Si para empresas y trabajadores ser productivos es una necesidad, para el Estado es una obligación contribuir a la productividad de la actividad económica privada.

 

Por Marcelo Delajara

Imaginemos una economía mexicana sin los aspectos que más afectan la productividad de las empresas: un régimen fiscal y un sistema de seguridad social que generan informalidad, y un modelo educativo que no sólo no prepara bien a los jóvenes de secundaria y preparatoria para el mercado laboral, sino que contribuye a perpetuar la desigualdad excluyendo a la mayoría de los niños de una educación primaria de calidad. Imaginemos empresas y trabajadores que interactúan en mercados laborales dinámicos y flexibles, con protección social, buena educación y salud para todos.

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Aun en este contexto ideal, en el que la iniciativa privada estaría en condiciones de generar ganancias de productividad, no se podría prescindir de la acción del Estado para potenciarlas y sostenerlas en el tiempo. Sin la provisión de ciertos bienes y servicios públicos productivos, que por definición sólo el Estado puede producir en cantidades necesarias, la productividad del capital (y, por ende, el rendimiento de la inversión) tiende a disminuir en el tiempo, lo que eventualmente se refleja en menores tasas de crecimiento o directamente en un estancamiento del desarrollo económico.

Los bienes y servicios públicos a los que nos referimos son principalmente de dos tipos.

  1. La infraestructura que provee el Estado a través de empresas públicas o privadas para la actividad económica. Esta infraestructura incluye puertos, aeropuertos, carreteras y las redes de distribución de gas, electricidad, entre otras. La infraestructura de transporte, por ejemplo, aumenta el tamaño del mercado al que tienen acceso las empresas, y permite a éstas especializarse en la producción y volverse más productivas.
  2. Los servicios públicos que proveen aquellas instituciones del Estado que fijan las reglas de juego de la economía y supervisan su cumplimiento. Cuando estas instituciones no funcionan bien, los factores que rigen la relación comercial entre las empresas son afectados negativamente. Entre dichos factores están los derechos de propiedad, el cumplimiento de los contratos, el reparto de la carga fiscal, el grado de competencia económica en el mercado, la aplicación de la normatividad en salud y el medioambiente. La corrupción, por ejemplo, es un indicador de que las instituciones están fallando: no hay reglas claras o éstas no aplican por igual a todos los involucrados en la actividad económica. La inseguridad patrimonial y personal también debilita la libre interacción entre los agentes económicos. Ambas tienen costos importantes para las empresas y afectan su productividad.

De acuerdo con el Global Competitiveness Report, un estudio desarrollado por el World Economic Forum (WEF), la infraestructura y las instituciones son factores que actualmente están limitando la competitividad de México. De un total de 140 países, México se ubica en el lugar 57 del Índice Global de Competitividad, pero en términos de infraestructura se ubica más abajo, en el lugar 59, y en términos de instituciones en el lugar 109. Cabe agregar que el WEF considera a las instituciones y la infraestructura como parte de los “requisitos básicos” para la competitividad, junto con el ambiente macroeconómico, los niveles de salud y educación.

En conclusión, las políticas públicas dirigidas a apoyar la productividad de la economía mexicana deben poner énfasis en aquellos aspectos que están bajo el control del Estado. Ello tiene implicaciones diversas. Por ejemplo, pensemos en el debate sobre el salario mínimo: casi ninguno de los participantes del debate pone en duda la relación necesaria entre salarios y productividad; sin embargo, todos olvidan que, más allá de los esfuerzos que realizan empresas y trabajadores para ser eficientes, la productividad y la competitividad de las empresas dependen en buena medida de la provisión de infraestructura y de la calidad de las instituciones públicas. Así, y por estas razones, el Estado no es ajeno al debate sobre el salario mínimo y debe asumir la responsabilidad que le toca.


Marcelo Delajara (@MarceloDelajara) se doctoró en Economía en la Universidad Pompeu Fabra (Barcelona, 1999). Fue profesor, investigador y consultor en diversas instituciones (UDLA-P, CIDE, BID, PNUD, Banco Mundial y Banco de México, entre otras). Actualmente es investigador del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY). Las opiniones de Marcelo Delajara son a título personal y no representan necesariamente el criterio o los valores del CEEY.

 

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