El presidente Andrés Manuel López Obrador no cejará en su empeño de reformar el sistema electoral de nuestro país. Lo ha dicho en diversas ocasiones, y lo reafirmó luego de la Consulta Popular del 1 de agosto.
Es difícil que logre algún cambio relevante, porque los números en la Cámara de diputados no alcanzan a Morena y sus aliados para ello, pero no quiere decir que la idea no tenga utilidad en el debate público y sobre todo en el propagandístico para las elecciones de 2022.
Por ello insiste también en que se consulte a la población sobre la revocación de mandato. En este aspecto, el presidente López Obrador también es distinto a otros mandatarios, porque es él mismo quien promueve un ejercicio que en teoría debería provenir de los opositores.
Tiene sentido porque ello le permitiría estar presente, inclusive desde el punto de vista propagandístico, durante el arranque del próximo año y en meses previos a las contiendas que renovarán, seis, gubernaturas, Tamaulipas, Quintana Roo, Oaxaca, Hidalgo, Durango y Aguascalientes.
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Hay problemas que sortear antes de que esto ocurra y en particular el de la ausencia de una Ley Reglamentaria que soporte y clarifique el procedimiento de consulta en un tema tan delicado.
Los recursos son otro aspecto que se debe tomar en cuenta. La Consulta Popular se realizó sin que se dotara al INE de presupuestos adicionales y tuvo un costo de 500 millones de pesos. En el caso de la revocación, no se puede dejar al garete este aspecto.
Hace una semanas, Javier Tejado, en su columna de El Universal señaló que quizá el obstáculo más grande para la consulta sobre la revocación, es que su resultado no tendría utilidad alguna y menos si la población retirara su confianza en el presidente, algo más que dudoso, sino porque es una ley aprobada en 2019 y no podría tener carácter retroactivo.
Estaríamos, entonces, ante otra andanada de humo, similar a la Consulta Popular y a otras iniciativas de la 4T.
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Pero quizá de eso se trata, de aprovechar la confusión actual, no tanto para que se realice al consulta en marzo sino que la discusión sirva para polarizar las contiendas estatales y que a fin de cuentas signifiquen una suerte de referéndum, aunque no se trate de una jornada electoral nacional.
La elección de junio pasado, más allá del avance territorial del morenismo, significó una llamada de atención sobre un cambio en las actitudes ciudadanas y en la propia oposición, como mostraron los resultados en la Ciudad de México.
Esto lo tienen muy claro en Palacio Nacional y por ello quieren estar al frente de la estrategia y aprovechando la fuerza que aún subsiste y que quieren y necesitan conservar para el 2024.
Por eso la revocación de mandato, aunque ningún opositor lo quiera, aunque la ciudadanía se oponga, e inclusive si no se realiza o aplica, porque de lo que se trata, es de respaldar el voto en siete estados del país.
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