Por razones que parecieron ir más allá del mero espectáculo y la competición deportiva, Muhammad Ali y Joe Frazier pelearon en un ring de boxeo por primera vez en 1971 en lo que se denominó “la pelea del siglo”. En el contexto de la sempiterna Guerra de Vietnam y la lucha en Estados Unidos contra la discriminación racial, había profundas divisiones entre la población norteamericana, y la contienda en la que figuraban dos pugilistas campeones del mundo, con estilos diametralmente opuestos, de algún modo las encarnaba. El fervor trascendió fronteras, y llevó a un récord mundial de 300 millones de personas a sintonizar el evento.   

Un entramado análogo se da ahora entre economistas ante el impacto que podría tener el American Rescue Plan (ARP)—el histórico paquete de estímulo fiscal que se aprobó en Estados Unidos a principios de marzo para paliar los efectos de la crisis por Covid-19—. Entre un vaivén de argumentos a favor y en contra, principalmente por sus posibles consecuencias sobre la inflación, las tasas de interés y el riesgo de que se materialice una nueva recesión, la discusión pinta para convertirse en el debate del siglo.

Los contendientes principales son, en el ámbito de la economía, lo más cercano a campeones mundiales de peso pesado. En una esquina tenemos a Larry Summers: economista en jefe del Banco Mundial, secretario del Tesoro bajo la administración de Clinton, director del Consejo Nacional Económico de la Casa Blanca de Obama y profesor y presidente de la Universidad de Harvard. En la otra, a Paul Krugman: profesor de economía en MIT, profesor emérito de la Universidad de Princeton, autor de 27 libros, columnista del New York Times y ganador del Nobel de Economía.

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La significancia del debate se realza porque ambos economistas son de la escuela de pensamiento keynesiano que aboga por un rol intervencionista del Estado, sobre todo en una crisis. También porque, curiosamente, a favor de cada una de las dos posturas se han manifestado grupos heterogéneos de renombrados economistas y figuras políticas, lo que implica que las discrepancias van más allá de las ideologías de izquierda o de derecha, liberales o conservadoras, neoclásicas o keynesianas. Y también porque, a pesar de que 75% de la población, incluyendo la mayoría de los republicanos, apoya el ARP, el Tesoro, la Reserva Federal y otras autoridades han hecho reiteradas declaraciones en defensa del paquete fiscal.

El volumen de recursos aprobado y el corto tiempo de implementación marcan por sí mismos un hito. Son 1.9 billones de dólares que se distribuirán en cuestión de meses. Aunque las comparaciones históricas y contra otros países no son siempre obvias, la cifra es más del doble del paquete de recuperación económica que aprobó el congreso estadounidense en la crisis de 2008-09 (entonces un récord). En el contexto mexicano, equivale a 236 veces el apoyo fiscal que el gobierno federal dio a la economía a raíz de la pandemia; también es igual a 1.6 veces todo el producto interno bruto de nuestro país en 2020. Notablemente, los 1.9 billones se dan en adición a distintos otros estímulos fiscales que implementó Estados Unidos en el último año, sumando un total de 27% de su PIB.

La amplia cobertura de los programas es también extraordinaria. Contemplan, entre otras cosas, una extensión de los apoyos para el desempleo, apoyos para el sector salud e inversiones públicas en transporte, servicios de internet y para la reapertura de escuelas. Incluyen también generosos recursos para gobiernos estatales y municipales, en contraste con 2009, así como la distribución a millones de hogares de al menos 1,400 dólares en efectivo a cada uno.

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Para entender la controversia, primero hay que señalar que en verdad existe bastante consenso en que la respuesta a la crisis de 2009 fue insuficiente, y que ante la crisis actual no hay que repetir aquel error. El mercado laboral sigue muy débil a pesar de la robusta recuperación que se dio con la reapertura de la economía tras el confinamiento y con los billones de estímulos previos. Las cifras del Buró de Servicios Laborales de Estados Unidos muestran por ejemplo que en el mes pasado había todavía 4.2 millones de personas catalogadas en desempleo de largo plazo (buscando trabajo por 27 semanas o más), 3.1 millones más que antes de la crisis de Covid. Ante la gran holgura económica, vale más implementar apoyos fiscales extensos.

Las divisiones surgen así en torno a la definición de “extensos” (aunque también un poco respecto al tipo de programas que contempla el ARP). Summers advierte que el monto de 1.9 billones es excesivo, quizás del doble de lo que se requiere, y que la economía difícilmente podrá absorber eficientemente el gasto que se genere. Veríamos entonces fuertes presiones al alza en precios, que algunos equiparan a las de los años sesenta y setenta, cuando las tasas anuales de inflación alcanzaron los dos dígitos. Las expectativas de inflación aumentarían, la Reserva Federal reaccionaría con incrementos bruscos a la tasa de interés, y esto podría llevar a una recesión.

Por otro lado, Krugman y quienes apoyan el ARP dicen que la inflación no es motivo de preocupación; no con un mercado laboral tan deprimido. Los recursos simplemente remplazan el ingreso perdido, y de hecho una buena parte no se gastaría. Sería más bien posible ver un mayor ahorro dados, por un lado, el reconocimiento de la población de que transferencias así no se repetirán, y por otro, la incertidumbre de una pandemia que no acaba. En todo caso, el costo de no hacer lo suficiente y de dejar a millones de personas en la pobreza y en una sociedad más desigual sería mucho mayor, y dejaría cicatrices de largo plazo.

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Las diferencias en las repercusiones de uno y otro escenario son dramáticas. En el mundo visualizado por Krugman, en unos meses no solo habrá salido Estados Unidos de la profunda crisis por la pandemia, sino que la trayectoria de crecimiento económico sería incluso más alta, con un mayor bienestar de los grupos socioeconómicos menos privilegiados. Sin embargo, Summers concibe un escenario de “sustanciales riesgos de colisión”, que podría regresarnos, en términos económicos, a la era de Ali-Frazier. Si tiene razón, esto tendría efectos muy negativos sobre la estabilidad mundial, más luego del importante endeudamiento de economías avanzadas y emergentes que se dio por la pandemia.

En una próxima entrega, profundizaré sobre los argumentos que ofrecen uno y otro bando y explicaré por qué, sin estar completamente persuadido por los razonamientos de Krugman, veo riesgos bastante limitados de una inflación desmedida.

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Adrián de la Garza es economista en jefe y director de estudios económicos de Citibanamex*

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.

 

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