A comienzos de diciembre, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) acordó fijar el salario mínimo para México en 249 pesos por día para el 2024, que significa un incremento del 20%, lo cual ha estado en concordancia con los aumentos de años anteriores del actual Gobierno Federal desde finales del 2018.
Aunque la cifra es buena, el alza aplica únicamente para quien está contratado con una paga de un salario mínimo, que para el 2023 es del 13% respecto al total de los trabajadores formales e informales y del 9% si sólo se considera a al total de los empleos formales.
Tomando únicamente a los trabajadores formales que ganan un salario mínimo entre 2018 y 2023, en promedio, el 60% son mujeres y 40% hombres, lo cual muestra que el incremento beneficia mayoritariamente a un grupo poblacional que ha sufrido discriminaciones de todo tipo al acceder al mercado de trabajo.
En lo referente a las presiones inflacionarias derivadas de incrementos salariales del 20% de manera anual, la evidencia muestra que dichas alzas no han sido un factor determinante en los precios finales, ya que, si se mira la inflación entre 2019 y octubre del presente año, el promedio es del 5%, sumado a que el cambio climático o la forma en cómo el crimen organizado regula el mercado tienen más peso en el alza de los precios en México.
En temas climáticos y de precios, cada vez es más común observar periodos de sequías y lluvias más largos, lo cual acaba por afectar la producción agrícola, a la par de que la cantidad de tierra cultivable es menor debido a una mayor cantidad de población demandando vivienda y la degradación de los suelos provocada por la humanidad se hace habitual.
Todo lo anterior tiene un impacto directo en el alza de los precios finales al estar produciéndose menos alimentos para una mayor cantidad de personas en el planeta.
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Sumado a lo anterior, el caso mexicano tiene la peculiaridad de que el crimen organizado impacta de manera directa en los precios de los bienes de consumo básico y alimenticios, al ser ellos quienes controlan la producción y distribución de los mismos.
De acuerdo con la Confederación de Cámaras Industriales, el robo de autotransporte aumentó 24% el año pasado y aceptan un incremento en los precios al consumidor; por su parte, el Consejo Nacional de la Tortilla admite que los cobros que hace el crimen organizado por derecho de piso y extorsión derivan en que el precio final de sus productos se vea incrementado de manera constante.
Otro dato que confirma lo anterior, es el que proporciona el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), quienes afirman que los incrementos al precio del limón de 2022 a 2023 es del 58% derivado de motivos de inseguridad y extorsión, lo cual también ha afectado a otros cultivos como el aguacate, tomate, plátano y mango.
Por último, aunque aumentos al salario mínimo del 20% son deseables para cerrar la brecha de ingresos entre trabajadores, el Estado mexicano debe garantizar servicios públicos de calidad para que esos incrementos no se destinen a la compra de medicinas, consultas médicas o servicios escolares, ya que, de mantenerse el estado actual de múltiples carencias en el sector salud y educativo, las familias son las que terminarán por absorber ese gasto y el incremento quedaría en un dato anecdótico y sin un impacto real para las familias de más bajos recursos.
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El autor es docente de Economía en la UNAM, coordinador del Programa Único de Especializaciones en Economía (Posgrado, UNAM).
Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.
