“damnificado, da.
Del part. De damnificar.
- Adj. Que ha sufrido grave daño de carácter colectivo.”[1]
Tomando como inspiración y origen del presente artículo, me refiero al término acuñado por el Dr. Macario Schettino en sus diferentes columnas publicadas recientemente, concepto de “Damnificados de la Reforma Energética”, del cual me tomo ciertas licencias para redactar el presente y ampliar la visión del mismo.
La Reforma Energética de 2013 marcó un hito en la labor legislativa del país, además de marcar un parteaguas en la industria energética y la forma en que se harían los negocios dentro de éste importante mercado, fue un logro político sin precedentes en la historia del país desde la propia promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; mediante la cual, el Estado mexicano cedía una potestad tremenda que tenía desde hace más de 90 años y que en los últimos treinta años previos a la reforma, estaba siendo un lastre anquilosado en las finanzas del país y que también, en muchos sentidos, significó el origen de los grandes excesos y escandalosos dispendios de una clase dominante en un franco declive: los sindicatos.
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Es así que, el propio Estado Mexicano determinó que para lograr ese paso a la modernidad, la transición energética y afianzar al país dentro del selecto grupo de las veinte naciones con las economías más poderosas del orbe, del cual, recientemente México comenzaba a formar parte, tenía que desprenderse de ese derecho que se había reservado celosamente por años, para así dejarlo en manos de la propia sociedad y la iniciativa privada, a cambio de generar grandes recursos en favor de la Hacienda Pública mediante el pago de cuantiosos impuestos y grosísimos derechos para poder ejecutar las nuevas actividades reguladas, sin dejar de ganar por los procesos de extracción petrolera, la transmisión y distribución eléctrica, actividades que, a pesar de las constantes discusiones legislativas, quedaron como actividad que gozarían de la una supervisión más cercana del gobierno, sin ceder su titularidad en la propiedad de los ampliamente conocidos “bienes propiedad de la nación”.
En este sentido, este importantísimo paso para la “democratización” del sector energético mexicano, dentro del cual se empodera de manera fundamental a la inversión privada, sobre todo a la de origen nacional quienes actuarían con tecnologías y procesos importados de sus pares oriundas de las grandes economías mundiales y ahora “colegas” de la joven nación con grandes ambiciones, pero también concedería una serie de derechos nuevos y nunca antes vistos para los y las consumidores de energía del país: Derechos Energéticos y Ambientales a grado Constitucional.
Presentándose así un gran contenido social dentro de la Reforma Energética, misma que quizá nunca concibieron los políticos y expertos artífices de este cisma del estado mexicano, dotando a la población mexicana la oportunidad de poder elegir qué energía consumir, cómo consumirla y, sobre todo, tener en sus manos el poder de contar con energía más barata, disponible, eficiente y ante cualquier cosa, comenzar a hablar sobre energías limpias o sustentables. Cobrando importancia la calidad de los combustibles que se usan para la movilidad y la industria, así como la posibilidad de tener el control de sus consumos de energía, incluso, de poder generar su propia electricidad para alimentar desde sus hogares hasta la industria pesada. En fin, esta Reforma Energética supuso también un punto de inflexión en el cómo concebir nuestras vidas con este poder de decisión, casi tan importante para el pueblo de México como el hecho de la aparición del internet en el mundo. Es más, en el vocabulario y aulas de muchos profesionales del país comenzaba a escucharse términos novedosos: Sustentabilidad, descarbonización, competencia económica, regulación, soft law y la más importante de todas, el abatimiento de la “pobreza energética”. Conceptos que vinieron a revolucionar la educación superior en el país, creando nuevas materias, licenciaturas, ingenierías y postgrados; la Reforma Energética estaba creando nuevas oportunidades en todos los ámbitos de la vida del México moderno.
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Pero, estos grandes cambios y la dotación de enormes facultades a la sociedad mexicana tienen un precio, el hecho de empoderar a la ciudadanía y al empresariado en este novedoso devenir de un nuevo amanecer energético, que no sólo estaba abriendo un camino hacia el progreso y oportunidades de crecimiento para las futuras generaciones, sino que se generó un “nuevo pacto social” en torno a la modernización y democratización de un sector para que trabajase de la mano con el Gobierno y que, tradicionalmente se encontraba en manos de grupos de poder que vieron su génesis en los albores del sindicalismo revolucionario posterior a la conocida “Expropiación Petrolera de 1938”, así como a la “Nacionalización de la Industria Eléctrica en los años 1950”, para después abrirse paso en las filas de los dirigentes políticos que capturaron durante décadas la titularidad del Poder Ejecutivo Federal y las distintas Legislaturas en el Congreso de la Unión, hasta su destierro en 1994 al ratificarse el Tratado del Libre Comercio de América del Norte, punto culmen en el que una nueva generación de personajes políticos comenzaban a entrar a escena y que, años después pusieran las bases al periodo democrático de México en el despertar del nuevo milenio.
