Múltiples evaluaciones internas y externas muestran que México tiene un área de oportunidad en su adhesión al Estado de derecho. Por ejemplo, los resultados del Índice del World Justice Project (2020-2021) indican que de los 128 países en la medición, México ocupó —en promedio— el lugar número 104, y el 26 de 30 a nivel regional.
El puntaje se otorga de 0 a 1, donde 1 significa la mayor adherencia al Estado de derecho. México obtuvo el 0.44, destacando la calificación obtenida en gobierno abierto: la más alta es de 0.60 y la justicia penal más baja es 0.30.
El Índice se obtiene a través de encuestas levantadas en hogares y entre abogados. Mide 8 factores: límites al poder gubernamental (0.46); ausencia de corrupción (0.27); gobierno abierto (0.60); derechos fundamentales (0.52); orden y seguridad (0.53); cumplimiento regulatorio (0.45); justicia civil (0.39), y justicia penal (0.30).
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Al analizar los tópicos evaluados, México requiere avanzar en al menos seis de ocho aspectos: i) acabar con la impunidad y otorgar más sanciones por conductas indebidas; ii) erradicar la corrupción del espacio público en todos los poderes y órdenes de gobierno; iii) transformar la cultura de la discriminación por una incluyente y respetuosa de los derechos humanos; iv) respetar los derechos laborales; v) respetar el debido proceso en asuntos judiciales, y vi) evitar retrasos injustificados en la justicia.
La primera acción —acabar con la impunidad— implica una evolución de la cultura jurídica de la ciudadanía, para pasar de la conformidad ante hechos delictivos a la denuncia, a solicitar la reparación del daño. Es decir, no hay que normalizar la conducta delictiva.
Erradicar la corrupción en los espacios público y privado requiere un compromiso con la legalidad por parte de todos; iniciar una cruzada nacional para demostrar que sí es posible combinar actividad económica y servicio público con honestidad, transparencia y rendición de cuentas. Los órganos internos de control de la Administración Pública Federal y de los órganos autónomos desempeñan un papel determinante para auditar los procesos.
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Hacer realidad el Artículo Primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: igualdad de trato ante la ley; no discriminación por razón de género, preferencia sexual, origen étnico, condición económica o de salud; colocar en el centro el respeto a la dignidad de la persona.
Deben respetarse los derechos laborales en el servicio público y en la actividad privada, sin distinción de género, cargo o responsabilidad. Una acción ejemplar —que causa impacto positivo en la ciudadanía— consiste en incorporar a la seguridad social a alrededor de 2 millones de empleados domésticos, afiliándolos al Instituto Mexicano de Seguridad Social.
En el Poder Judicial (federal y estatales), así como en otros órganos jurisdiccionales, se enmarcan dos desafíos que, si se atienden, podrían transformar el sistema de justicia mexicano: respetar el debido proceso, que lleva implícito el principio de celeridad, y cumplir —por parte de la autoridad— con los plazos legales para las actuaciones judiciales.
Contacto:
Maribel Concepción Méndez de Lara es Magistrada Presidenta del Tribunal Superior Agrario*
Correo electrónico: [email protected]
Twitter: Mmendezdelara3
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