Han pasado ya más de dos semanas desde que Andrés Manuel López Obrador ganó la elección presidencial y en tan poco tiempo sabemos ya cómo quedará en términos generales integrado el congreso y el gabinete, así como la nueva estructura de la administración pública federal y algunas ideas sobre el presupuesto y los proyectos presidenciales del año entrante. Sin embargo, han surgido dudas sobre la forma en que el sistema de gobierno podrá procesar de manera eficiente la operación de la nueva mayoría que se formó desde la elección, para evitar los sinsabores de un nuevo autoritarismo.

Como país, nos hemos enfocado a desarrollar nuestro sistema electoral que, de por si es muy complejo, pero hemos perdido tiempo en nuestro sistema de gobierno, donde apenas hace algunos años, se comenzaron a discutir aspectos como la reelección, los gobiernos de coalición, los órganos autónomos, etc., pero no se ha entrado de manera seria a una discusión sobre el esquema de división de poderes y los contrapesos ligados a ella, que nos podrían en salvaguarda de los intentos de concentración de poder, como el que se puede dar en este periodo.

El primer aspecto de preocupación, tiene que ver con el entendimiento de lo que significa la votación de más de 50% por el próximo presidente. Para algunas posiciones, es un mandato total, por lo que, incluso la pretensión de AMLO de mantener el sistema actual de designación del procurador, es aceptable. Para otras, si bien es indiscutible que hay una idea de cambio, este no implica la construcción de una “presidencia imperial” al estilo de los gobiernos del PRI. En lo particular, un esquema democrático implica la posibilidad de incorporar a las minorías y limitar el poder, a partir de esquemas de contrapesos, en nuestra constitución, no está completamente desarrollados.

En la constitución, el presidente mexicano es débil con respecto al Congreso, cuando éste no es controlado por el partido del ejecutivo, como ha sido en los sexenios anteriores, obligando al presidente a negociar e incorporar a las fuerzas políticas. Pero, es muy fuerte cuando el ejecutivo y su partido dominan ambas cámaras del congreso, como las mayorías que el PRI tenía en su época de esplendor. Esta última es la condición que tenemos ahora, con la única salvaguarda de que hay una corte con capacidades cuasi constitucionales, que puede representar límites, pero que depende de la designación de ministros que se realice a finales de este año, donde se puede modificar el balance de poder al interior, pues AMLO y Morena serán quienes hagan esas designaciones desde el senado.

Los dichos recientes de AMLO y su equipo sobre los cambios y creación de nuevas dependencias, movimientos geográficos de otras, designaciones anticipadas incluso de grupos de trabajo, etc., sin que haya incluso sido declarado presidente electo, van ligados a esa idea de concentración y ejercicio absoluto de poder. Esa misma condición en otro momento, habría sido tomada como símbolo de triunfalismo e ilegalidad, e incluso, habría sido impensable que cualquier otro ganador se reuniera con el equipo del presidente de los Estados Unidos, sin ser aún presidente electo.

Es ocioso decir cuáles son los riesgos de la concentración de poder, pues hemos vivido dicha condición en distintas épocas de la historia e, incluso, podemos verlos en los Estados Unidos, donde la designación de un ministro de la corte con posición conservadora, modificará sustancialmente la idea de libertades y derechos desarrollada hasta ahora.

Es poco probable que algo cambie en la constitución para construir dichos contrapesos, pues no hay incentivos de la próxima mayoría para hacerlo, por lo menos hasta el 2021. El contrapeso más relevante tendrá que venir de la sociedad civil y de los distintos grupos organizados, y con recursos, que participan en áreas públicas, sociales, privadas e internacionales, incluyendo los medios de comunicación, para ubicar límites no institucionales al ejercicio del poder.

 

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