El primer proceso de revocación de mandato que se celebró en México el domingo 10 de abril tiene tantas interpretaciones como actores políticos puede haber. Para el presidente Andrés Manuel López Obrador fue un éxito en varios sentidos, no únicamente porque fue el principal promotor de este ejercicio, sino que tiene varios elementos que le permiten sacar provecho de este.

Quince millones de personas votaron a favor de que continúe que, si bien, no son los treinta millones de las elecciones de 2018, si es un número importante de electores que se movilizaron ante el llamado del presidente para ratificarlo. En la pasada consulta para enjuiciar a los expresidentes participaron más de siete millones de personas, por lo que movilizar al doble implica un éxito para la estructura electoral de Morena.

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El apoyo para el presidente no implica apoyo irrestricto para Morena y quien asuma la candidatura para 2024, por lo que, es probable que la capacidad electoral de Morena sin el presidente se ubique en el rango de entre siete a quince millones. Hay que recordar que en la elección de 2006 el ahora presidente López Obrador obtuvo más de catorce millones de votos, mientras que en las elecciones de 2012 fueron más de quince y en las de 2018 fueron más de treinta. Sin considerar la especificidad de las elecciones de 2018, podríamos ubicar la fuerza real del presidente en los quince millones que lo ratificaron en este proceso, lo cual entonces no refleja un crecimiento real en la base electoral.

Este proceso le permite al presidente y a Morena ubicar los retos que tienen para la elección de 2024, en términos de la eficiencia de su estructura electoral. La fuerte inversión en programas sociales debió haber rendido frutos al ubicar los espacios de mayor o menor apoyo, contrastados con la distribución de recursos que se hace mes con mes. Una evaluación importante en los próximos días implicará la eficiencia de los cambios realizados por el presidente justo después del proceso electoral de 2021, para saber si hubo en este caso una mejor operación política.

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Este proceso también se dio en un contexto donde, a pesar de la prohibición formal, hubo una importante participación de personas funcionarias públicas y militantes de Morena que no únicamente hicieron posible el proceso desde el inicio, sino que ensayaron la forma en que podrían participar de las siguientes elecciones locales y la federal de 2024. Gobernadoras y gobernadores tanto de Morena como de partidos de oposición participaron en este proceso, para quedar bien con el presidente y mantener su favor, pero no quiere decir que lo hagan de la misma forma en el proceso electoral de 2024.

Es importante analizar la fuente de recursos que se utilizaron para el proceso de movilización, pues poner a funcionar una estructura electoral implica una fuerte inversión en personas, vehículos, gasolina, logística, materiales, etc. Tan solo ubicar representantes en cada casilla asume una fuerte erogación que no todos los partidos tienen capacidad de hacer.

El presidente tiene una amplia experiencia en procesos de movilización, por lo que sabe que es necesario mantener movilizadas a sus estructuras electorales para saber hasta qué punto le responden, así como para asegurar que la interacción clientelar funciona. El “amor con amor se paga” funciona en las dos vías, por lo que era relevante para él medir la forma en que se concretizaba dicho apoyo.

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El resultado permite al presidente renovar su narrativa y reconfigurarla hacia la última parte de su periodo. Si bien no le alcanza para apoyar la idea de la reelección, si le permite presionar hacia las reformas que aún le interesan, como la energética y la electoral, pero también ubicar nuevos temas que le den continuidad. Lo más importante, es que le permite mantener el control de la sucesión, por lo menos dentro de Morena, pues nadie puede reclamarle predominio en ese sentido y los resultados seguramente empoderan a más de un actor político que se sientan con derecho a las candidaturas, presidencial o en otros espacios, por la movilización lograda.

A la oposición le permite dimensionar sus retos y su verdadera posición electoral con respecto a las elecciones de 2024, con la desventaja de que sus clientelas electorales no tienen la capacidad de movilización requerida por la menor cantidad de recursos que manejan.

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