“No dejes pasar ni un solo día sin que tenga impacto en el mundo que te rodea. Lo que haces marca la diferencia, y tienes que decidir que tipo de diferencia es la que quieres hacer”.

Jane Goodall.

En las pasadas jornadas hemos visto que el gobierno se empecina en cerrar las puertas del mercado energético a la iniciativa privada, aprovechando la preponderancia de su partido político en ambas Cámaras del Congreso de la Unión, sin embargo, tal como refirió el viejo adagio: “dónde se cierran puertas, se abren otras”. Con base en ello, se presentan una serie de oportunidades inusitadas y que pueden darles un vuelco interesante a las áreas de negocio en materia eléctrica, pero que requieren de gran destreza legal y política para llevarlas a cabo.

Para ello, cabe señalar y recordar que la Reforma a la Ley de la Industria Eléctrica plantea un cierre del mercado eléctrico mayorista (MEM), para darle una preponderancia ilegal a la CFE, pero no abordaremos tal circunstancia en este momento, sino que nos enfocaremos más, precisamente en los huecos que el Gobierno Federal y sus aliados en el Congreso están obviando: El Municipio Libre.

Si bien es cierto, la Constitución y la Ley de la Industria Eléctrica, desde el texto original al reformado por la iniciativa presidencial, establece que la industria energética en su conjunto es de competencia Federal, por ello, la regulación le pertenece a la Comisión Reguladora de Energía, a la Secretaría de Energía, entre otras; pero también establece que tendrá injerencia el Estado Mexicano, ahí justamente es dónde se abre el espacio para que el Municipio Libre entre en acción.

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Cabe recordar que el Municipio Libre es un organismo de carácter Constitucional, concebido y diseñado en el artículo 115, haciéndolo parte fundamental del Estado Mexicano. Es así que, por diseño constitucional el Municipio Libre es un organismo de primera línea de acción frente a la ciudadanía, dotado de autonomía y capacidad de gestionar por sí mismo los diversos rubros de servicios públicos de atención básicos, tan es así que el Municipio tiene la facultad de velar por el alumbrado público de sus demarcaciones, servicio que fuera decantado en la Comisión Federal de Electricidad, a través de los Derechos de Alumbrado Público, pero que a la luz de la actual legislación en materia energética, pudieran estirarse las disposiciones hasta crear en la figura de los ayuntamientos, un nuevo participante de gran importancia en el mercado eléctrico, al menos en el minorista, es decir, en el suministro de servicios básicos, que en palabras sencillas, entraña proveer energía a las y los residentes del Municipio, así como a las pequeñas y medianas empresas.

Aquí es donde aparece la pregunta obligada: ¿Cómo se logra la introducción de los Municipios al mercado eléctrico?

Básicamente, la respuesta es constituir su propia empresa municipal de energía, dentro de la cual generen y comercialicen energía, creando sus propias redes locales y/o de generación distribuida, pero siempre figurando el Ayuntamiento como principal participante; pudiendo ser desde una figura parecida a la de Empresa Productiva Municipal o una Asociación Público-Privada, el factor principal es la preponderancia del Ayuntamiento como participante. Recordando que muchas municipalidades no son ajenas a estas figuras, tan sólo basta y sobra revisar los servicios públicos que prestan como agua potable y alcantarillado, actividades que tienen como origen una regulación Federal a través de la Comisión Nacional de Aguas, pero decantada en Juntas Municipales.

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Si bien es cierto, de los cerca de 2,500 municipios del país, los que cuentan con esquemas de mejora regulatoria, transparencia o presupuesto suficiente para emprender una aventura de esta magnitud, ya que, según datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), son muy pocos, quizás no más allá de 20 o 30 ayuntamientos, pero, al comenzar con estos nuevos esquemas de abasto eléctrico y que se perciban las bondades del mismo, bastará para que otros más lleven a cabo la búsqueda de posibilidades de contraer deuda pública que pueda sustentar una empresa municipal de energía con base en energías renovables, más aún si la iniciativa privada observa esta área inexplorada. Sin embargo, hay que hacer mención de que estas empresas municipales de energía tienen un sentido social más marcado, generar con renovables, más barato, con redes locales que tengan tarifas de suministro más asequibles, con modelos de enorme eficiencia corporativa y aplicación de tecnologías novedosas, para así entregar a la sociedad energía más barata, limpia, eficiente, confiable y disponible, tal como lo marca la Constitución mexicana; sobre todo a los sectores más vulnerables de la sociedad.

