La aprobación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT) y la entrada en vigor de la geolocalización en operaciones bancarias desató críticas sobre el riesgo de brindar datos biométricos a una institución pública.

Los cuestionamientos deben ser acompañados del equilibrio para reconocer la necesidad ciudadana de instrumentos que desde la formalidad legal comiencen a aislar los celulares y a las personas dedicadas al crimen, como ya ocurre en muchos países, al menos 17 con sistemas semejantes.

Además, es necesario incluir una consideración esencial: la inversión que se necesitará en materia de ciberseguridad —un negocio costoso— para la tranquilidad y el beneficio de las personas.

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Empresas dedicadas a este sector, como el mayorista Grupo Dice, tienen ventas de más de 60 millones de dólares al año. Es también una necesidad cada vez más requerida por organismos públicos y privados. La compañía PwC, que brinda servicios de consultoría, calcula que más del 28% de las empresas incrementarán entre 6 y 10% su presupuesto para este rubro.

El Senado mexicano, por ejemplo, gastó 94 millones 888 mil pesos para evitar ciberataques en 2020. Es curioso, entonces, que el debate aquí no se centre en una estrategia de ciberseguridad que proteja los datos de millones de usuarios.

Sería increíble que instituciones como el Banco de México, el Servicio de Administración Tributaria o incluso las Embajadas no contaran con un control de datos de quienes utilizan sus servicios. Es irónico, pero las personas no discuten si hay peligro o no por colocar su huella digital o dar la información de su dirección, cuentas e ingresos a estas instituciones.

La razón del por qué esto no sucede es concreta y visible: hay confianza en estos organismos, hay garantía también para qué se requieren y cómo se utilizarán sus datos. Saben que se solicitan para su protección.

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Es fundamental fortalecer esa certidumbre y garantizar una inversión adecuada para la creación del PANAUT. El objetivo es contar con un instrumento confiable que pueda contribuir a identificar números utilizados para actividades como la extorsión, fraude o secuestro, y en esto, las voces empresariales convergen: el objetivo es la seguridad.

Por supuesto, se debe sumar la educación y la información a la ciudadanía sobre cómo protegerse o dónde denunciar. Conocer incluso aplicaciones móviles que registran teléfonos utilizados para cometer delitos, como la App “No+Extorsiones” del Consejo Ciudadano, que cuenta con una base de más de 179 mil números reportados por la ciudadanía.

La mayoría de empresas y empresarios reconocen que es necesario tener un instrumento que pueda contribuir en el combate de la extorsión y el fraude. Se debe, entonces, sumar a la discusión propuestas sobre la aplicación de esta herramienta, siempre en beneficio de la ciudadanía y en contra de la delincuencia.

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Contacto:

Salvador Guerrero Chiprés es Presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México.

TW: @guerrerochipres

www.consejociudadanomx.org

Twitter: @elconsejomx

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