Apenas habían pasado dos semanas después de ser electo como presidente de la república, incluso faltaban cuatro meses de tomar protesta formal cuando Andrés Manuel López Obrador expuso 50 puntos que resumen su estrategia de austeridad gubernamental.

De entre las medidas, que suponen un recorte de gastos excesivos, destacaron la disminución de 70% de las plazas de confianza y la reducción de 50% al salario del presidente (efectivo a partir del 1 de diciembre), como resultado, Andrés Manuel López Obrador tendría un salario de poco más de 108 mil pesos y (de cumplir con la propuesta) por mandato constitucional, ningún funcionario podrá ganar más que él.

¿Qué implican los recortes? Para empezar -dice Gustavo López Montiel, profesor de la Escuela de Ciencias Sociales del Tec de Monterrey, Campus Ciudad de México- el gobierno deberá considerar que, en la estructura de la función pública federal, el gobierno federal está concebido como un regulador, por lo que las labores están relacionadas con crear reglas y supervisarlas.

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“Una medida así carece de diagnóstico, una reducción de más de 200 mil plazas desmantelaría la capacidad técnica del gobierno de fungir como un aparato regulador”.

Según explica Gustavo López Montiel, los empleados cuyas funciones son sujetas a automatización se concentran en los trabajadores de base o sindicalizados que representan 1.1 millones del total del personal federal.

“Los mandos medios y altos son posiciones que tienen poder de toma de decisión y en su mayoría son personal de confianza, si lo que el gobierno busca es suprimir posiciones meramente operativas deberá considerar al personal sindicalizado, pero eso tendría un costo político”.

El gobierno emplea a cerca de cinco millones de personas, 1.5 millones de ellas a nivel
federal. De los empleados federales, 317,000 son de confianza, prescindir de más de 200 mil personas (equivalentes al 70%) en 319 dependencias puede generar ineficiencias severas, advierte Valeria Moy, directora del observatorio ciudadano México, ¿Cómo vamos?

“Se dice que hay una burocracia demasiado robusta porque mucha gente trabaja en gobierno, pero no sabemos dónde está exactamente el exceso. El nuevo gobierno hizo un plan sin un diagnóstico claro de las ineficiencias, ¿qué hace pensar que los trabajadores de confianza son menos eficientes que los sindicalizados?”.

Moy explica que la propuesta de despedir a los empleados de confianza puede estar relacionada con que se trata de los puestos y los salarios más altos dentro de la burocracia, lo cual contribuye a la narrativa de polarización en la opinión pública.

“El derroche de recursos del gobierno está actualmente en las prestaciones y derechos adquiridos de trabajadores, pero eso no significa que todos los empleados de confianza gocen de los mismos privilegios o sean ineficientes en lo general. La propuesta es una medida aislada sin análisis que busca el aplauso fácil, el gobierno podría haber presentado estos puntos en diciembre con un análisis detallado realizado en estos cuatro meses que quedan, pero prefirieron anunciarlo para obtener aprobación”.

Uno de los argumentos es que el aparato de la burocracia está hinchado, sin embargo, el dato de empleados federales para 2011 indica que el personal de la burocracia federal pasó de 1 millón 698,161 empleados en 2011 a 1 millón 567, 381 en 2016, una reducción de más de 100,000 plazas, según información de la información de la escuela de políticas públicas IEXE.

¿Despidos sin costo?

Constitucionalmente es posible despedir a los empleados de confianza sin que esto suponga un costo de liquidación para el gobierno, asimismo, todo trabajador al servicio del gobierno puede ser sujeto a un recorte, explica el abogado experto en temas laborales Jorge Sales Boyoli.

“Los trabajadores del gobierno carecen en general del derecho de estabilidad laboral, pues al trabajar para el estado se determina que están a favor del bien común y el empleador puede dar por terminada la relación laboral. Si bien los empleados de confianza no son sujetos a indemnización, sí generan una responsabilidad en el pago de alcances legales en partes proporcionales”.

Sales Boyoli afirma que el costo de los recortes planteados no sería un problema para el gobierno, pero la medida de reducción salarial sí puede generar distorsiones en el mercado laboral, pues la capacidad técnica de los directivos puede ayudarlos a encontrar un espacio en la iniciativa privada.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda, en el país al cierre de la administración de Peña Nieto, había 1,421 funcionarios que ganaban más de 108 mil pesos mensuales, los cuales verían una reducción de 50% en sus ingresos con la medida de austeridad. Tan sólo el Censo Nacional de Gobierno arroja que los 320 titulares de organismos federales tienen sueldos que van de los 160,000 a 180,000 pesos.

“Quienes ganan con la medida son las empresas, que pueden acoger al talento que ha sido entrenado en la función pública. Muchos funcionarios pueden ganar más en empresas que en gobierno, sin embargo, si hay un recorte de salarios, las empresas pueden quedarse con el talento sin necesidad de ofrecer un sueldo superior al que hoy tienen los directivos de áreas clave”.

Efectos colaterales

El plan de López Obrador busca en su mayoría ahorrar costos para el gobierno, sin embargo, coinciden los analistas, la reorganización de la función pública necesitará inversiones que implican desembolsos fuertes en un momento en que las finanzas públicas no tienen flexibilidad.

“Si, en el mejor de los escenarios, se estuviera planeando reducir el personal y automatizar procesos, se requeriría una inversión fuerte en tecnología y capacitación, sin embargo, hay direcciones técnicas que no son sujetas a este tipo de medidas, por otro lado, el propio gobierno perderá recaudación, pues los trabajadores de alto rango también generan ISR, que se dejará de cobrar ante el recorte”, advierte Gustavo López Montiel.

Valeria Moy dice que uno de los caminos podría ser el aumento de consultorías privadas y personal por honorarios, sin embargo, las mismas medidas de austeridad prohíben estos esquemas.

“El próximo gobierno puede entramparse, pues ya prohibió también la asesoría externa. Eliminar las plazas no volverá más eficientes a los que se queden por decreto, implica una carga adicional, principalmente a las trabajadoras mujeres con hijos, no sé si se contemple también abrir las guarderías de gobierno los fines de semana. La administración entrante tendrá el gran reto de conocer cómo funciona el gobierno para entender los alcances de su propuesta”, concluye

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