Considerado como el proyecto privado más importante y de mayor impacto en el sector petroquímico, Etileno XXI empezó a funcionar en enero de 2015, para producir hasta un millón 500 mil toneladas de polietileno, material que se utiliza para la fabricación de artículos como cubetas, tinacos, bolsas, cepillos dentales, cubetas, recipientes, juguetes, entre otros.
En la planta petroquímica, propiedad de la brasileña Braskem y la mexicana Idesa, se invirtieron más de cinco mil millones de dólares, pero esa inversión tuvo una larga historia. Pemex tenía suficiencia en la producción de etano, así que quería construir una nueva planta y la llamaría Proyecto Fénix, como el ave que resurge de sus cenizas.
Para ello, empezó a buscar socios minoritarios. Después la petrolera mexicana argumentó que no tenía recursos económicos y solo participaría como socio minoritario, pero luego de un largo proceso de licitación internacional, determinó que no tendría participación accionaria. Quedó fuera del proyecto y por lo tanto cambió de nombre en lugar de Proyecto Fénix fue nombrado Etileno XXI.
En la licitación internacional resultó ganador el consorcio brasileño-mexicano y Pemex le suministraría el etano, su principal insumo. Empezaron a pactar el precio del etano a un precio preferencial que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público nunca quiso hacer público, bajo el argumento de que se trataba de un proyecto privado. Ahora sabemos, por el presidente Andrés Manuel López Obrador que el descuento fue de 30 por ciento.
El complejo está ubicado en el municipio de Nanchital, Veracruz y recibe 66 mil barriles diarios de etano de los complejos Pajaritos y Cangrejera de Pemex.
El problema para Pemex es que firmaron un contrato que se rige por un modelo take or pay/deliver or pay, que es “típico en suministros de largo plazo asociados a inversiones de infraestructura”, en el que la empresa se obligó a comprar cierta cantidad de gas etano a Pemex, y Pemex a suministrarlo, por lo que el incumplimiento supondría penalidades para cualquiera de ambas partes.
En 2010, cuando signó el contrato Pemex tenía suficiente abasto de etano, pero su situación cambió y sólo pudo cumplir un año, ya que la planta inició operaciones en 2015. Ante la imposibilidad de entregar el etano, Pemex acumula multas de al menos 2 mil 800 millones de pesos.
Hasta antes de 2019 Pemex había pagado 2 mil 814 millones de pesos, por lo que dejó de cubrir las sanciones económicas este año. En total, el gobierno de AMLO estima un quebranto a la nación de alrededor de 15 mil millones de pesos.
Este es uno más de los grandes problemas que enfrenta la petrolera mexicana y es evidente que debe alcanzar un acuerdo con los propietarios de Etileno XXI para evitar más daños al erario mexicano, pero no debe poner en riesgo esa inversión que fue financiada por 17 instituciones crediticias, como el Banco Mundial a través de la Corporación Financiera Internacional; Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext); Nacional Financiera (Nafin); el Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico y Social de Brasil (BNDES) y el Export Development Canada (EDC), entre otras.
Pemex no debe intentar resurgir de sus cenizas a costa de una inversión privada en la que claramente la Empresa Productiva del Estado está en desventaja, mientras que Braskem-Idesa puede garantizar suministro de Estados Unidos donde hay suficiencia de etano, sin pretender sacar raja de la situación precaria que presenta Pemex y que se refleja en sus niveles de producción de hidrocarburos, que muestran caídas dramáticas.
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