Incluso, podrían hablarse de cooperativas o esquemas comunitarios de generación para comunidades en regiones de extrema pobreza o alto grado de marginación, pero eso ya es otro tema que podríamos abordar en un segundo artículo.

Aún así, se advierte otro planteamiento de gran importancia: La regulación hostil. Como ya se ha advertido dentro del presente artículo, nos encontramos en una coyuntura en donde el Gobierno Federal tiene un cometido simple, eliminar cualquier clase de competencia y participación de privados en el mercado, pero ¿Qué tan capaz será la Federación de eliminar de una ecuación una empresa productiva municipal emanada de uno de los integrantes del Estado Mexicano?

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El planteamiento se antoja judicializable, pero aquí es donde los jurídicos de los ayuntamientos sacarán a relucir sus mejores elementos, sin menoscabo de la existencia de colectivos u organizaciones sociales que tienen entre sus objetivos, crear mecanismos más “socializados” y cercanos para la generación-consumo de energía por la población. Por ello comenté que se requiere gran destreza jurídica e igual política, ya que estos esquemas de gran cercanía con la población, sobre todo la más vulnerable, dan la oportunidad de atacar la famosa “pobreza energética”[1] desde una perspectiva humanitaria que ni el Gobierno Federal ni la CFE podrán hacerlo jamás. Vaya, es un área de oportunidad enorme que se tiene en las manos y no se ha explotado, siendo los propios ayuntamientos los permisionarios.

Asimismo, desde el punto de vista financiero y en mejora regulatoria, se tienen grandes ventajas para los Municipios, por citar algunas posibilidades:

  • Aumento de la capacidad recaudatoria de los ayuntamientos, incluso desde el pago de impuestos inmobiliarios como los “prediales”; lo que potencializaría los ingresos municipales.
  • Generación de empleos especializados y bien remunerados, estas empresas productivas municipales abren espacios para reclutar personal sumamente capacitado, así como crear vínculos con instituciones educativas para la formación de nuevos talentos.
  • Potencialización de la mejora regulatoria, transparencia y mejores prácticas; ya que, desde la creación de la empresa productiva municipal hasta la contratación de asociados o proveedores, se deberán plantear licitaciones y procesos que den lugar a una mejor percepción de los Municipios como entidades confiables, traduciéndose en acceso a créditos y contratación de financiamiento.

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  • Potencial de crear modelos de empresas productivas energéticas metropolitanas, para los casos de los municipios concurrentes, ejemplos: las Zonas Metropolitanas del Valle de México, Guadalajara, Monterrey, Querétaro, León-Silao, Mérida, Tuxtla, Puebla, Veracruz-Boca del Río; lo que fortalecería el posicionamiento de la empresa municipal y la captación de recursos.

Claro que todo esto no le agradaría a la CFE ni a la actual Administración Federal, pero, ¿Qué tal si la competencia viene desde el propio gobierno, impulsada por los Ayuntamientos y la Iniciativa Privada?

Se insiste, las oportunidades son claras y solamente la habilidad de las administraciones municipales mejorarán las posibilidades de éxito, por ello, ante los próximos comicios se invita a la población y empresas mexicanas a pedir propuestas que beneficien efectivamente a la población, tal como se mencionó en el artículo “Energía y Elecciones 2021”[2], propuestas dentro de las cuales la visión sea en beneficio real de la sociedad, mejorar las condiciones de vida y todo ello, bajo una proyección de descarbonización. Una competencia desde dentro, desde el propio estrato constitucional, dónde el Gobierno actual no pueda tocarlo.

[1] Santiago F. Arroyo Seguedo, “SENER y la deuda pendiente”, Red Forbes México, 2021. https://www.forbes.com.mx/red-forbes-sener-y-la-deuda-pendiente/

[2] Santiago F. Arroyo Seguedo, “Energía y Elecciones 2021”, Red Forbes México, 2021. https://www.forbes.com.mx/red-forbes-energia-y-elecciones-2021/

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Contacto:

*Santiago Fabián Arroyo Seguedo es CEO y Founder de URSUS Trade & Colsunting.

Twitter: @SarroyoSi

Mail: [email protected]

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