Por Lucía Baltazar *

El cambio climático es una realidad insoslayable: de acuerdo con el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), organismo que depende de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero han aumentado a niveles sin precedentes a pesar de un número creciente de políticas para reducirlas. Las emisiones aumentaron más rápidamente entre 2000 y 2010 que en cada uno de los tres decenios anteriores. La situación no es esperanzadora: según los mismos analistas, los cálculos para el decenio en curso se perfilan para ser aún más preocupantes.

Aunque el panorama es complejo, existen ventanas de oportunidad: el IPCC estima que es posible limitar el aumento de la temperatura media global a dos grados Celsius por encima de los niveles preindustriales. Se requiere de un cambio institucional y tecnológico importante, lo que implica forzosamente la migración de los sistemas energéticos de combustibles fósiles a fuentes de baja o nula generación de carbono, como la energía eólica y solar. Mitigar con efectividad el cambio climático no implica todavía una migración total, pero sí un desplazamiento parcial a energía no contaminante que baje el consumo de la energía perniciosa. La tarea no es sencilla y requiere de la inversión activa del sector privado, especialmente del que opera en mercados emergentes. Un dato contundente: el desarrollo de infraestructura baja en carbono y resiliente al cambio climático para los próximos 15 años requiere de inversiones por arriba de 93 billones de dólares.

Para enfrentar la coyuntura se necesitan instrumentos financieros que deriven en soluciones innovadoras que canalicen recursos de una manera efectiva y redituable. Esta dinámica, en principio, se antoja complicada, pues los proyectos enfocados a la lucha contra el cambio climático requieren de plazos largos y muchas veces se enfrentan al prejuicio de inversionistas institucionales que los consideran poco atractivos desde una perspectiva comercial. Los bonos verdes surgen precisamente como una solución para unir las necesidades de financiamiento a largo plazo en proyectos benéficos para el medio ambiente, así como para educar a los inversionistas acerca de nuevos tipos de instrumentos.

Un bono verde es un instrumento de deuda que recauda capital específicamente para proyectos relacionados al medio ambiente. Es decir, los ingresos son utilizados para fondear proyectos relacionados a sustentabilidad, tales como: energías renovables, eficiencia energética, transporte bajo en carbono, manejo de residuos, adaptación al cambio climático, entre otros.

Una característica importante de estos bonos es que los inversionistas sólo toman el riesgo como emisor, y no están expuestos al resto de los riesgos subyacentes de los proyectos. Los inversionistas, no obstante, reciben tanto el repago del bono como los beneficios ambientales del proyecto financiado a través del bono verde.

Las emisiones en mercado de bonos verdes han crecido más de diez veces en cinco años, al pasar de cerca de 4,000 millones de dólares en 2010 a poco más de 90,000 millones de dólares en 2016. Se espera que el mercado continúe su crecimiento, en especial si China e India adoptan políticas que empujen el desarrollo de sus mercados regionales. En este mismo periodo, el mercado se ha diversificado en cuanto a tipo de emisores y compradores, así como por el tipo de instrumentos utilizados.

 

Los Principios de Bonos Verdes

Para asegurar la credibilidad de que un bono es verde, los emisores deben seguir criterios de transparencia y calidad definidos por los Principios de Bonos Verdes (GBP, por sus siglas en inglés), criterios elaborados por Ceres (organización sin fin de lucro que agrupa a inversionistas y líderes interesados en el desarrollo sustentable), entidades como el Grupo Banco Mundial y diversas instituciones financieras, entre las que destacan Bank of America Merrill Lynch, Citibank, Crédit Agricole, JP Morgan Chase, Goldman Sachs, HSBC y SEB. Los principios otorgan transparencia y promueven la integridad del mercado de bonos a través de cuatro pilares o criterios:

1) Uso de ingresos. El emisor debe destinar el uso de los ingresos del bono hacia proyectos verdes, mostrando de forma clara los beneficios al medio ambiente que se pueden alcanzar, así como su cuantificación o asesoramiento.

2) Procesos de selección de proyectos. El emisor delinea y establece el proceso de decisión de la inversión como verde para determinar su elegibilidad. De ser posible, el emisor puede establecer objetivos de impacto, así como definir impactos directos e indirectos. Dichos principios reconocen de manera explícita varias categorías de proyectos verdes elegibles:

  • Energía renovable.
  • Eficiencia energética (incluyendo edificios eficientes).
  • Manejo sustentable de residuos.
  • Uso sustentable de la tierra (incluyendo manejo sustentable de bosques y agricultura).
  • Conservación de la biodiversidad.
  • Transporte limpio.
  • Manejo sustentable del agua (incluye agua limpia y/o potable).
  • Adaptación al cambio climático.

3) Manejo de los recursos. Los ingresos netos deben ser colocados en un subportafolio, monitoreados por el emisor y certificados por procesos internos formados ligados a las operaciones del emisor. El proceso de monitoreo debe ser claro y disponible al público. La integridad del instrumento será mejorada si un tercer agente verifica las metodologías destinadas al flujo de fondos de los ingresos verdes.

