Poder remover de su cargo a un presidente, gobernador o alcalde por ineficiente o porque represente un peligro para el país, es una garantía de las democracias. El poder, sobre todo en Latinoamérica tiende a obnubilar a los gobernantes, al punto de hacer añicos al propio sistema que los llevó al cargo.
En ese sentido, la revocación de mandato es una herramienta necesaria y útil de democracia participativa (directa), donde los ciudadanos pueden ejercer esa potestad y limitar así al poder y los excesos o ineptitudes de las que pueda ser objeto.
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Es importante recordar, que cualquier sistema que se autodenomine republicano, tendrá como premisa fundamental, instrumentar mecanismos para que el poder se equilibre, ese precisamente es el espíritu de la división de poderes y del sistema de partidos.
Entonces, ¿por qué la oposición política en México y diversos sectores sociales y económicos están en contra de esta nueva consulta que insiste en llevar a cabo el presidente López Obrador? ¿Qué no sería esto una franca oportunidad para sacarlo de Palacio Nacional?
El meollo del asunto no está en el concepto de revocación en sí, el cual la propia constitución contempla, la raíz de la inconveniencia es que la propuesta del presidente implica tres riesgos importantes, ya que dadas las condiciones actuales, este Instrumento puede ser esgrimido como una táctica propagandística, contraria a los fundamentos que le dieron origen.
El primero de estos riesgos, no tiene que ver con el presidente ni su partido, sino con la ineptitud de los partidos políticos que conforman la oposición, ya que ni juntos han podido competir en la narrativa que se dicta diariamente en las “mañaneras” ni tampoco en la obtención de la la mayoría en la cámara de diputados. El papel de la oposición lo han ocupado los medios de comunicación, las organizaciones sociales, empresariales y los organismos autónomos, a costa de ser satanizados sistemáticamente desde Palacio Nacional.
El segundo riesgo lo constituye la creación de los nuevos programas sociales, utilizados discrecionalmente para generar una base social que opera sin reglas ni transparencia, y en consecuencia, se presta al clientelismo y a la compra institucional de voluntades, lo que convierte a cualquier ejercicio democrático en un mero ejercicio ovacionista, si se toma en cuenta que la mitad de la población en este país vive en situaciones de pobreza e indefensión.
En tercer lugar, este ejercicio pretendía llevarse a cabo después de una elección intermedia y de una consulta fallida para enjuiciar a los expresidentes, lo que pareciera más una estrategia conformada por una serie de actos orientados a seguir en esta campaña perpetua de enemigos interminables para desviar la atención de la preocupante situación que vive el país en todos sus rubros, donde por cierto, en ninguno de ellos se encuentran resultados favorables.
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Y como ingrediente final a estos tres riesgos, se encuentra la aplicación de recursos para llevar a cabo dicho proceso, calculado en casi 5 mil millones de pesos, lo que en las condiciones de salud y económicas que se están viviendo, parece innecesario, lo mejor sería que esta revocación de mandato presidencial se efectúe dentro de la misma elección intermedia para renovar la Cámara de Diputados, así solo sería una boleta más y no todo un proceso electoral adicional.
La legislatura que termina, donde Morena y sus aliados eran más fuertes, le dio para atrás a dicha reforma al no aprobar otro periodo extraordinario (a Morena le faltó un voto) para discutir y aprobar la iniciativa. Sin embargo, hace unos días el TEPJF, ha ordenado al Poder Legislativo emitir antes del 30 de septiembre próximo la ley reglamentaria de revocación de mandato. Ya que se encuentra en el orden constitucional (reforma a la fracción IX del artículo 35 de la Constitución, 20 Diciembre 2019), y de no reglamentarse, se generaría, según los magistrados, una violación constitucional que afecta directamente los derechos electorales de la ciudadanía
No obstante, este seguirá siendo otro tema con el cual se elaboren eficazmente cortinas de humo y molinos quijotescos para seguir dirigiendo la opinión pública, alejándose de los problemas que verdaderamente están sangrando a nuestro país y que deberían estar en el centro del debate nacional.
Ya en la Grecia antigua se teorizaba sobre la deformación de los sistemas políticos, en el caso de la democracia, el riesgo es caer en la demagogia, es momento de preguntarnos; ¿A qué se parece más nuestro sistema?
Contacto:
Jorge Iván Domínguez es maestro en políticas públicas por la Universidad Panamericana, Director General de GobernArte S.C. ha ocupado cargos directivos en el sector público, la iniciativa privada y en medios de comunicación*
Twitter: @jorgeivand
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