, por 216 millones dólares, es suficiente para cubrir la reparación del daño, por lo que Lozoya ya no tendrá que pagar.

Lozoya, arrestado en España a comienzos de 2020 y extraditado a México a mediados de ese año, tiene dos casos abiertos ante la justicia mexicana, uno por la compra a sobreprecio de la planta de chatarra Agronitrogenados a cambio de sobornos.

Y el segundo caso es por haber recibido presuntamente 10.5 millones de dólares en sobornos de la brasileña Odebrecht durante la campaña y el posterior Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018).

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