4) Reporte. Los emisores deberán generar reportes anuales o semestrales, incluidos indicadores cualitativitos y/o cuantitativos e impacto, a través de newsletters, actualizaciones en su página web o reportes financieros, detallando los proyectos específicos y montos invertidos. Contar con mecanismos de monitoreo y reporte del destino de recursos ayuda al inversionista a asegurarse que estos sean utilizados en los proyectos contemplados para este tipo de financiamiento. En particular, contar con criterios armonizados de reporte transparenta el mecanismo de bonos verdes y los flujos financieros destinados a proyectos de cambio climático.

Cabe mencionar que algunos países han desarrollado sus propios marcos de trabajo para el desarrollo de bonos verdes, como: China, India, Kenia, Marruecos y Brasil.

 

La experiencia en México y el papel de IFC

El primer bono verde mexicano fue emitido por Nacional Financiera en octubre de 2015. El valor de la transacción fue de 500 millones de dólares a un plazo de cinco años y un rendimiento al vencer de 3.41%. La transacción registró una demanda por un monto superior a 2,500 millones de dólares; más de 5 veces del monto total colocado. En 2016, Nacional Financiera coloco el primer bono verde en pesos por 2,000 millones a un plazo de siete años y una tasa de 6.05%, con una sobredemanda de 2.92.

Asimismo, el Gobierno de la Ciudad de México emitió un bono verde en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) en diciembre de 2016. El monto de la emisión fue de 1,000 millones de pesos a un plazo de cinco años con vencimiento en 2021. La emisión registró una sobredemanda de 2.5 veces el monto convocado. Un 40% de los recursos se destinaron a eficientar la distribución del agua y el manejo de aguas residuales, otro 5% a eficiencia energética para el alumbrado público de Viaducto, Reforma y Periférico, y el 55% restante será para transporte sostenible, incluidas la ampliación de la Línea 5 del Metrobús y el mejoramiento del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

Desde 2005, la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), miembro del Grupo Banco Mundial, ha realizado más de 13,000 millones de dólares de inversiones relacionadas al cambio climático, con lo que ha apoyado a más de 150 instituciones financieras en 188 proyectos de sustentabilidad y cambio climático.

Como resultado del acuerdo para el cambio climático firmado en Paris en diciembre de 2015, IFC se comprometió a:

  • Incrementar sus inversiones contra el cambio climático para alcanzar 28% del total de financiamiento anual en 2020.
  • Movilizar 13 mil millones de dólares en capital del sector privado a sectores relacionados al medio ambiente de manera anual para el mismo año.
  • Maximizar impacto ambiental a través de reducción de emisiones GEI y resiliencia, así como asumir riesgo climático (riesgo físico por impactos climáticos y selección de riesgo de activos de carbono) en la selección de inversiones.

IFC ha impulsado el mercado de bonos verdes, ampliando la base de inversionistas y creando consciencia sobre las necesidades y oportunidades de inversión en temas relacionados al cambio climático. Durante el año fiscal 2016, IFC emitió 23 bonos verdes por un total de 1,400 millones de dólares. 2016 ha sido el año con el mayor número de emisiones desde el nacimiento del programa, destacando el debut de un bono verde en Sudáfrica por 71 millones de dólares y un bono verde a 10 años por $ 700 millones de dólares.

 

Conclusión

Aunque los ingresos obtenidos a través de un bono verde deben ser utilizados sólo para proyectos sustentables, el precio es similar al de los bonos clásicos. En algunas ocasiones los bonos verdes han sido favorecidos en términos de precio por el mercado, pero ese no debería ser el factor clave para invertir en ellos.

El verdadero atractivo de invertir en bonos verdes se relaciona con el branding y el posicionamiento que brinda ser percibido como líder en un nuevo mercado. Es decir, el bono verde manda una señal fuerte de que la emisora piensa en términos estratégicos y de largo plazo. Invertir en bonos verdes mejora el valor de las marcas involucradas, incrementa el enfoque institucional hacia las finanzas climáticas y apoya el crecimiento de una línea naciente de negocios.

Ser socialmente responsable -y en consecuencia impulsar proyectos sustentables- ya no es un maybe, sino un must. No sólo por la creciente exigencia social y la preservación del planeta, sino por el hecho de que los inversionistas que no comprendan que la sustentabilidad implica nuevos mercados y oportunidades de negocios perderán liderazgo en el mediano y largo plazos. ¿Qué mejor manera de asegurar la construcción y permanencia de instituciones sustentables que a través de la inversión en bonos verdes? El tiempo ha llegado.

*Lucía Baltazar Vázquez es analista de IFC México.

 

Contacto:

Correo: [email protected]

Twitter: @ifc_lac

Facebook: IFC – International Finance Corporation

Página web: www.ifc.org

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.

 

Siguientes artículos

aeromexico-aerolineas-primera maleta
Delta ya posee el 36.2% de Grupo Aeroméxico
Por

La aerolínea estadounidense adquirió el 32% adicional del capital accionario de la matriz de Aeroméxico, a través de una...