El proceso de designación formal de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos, pasa por la declaración oficial del Congreso constituido como Colegio Electoral, después de la calificación de la elección en su conjunto. En eso estaban las y los legisladores, cuando leales a Donald Trump, después de un discurso dado por el excandidato republicano donde se negó a aceptar el resultado electoral y llamó a la acción por parte de sus seguidores, irrumpieron al interior del Capitolio tomando por asalto las cámaras y las oficinas con el objeto de impedir la conclusión de la calificación y la declaración subsecuente.

Las imágenes que se vieron durante ese día mostraron el verdadero peligro del populismo, más allá de su versión de derecha o izquierda, en su intento por perdurar a pesar de la negativa ciudadana expresada por el voto y los procesos institucionales para dar legitimidad a un gobierno emanado de las condiciones que la propia democracia impone.

Sin embargo, el esquema institucional, la existencia de políticas y políticos que saben que su futuro depende de la democracia, a través del voto, y no de una persona, así como medios de comunicación libres y una cultura democrática entre la ciudadanía, evitaron que este ataque contra la democracia norteamericana rindiera frutos.

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¿Qué podemos aprender de esta experiencia para nuestros procesos de consolidación democrática en el futuro?

Hay varias lecciones que se deben observar a partir de lo sucedido y que encuentran a las y los ciudadanos como principales destinatarios. En primer lugar, un esquema institucional sencillo y que funciona de manera eficiente, pero que resiste embates de los grupos políticos que buscan someterlo. A pesar de los esfuerzos continuos de Donald Trump por descarrilar el proceso electoral, tanto en tribunales, como en los medios y en las instancias de decisión, el sistema impone responsabilidades públicas que traen consecuencias a quienes ocupan diversos cargos, tanto públicos como privados.

La llamada de Trump al secretario de estado de Georgia, quien es el responsable de la organización electoral de manera local, reflejó presiones que fueron no únicamente resistidas, sino sistemáticamente desarticuladas por una estructura de gobierno que, si bien también era republicana, encontró en la ley y la responsabilidad pública su base de acción, evitando ceder ante las exigencias de Trump y su equipo sobre la rectificación de los resultados de la elección en ese estado.

En segundo lugar, la existencia de salvaguardas en el contexto del funcionamiento de los poderes públicos y los equilibrios entre actores, donde si bien los republicanos tuvieron la posibilidad de desafiar los resultados en diversos momentos, y así lo hicieron, se pudo absorber y mediar el conflicto postelectoral con éxito hasta el momento de la calificación de la elección, que fue el último espacio institucional, donde Trump se jugó su última opción que implicaba la posibilidad de detener la designación formal de Biden como presidente.

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La existencia de demócratas en el sentido más amplio de la palabra, incluyendo obviamente a republicanos, demócratas e independientes, donde diversos actores políticos asumieron un compromiso con la democracia y su república, y no un compromiso con un líder o un partido, evitando realizar actos ilegales. Trump buscó que diversos funcionarios públicos en diversos niveles, incluido su vicepresidente Pence, a quien llamó a desconocer los resultados en el colegio electoral, como presidente del senado, y no certificar la victoria de Biden. Con ello Pence tal vez también cimentó una posible candidatura republicana dentro de cuatro años.

Los incentivos que movieron a congresistas del partido republicano a no apoyar a Trump, se encuentran en el esquema institucional de la democracia de ese país, pero fundamentalmente en la configuración de la república, que es distinta a la primera. Las escenas que vimos en los Estados Unidos son recurrentes en países como México, el mismo presidente López Obrador ha jugado con un lenguaje similar al del presidente Trump el día de la protesta.

Las preguntas que surgen son: ¿qué pasaría en una situación similar en México? ¿el esquema institucional aguantaría la presión? ¿las y los funcionarios públicos aguantarían la presión del presidente por hacer o no hacer lo que les piden, aún cuando sea ilegal? ¿se castigaría una acción como la vista en ese país, como se ha exigido que ocurra con Trump?

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