El presidente Andrés Manuel López Obrador abrogó el programa Cruzada Nacional Contra el Hambre, que se instrumentó en la gestión de Enrique Peña Nieto y que estuvo a cargo de Rosario Robles, extitular de la atrora Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), quien hoy se encuentra presa acusada de uso indebido del ejercicio público.
A través de un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el jefe del Ejecutivo federal argumentó que dicho programa social no cumplió con su misión de garantizar la alimentación de las personas en situación de pobreza y pobreza extrema.
Por ejemplo, se cita un informe de la Auditoria Superior de la Federación (ASF) de 2019, donde se determinó que en la implementación de este programa sólo se atendieron las carencias que presentaron 9 mil 700 personas, que representó únicamente el 0.1% de las 7 millones 873 mil 400 personas en condición de pobreza extrema.
De igual forma, indicó que persistieron las deficiencias en los diseños normativo, programático, presupuestal y de evaluación observadas desde su puesta en marcha en 2013, y que los programas que participaron en la estrategia disminuyeron en 57.1% al pasar de 70 programas en 2013 a sólo 30 programas presupuestarios en 2018.
“Esto implica que la CNCH no cumplió con su objetivo de ‘Cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuada de las personas en pobreza multidimensional extrema'”, señala el decreto.
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Al respecto, el mandatario federal, a través de la Secretaría del Bienestar, precisó que su administración ha puesto en marcha diversos mecanismos para construir una nación con desarrollo tales como apoyo a cafetaleros y cañeros.
También, de precios de garantía para los cultivos de maíz, frijol, trigo, panificable, arroz y leche; crédito ganadero a la palabra; distribución de fertilizantes químicos y biológicos, y la creación del organismo Seguridad Alimentaria Mexicana.
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“En virtud de lo anterior, se considera que ya no resulta necesario seguir contando con el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre”, sentenció el gobierno federal.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha imputado a Robles por presuntamente haber utilizado este programa para el desvío de recursos en la operación llamada “Estafa Maestra”.
