La presencia de la Guardia Nacional en el Metro de la Ciudad de México no ha sido bien aceptada por diferentes sectores. Mientras la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, defiende su incursión argumentando que se trata de una decisión de seguridad ciudadana ante los hechos atípicos y premeditados que ponen en riesgo la operación cotidiana del Sistema de Transporte Colectivo (STC), un sector de la población, la oposición y organización civiles han señalado que se trata de una medida de presunta militarización, ya que la corporación pertenece al Ejército.
En este contexto, la organización de la sociedad civil México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) interpuso un amparo ante el Poder Judicial de la Federación para solicitar el retiro de la Guardia Nacional del Metro, mismo que fue admitido a trámite. “La demanda fue presentada la última semana de enero de 2023 en representación de una persona usuaria de este transporte para exigir que el Gobierno de la Ciudad de México proteja los derechos de quienes utilizan este sistema destinando recursos para su mantenimiento y sin militarización”, dijo la organización.
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El 12 de enero, cinco días después de que en la interestación Potrero-La Raza de la Línea 3 del Metro chocaron (accidente que dejó una joven sin vida y más de 100 personas lesionadas), la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció en la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador el despliegue de 6,000 elementos de la Guardia Nacional en el Metro. Los elementos no portan armas, vigilan andenes, pasillos e incluso algunas áreas del STC como talleres.
Sheinbaum justificó el despliegue de la Guardia Nacional debido a que considera que en el Metro han venido ocurriendo una serie de incidentes premeditados y atípicos, que si bien no ha calificado de sabotaje, sí apunta a esa narrativa. De hecho, el viernes 27 de enero el vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara, informó que esa dependencia concluyó que el choque de trenes del 7 de enero se debió a un corte de cables intencionado, y el desacople de dos vagones el 15 de enero en Línea 7 fue porque se manipularon de forma dolosa los sistemas de enganche de los carros.
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La organización MUCD considera que “debido a que la Guardia Nacional es una institución mayoritariamente militar -más de 70% de sus elementos provienen de las secretarías de Defensa Nacional y de Marina- la presencia de éste cuerpo de seguridad también viola el derecho a la seguridad ciudadana de las personas usuarias, pues no cumple con los requisitos que componen la seguridad pública, una función estatal que debería estar a cargo de instituciones policiales civiles, formadas y profesionalizadas en la materia”.
Hasta ahora, los elementos de la Guardia Nacional no han sustituido el trabajo de la Policía Bancaria e Industrial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, corporación que ha tenido a su cargo desde hace años la vigilancia de las instalaciones del Metro. Frecuentemente se observa a los elementos de la guardia, a los policías e incluso a personal de la Gerencia de Seguridad Industrial del Metro hacer recorridos de vigilancia en las instalaciones del STC, una infraestructura por la que a diario se mueven 5 millones de personas de la ciudad y el Estado de México.
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MUCD considera que “su despliegue vulnera también el derecho a la movilidad urbana, pues la presencia de la Guardia Nacional en el metro representa un elemento intimidatorio capaz de persuadir a las personas de reducir o suspender el uso del Metro, con lo que provoca un efecto inhibidor de este derecho. Y el temor es objetivamente justificable: la Guardia Nacional ha sido, en los últimos dos años, el cuerpo de seguridad con mayor número de quejas acumuladas por violaciones a derechos humanos, sólo por debajo de la Sedena, con señalamientos de hechos de detención arbitraria; tortura; violencia desproporcionada durante detenciones; delitos contra la libertad sexual y tratos crueles, inhumanos y degradantes”.
“Con este amparo, MUCD busca que el Poder Judicial reconozca estas violaciones a derechos humanos, revierta la medida de despliegue de este cuerpo militarizado y ordene al Gobierno capitalino redireccionar sus esfuerzos en la verdadera protección del derecho a una movilidad segura para las y los usuarios. El Poder Judicial tiene la oportunidad de actuar como un contrapeso ante las decisión del Ejecutivo local de contribuir al empoderamiento de las Fuerzas Armadas y ampliar su participación a cada vez más distintos ámbitos civiles y, con ello, defender los derechos humanos de más de cuatro millones de personas usuarios del Metro”, dijo la organización.
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