Hace algunos días el presidente López Obrador habló sobre el voto desde el extranjero. Básicamente se pronunció para que éste pueda ser ejercido de manera más sencilla, “…sin tantas trabas burocráticas, que se busquen mecanismos eficaces, modernos, para votar por internet…”
El anuncio lo hizo en el marco de la recién aprobada Ley Federal para la Revocación de Mandato; incluso, mencionó que solicitaría al Secretario de Relaciones Exteriores iniciar una campaña para que los mexicanos puedan participar desde el exterior en procesos democráticos incluyendo la revocación de mandato.
El posicionamiento del mandatario sorprende porque el tema del voto extraterritorial no es objeto de interés en su agenda, ni en la de otras fuerzas políticas, como si lo ha sido para académicos y movimientos y organizaciones de migrantes.
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Esto contrasta con la importancia intrínseca del reconocimiento del derecho a la participación y la representación política de mexicanos y mexicanos que salen del país. No es excesivo decir que los derechos políticos han tenido tres grandes hitos en la historia reciente de México: el voto de las mujeres en 1953; la posibilidad de que los mayores de 18 años votaran, en 1969; y el voto de los mexicanos en el extranjero, en 1996 y regulado hasta el 2005.
La tendencia a favor de ampliar los derechos políticos de los mexicanos, aunque progresiva, está acotada por la desconfianza de los actores respecto a la democracia como la forma de canalizar el conflicto y también por la competencia política. En este marco de cosas, el voto extraterritorial no ha sido la excepción.
Desde la primera experiencia de voto desde el extranjero a cargo del entonces IFE, en el 2006, quedaron expuestos algunos de los aspectos más críticos sobre los que reiteradamente se centra el debate cuando se habla de este tema, como son los costos de organización, el número de votos recibidos desde el extranjero y el procedimiento para garantizar la secrecía y la unicidad de cada voto que se ejerce fuera del territorio nacional.
Destaca que después de 16 años de haber sido regulado este derecho en el Código Electoral, el mensaje del titular del Ejecutivo se centre en cómo facilitar la emisión del voto desde el extranjero. Tal aspecto no es nuevo, sino que afloró desde su primera vivencia federal, y se aviva luego de cada proceso electoral federal o estatal en el que está presente esta modalidad de sufragio.
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Al respecto se han logrado avances importantes para hacer cada vez más sencillo el ejercicio de este derecho ciudadano. En 2014, con la última reforma electoral, se introdujeron cambios sustanciales respecto al voto desde el exterior: se incorporó el voto electrónico además de la vía postal para poder votar fuera de México; se abrió la puerta para que los connacionales pudieran tramitar su credencial para votar en embajadas o consulados de México en el extranjero; y se amplió el número de cargos de elección popular que pueden ser votados fuera del territorio nacional. A pesar de estos avances en el plano normativo, la elección de 2018 confirma que el “éxito” del voto desde el extranjero no debe basarse en el número de votos recibidos sino en las condiciones en que éste se ejerce desde el exterior.
Aún con toda la efervescencia política de 2018, el número de votos recibidos desde el extranjero llegaron apenas a 98 mil votos, de los cuales el 65% fueron a favor del entonces candidato López Obrador. A tres años de la próxima elección presidencial en México, será interesante ver al Canciller Ebrard como promotor de este voto, aunque parece que otros factores seguirán influyendo más en los connacionales, como los temores relacionados con proporcionar sus datos a las autoridades electorales, incluyendo su domicilio, así como el interés por influir en la política nacional.
Contacto:
Maestra en Políticas Públicas por la Universidad de Oxford y Licenciada en Ciencia Políticas y Relaciones Internacionales, por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
Twitter: @palmiratapia
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