Así pues, este corte de caja político de los años 90´s y que diera paso a las Reformas Estructurales de 2012, es el que provocó que la historia pasara factura al factótum de esta élite sindicalista y caudillista postrevolucionaria, dejando desplazados a estos actores y actrices de la “vieja guardia”, los cuales, volvieron a refugiarse en sus orígenes: los Sindicados de Electricistas y el de Petroleros, con la finalidad de conservar sus prebendas que antes le concedía el poder político, ahora extinto. Sin embargo, llega el año de 2013 y la entrada en vigor de la Reforma Energética convierte a los desplazados en damnificados.
La entrada en vigor de estas nuevas disposiciones constitucionales, no sólo generaban un esquema de mercado abierto, competitivo y tecnológicamente avanzado en la industria energética, sino que también apuntalaban la reestructuración de las otrora poderosas descentralizadas “paraestatales” del Gobierno: Petróleos Mexicanos (PEMEX) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Especialmente la ultima en cita, misma que venía de una reciente adquisición de activos posterior a la desintegración de Luz y Fuerza del Centro; siendo estas entidades gubernamentales que dejaron de formar parte de la Administración Pública Federal propiamente dicho, para pasar a ser Empresas Productivas del Estado (EPEs).
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Lo cual, implicó en su momento un proceso de transformación de las EPEs que las convirtió de ser unas “Secretarías” adjuntas a la Secretaría de Energía, para ser dos pilares empresariales con gobierno corporativo propio y la conducción al estilo de los grandes consorcios energéticos con los que se pretendía poner a competir, al grado de a PEMEX se le reconoció en su momento como la empresa más importante del país y, a la CFE se le reconociera como una “empresa de clase mundial”. Pero, se insiste en que todos estos procesos progresistas y de mejora, tienen un enorme precio, dañar las estructuras de poder que el sindicalismo y el caudillismo anquilosado se había forjado en más de 70 años de conducción sobre estas importantes empresas.
La transformación corporativa de las EPEs trajo consigo una serie de obligaciones de transparencia, procedimientos para el manejo de sus recursos y, finalmente, mayores responsabilidades frente a los inversionistas, tenedores de bonos y los ahora nuevos socios comerciales de las EPEs; impidiéndose así el dispendio y excesos con los que se servían los grandes líderes sindicales en colusión con los directivos de las EPEs y la clase política dirigente en los años 1970s y 1980s. Llegando para esta serie de personas de la vida política del país, un estado de damnificado, es decir, tal como lo expone la definición al inicio de la lectura un daño grave de carácter colectivo, traduciéndose en la pérdida de poder.
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Básicamente, este sindicalismo exiliado o damnificado, es el que encontró su refugio en las filas del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), al mando de Andrés Manuel López Obrador, quienes de manera previa fueron los que plantearon la férrea oposición a la Reforma Energética, aludiendo acusaciones de corrupción, entrega de recursos a “grandes intereses” y ficticios argumentos o narrativas sobre la propiedad de expresidentes del país sobre infraestructura dentro de la industria energética; argumentos que jamás encontraron su comprobación fáctica o documental, pero si permeó lo suficiente en la psique de las generalidad mexicana, al grado de incluso tener miles de páginas de libros o publicaciones sin sustento legal o de hecho y, a la larga sería un pilar fundamental para el triunfo electoral de 2018. En dónde vimos nombres como Manuel Bartlett, Rocío Nahle, Martí Batrés, Porfirio Muñoz, Mario Delgado, Dolores Padierna, Alejandro Encinas, Adán López, quienes se opusieron a la Reforma Energética en defensa de este sindicalismo que requería preservar al mercado energético tal como se había sostenido en lustros; son quienes hoy gobiernan y se encuentran promoviendo acciones contrarias a lo establecido en la Constitución.
Es así que, actualmente en estos procesos administrativos, legislativos y judiciales en torno a la industria energética, los que ayer fueron los damnificados de la Reforma Energética hoy gobiernan y plantean este proceso de regresión que les fuera prometido en campaña electoral, para restituirles los privilegios perdidos mediante un edulcorado proceso de “Transformación” y “Nacionalización de la Energía”, que ahora antepone a la sociedad mexicana entera a estos pequeños grupos de poder sindical, por encima de millones de empleos e inversiones, así como la oportunidad de ser un factor preponderante en el freno del calentamiento global y la transición energética, siendo ahora las y los mexicanos, los damnificados de la Contra Reforma Energética, perdiendo en el proceso todas la libertades y derechos que fueran ganados en 2012.
[1] Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, Madrid, 2021.
Contacto:
*Santiago Fabián Arroyo Seguedo es CEO y Founder de URSUS Trade & Colsunting.
Twitter: @SarroyoSi
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