Histórica y valiente es la demanda civil que el Gobierno mexicano interpuso ante una Corte Federal en Boston, Massachusetts, Estados Unidos, en contra de 11 empresas productoras y distribuidoras de armas de fuego como Smith & Wesson, Barret Firearms Manufacturing, Beretta y Colt’s.
El dicho: “mientras los países pobres ponen los muertos, los ricos ponen las armas” parece soportar el informe del Departamento de Justicia de EUA, que detalla que más del 70% de las armas decomisadas en México tienen su origen en esa nación.
Si bien se estima que la demanda puede derivar en una indemnización superior a los 200 mil millones de pesos, el objeto de la querella es que los productores se responsabilicen más por la venta y distribución de armas para evitar que lleguen a manos de cárteles de la droga en México, lo que ha generado un terrible derramamiento de sangre en nuestro país.
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¿México puede demandar ante la Corte EUA?
México sí puede presentar demandas civiles en EUA. Muchos gobiernos extranjeros lo han hecho. La Suprema Corte de ese país, en un juicio de Pfizer contra el gobierno de India estableció el principio de “Cortesía Internacional” para que los gobiernos presenten demandas civiles en sus cortes y su participación se realiza con respeto a la soberanía de las naciones. Esa facultad es producto de un privilegio y no de un derecho.
Incluso, existen antecedentes de países que han roto sus relaciones diplomáticas o que han tenido conflictos con EUA, a los cuáles se les ha respetado la facultad para presentar demandas, como ocurrió en el juicio de la República de Cuba contra Mayan Lines, y en el del Banco Nacional de Cuba contra Sabbatino. También existe el antecedente de México contra DeCoster.
La actual denuncia ocurre en un contexto polarizado y en medio de la discusión sobre un estatuto federal de 2005 que otorga inmunidad a la industria armamentista de EUA para evitar ser demandados por víctimas de armas, no obstante, el presidente Joe Biden manifestó su voluntad de revocar el estatuto.
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En meses recientes, varios congresos locales de EUA presentaron iniciativas que inhiben la aplicación de leyes federales argumentando que infringen la segunda enmienda. En Texas, Tennesse y Iowa, se prevé la portación de armas a los mayores de 25 años sin contar con un permiso; en Missouri se propuso multar con 50 mil dólares a los policías locales que apliquen leyes federales para su control, y aunque jurídicamente son cuestionables, su rendimiento político es mayúsculo.
En Nueva York se presentó una iniciativa que permitirá las demandas civiles en contra de esa industria y de los comerciantes de armas.
El gobierno mexicano establece en las 139 páginas que la demanda no está relacionada con la segunda enmienda, lo cual no impedirá la embestida de quienes detentan intereses en la industria, de la politización del tema y de las duras críticas hacia las acciones del Estado mexicano para contener la violencia en nuestro país.
La Cancillería deberá estar atenta y fortalecer las acciones diplomáticas con los gobiernos demócratas, potenciales aliados en el flujo y control de armas, así como con los republicanos, que gobiernan la mitad de los estados fronterizos. Por su parte, en el Senado de la República, debemos multiplicar las reuniones interparlamentarias para ayudar a frenar el tráfico ilegal de armas.
Contacto:
Israel Zamora, Senador de la República*
Twitter: @IsraelZamora_
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