El pasado 24 de marzo del 2020, se presentó una iniciativa para reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión ante la Comisión de Hacienda y Crédito Público que modificaría los contenidos y de las plataformas digitales. Supuestamente se discutiría el 20 de abril, sin embargo, se aplazó de forma indefinida.

La iniciativa propone que obligatoriamente un 30% de los contenidos de las plataformas digitales de televisión restringida fuera producción nacional con el objetivo de incentivar la producción nacional y los valores artísticos nacionales y, al mismo tiempo, fortalecer el legado y las expresiones de la cultura mexicana.

Además, se propone que sea el IFT el organismo encargado de verificar que los porcentajes de contenido sean cumplidos y que otorgue las autorizaciones necesarias para autorizarlo. Y se propone también que dichas plataformas deberían ceñirse a los principios de Must Carry, Must Offer.

En otras palabras, plataformas como Netflix, HBO Go, Amazon Prime y similares tendrán que programar por ley un 30% de contenido nacional, además de retransmitir las señales de televisión abierta y el IFT sería el encargado de verificar que se cumplan con lo estipulado. Las plataformas de servicios de audio, como Spotify, quedarían excluidas.

Lo que parece ser un intento por impulsar la producción de contenidos nacionales, se convierte en una serie de sobrerregulaciones que non sólo no ayudarían a la industria nacional, sino podrían perjudicarla.

Uno de los primeros puntos a discutir es la forma en la que se definen a los servicios de televisión restringidos, ya que se refieren en términos muy generales a la oferta de contenidos restringidos a través de un pago, es decir una suscripción. Luis Fernando García, director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) (https://r3d.mx/), explica que “…Cualquier servicio en Internet que ofrezca acceso restringido a audio y video a cambio de un pago periódico (suscripción) tendrá que cumplir con las obligaciones de los ´servicios de televisión y audio restringidos´. Miles de servicios en Internet caben en esa definición”.

Uno de los principales señalamientos es que no se hace una distinción entre plataformas que producen contenido y quienes lo distribuyen, puesto que existen servicios cuyo principal atractivo es que ofrecen un contenido altamente especializado, cuyo valor agregado radica en ello, en que no existe diversidad, sino especialización.

Y si bien en la iniciativa se cita literalmente a plataformas como Netflix o Amazon, el concepto se aplicaría a muchas más empresas, cuya naturaleza haría imposible el cumplimiento de dicha normativa. Por ejemplo, Capabilia que ofrece capacitación, Crunchyroll especializada en series japonesas de animación o Metropolitan Opera, que ofrece suscripciones para ver ópera. De hecho, la redacción de la iniciativa como se encuentra en este momento podría incluir a portales como Steam especializado en videojuegos o, incluso, sitios de pornografía.

Por otra parte, no queda claro cuál es la justificación del 30% de contenido nacional dentro de las plataformas de streaming, es decir, porque se eligió ese porcentaje en particular. Se hace una observación a la normativa europea en la que existe una regla del 30% de contenido europeo, pero en ese caso se refiere a toda Europa y no a un país en específico.

Con lo que respecta al contenido, la iniciativa no necesariamente podría impulsar la producción nacional. Para las plataformas sería mucho más fácil reducir su catálogo, que comprar más. O bien, comprar producciones hechas, viejas o almacenadas con precios más bajos sólo con el fin de cumplir con la norma, lo que incluso llevaría a tener contenidos homologados en todos los servicios. O, en todo caso, evitar el mercado mexicano debido a la sobrerregulación.

Por último, se sugiere que el IFT se encargue de vigilar y supervisar el porcentaje de contenidos en las plataformas digitales, lo que podría crear enormes barreras para llegada de nuevos servicios. Además, le proporcionaría control sobre la oferta de contenidos, lo que podría convertirse en un mecanismo de censura.

Si lo que el Senado quiere es impulsar la creación de contenidos nacionales, debería pensar en iniciativas fiscales que impulsen la producción o fondos destinados a tal efecto y no necesariamente normativas que pudieran ser tan invasivas tanto para las empresas, como para las audiencias.

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