En México, como en los demás países, el crecimiento económico depende de varios factores, como el incremento de la inversión —que se traduzca en generación de empleos bien remunerados—. Sin embargo, hay otro más que resulta esencial e indispensable para que se dé: el Estado de derecho.

La Organización de las Naciones Unidas lo define de la siguiente manera: El Estado de derecho es el principio de gobernanza de los Estados miembros, que contiene los siguientes elementos: i) Todas las personas, instituciones y entidades están sujetas al cumplimiento de la ley. ii) La Ley es respetuosa de los derechos humanos. iii) La Ley se aplica en forma equitativa, justa y eficiente. Es decir, todas las personas de derecho público y de derecho privado estamos sujetas al cumplimiento de la ley.

Para alcanzar el Estado de derecho, el Poder Legislativo debe aprobar leyes justas y respetuosas de los derechos humanos; todos los poderes públicos y la sociedad deben cumplir la ley y, en caso de infracción, es necesario que exista un Poder Judicial robusto que mediante sus sentencias logre que las leyes se apliquen.

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Un elemento intrínseco del Estado de derecho lo constituye el hecho de que se respeten las decisiones de los poderes judiciales y que éstas se emitan y ejecuten en un plazo razonable.

Para determinar si la duración de un juicio es razonable, incluyendo su desahogo, sentencia y ejecución, es necesario tomar en consideración los siguientes cinco factores según la Corte Interamericana de Derechos Humanos: complejidad del asunto; actividad procesal del interesado; conducta de las autoridades judiciales; situación jurídica del afectado, y el análisis global del proceso del que se es parte.

Alcanzar el Estado de derecho es un principio de gobernanza, es decir, participan en él tanto las autoridades públicas como la sociedad. Por esta razón es importante crear estrategias adecuadas por parte de la sociedad y los poderes judiciales, a efecto de consolidar un Estado de derecho vigoroso que contribuya al desarrollo, la paz y el crecimiento económico.

Con respecto a la sociedad, se presentan tres propuestas:

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a) Que la población conozca las reglas, los derechos y los procedimientos para ejercerlos; que las reglas se apliquen y que, ante su infracción, exista un árbitro eficaz y eficiente que las haga cumplir con las sanciones correspondientes.

b) Que en México se incremente la cultura de la denuncia de los actos ilegales, actualizando las faltas administrativas o la existencia de delitos tanto por parte de servidores públicos como de la sociedad en general. Es indispensable que cuando se presenten denuncias, éstas sean investigadas respetando el principio de presunción de inocencia; se resuelvan y se determine o no la responsabilidad o la actualización del delito, o ambas de ser el caso.

c) Realizar un cambio radical en favor de la cultura de la legalidad —impulsado desde la niñez—, incluyendo el aprendizaje de los derechos humanos. De esta forma se puede fomentar una cultura de respeto a la dignidad de las personas; evitar la violencia; promover la igualdad de derechos y oportunidades, consiguiendo con ello sociedades más justas.

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En cuanto a los poderes judiciales federales o estatales, es indispensable que las controversias —planteadas de forma fundada y motivada—, se resuelvan. Que el que gane, sepa el motivo, lo mismo el que pierda. Lo anterior, en un plazo razonable: la justicia no es tal, si hay dilación. Es fundamental cambiar el paradigma de la justicia: de una justicia sin prisa a una con urgencia por resolver —en forma equilibrada entre tiempo y calidad— los asuntos sometidos a juicio.

La conclusión consiste en que no obstante que haya inversión y otros factores que son fundamentales para el crecimiento económico, sin un Estado de derecho es imposible obtener bienestar social, considerando mayormente los derechos colectivos que los individuales.

Para consolidar el Estado de derecho, las autoridades jurisdiccionales tienen la enorme responsabilidad de lograr la aplicación de las leyes.

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Contacto:

Maribel Concepción Méndez de Lara es Magistrada Presidenta del Tribunal Superior Agrario*

Correo electrónico: [email protected]

Twitter:  Mmendezdelara3

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.

 

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