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Estas son las 30 promesas de los negocios 2024

Por Miguel Calderón Lelo de Larrea*

El RENAUT fue una iniciativa del gobierno de Felipe Calderón para enfrentar la gran cantidad de delitos (secuestros, extorsiones, etc..) en los que se utilizan teléfonos celulares. Algo similar sucede hoy en día, ya que las iniciativas usan como motivación los reportes que la Asociación Nacional de Telecomunicaciones (ANATEL) ha presentado durante tres años al IFT y al Senado de la República, mostrando la gran cantidad de llamadas generadas desde los penales.

Si bien es loable que los legisladores busquen soluciones para combatir la delincuencia y erradicar el crimen, la realidad es que tanto aquí como en otras partes del mundo este tipo de registros no han marcado una diferencia en el combate a la delincuencia pues parten de la base de que los delincuentes utilizarán teléfonos registrados a sus nombres para cometer delitos, lo que a todas luces es un supuesto incorrecto. Incluso el registro puede crear más criminalidad ya que promueve la falsificación de documentos, el uso fraudulento de identificaciones y el robo a transeúntes. En adición a lo anterior, el RENAUT es fácilmente vulnerable al utilizar un teléfono comprado en el extranjero bajo la modalidad de “roaming” por lo que su efectividad es nula para combatir el delito. En su momento, Luis Wertman, Consejero Presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia del DF afirmó que “el RENAUT no es la herramienta indicada para resolver el problema de la delincuencia y las extorsiones”.

Es interesante revisar lo que sucedió hace diez años, el RENAUT representó un elevado costo y su implementación estuvo plagada de problemas técnicos y legales. A pesar de la voluntad de las autoridades, operadores y usuarios, muchos de estos últimos no pudieron registrarse en tiempo al no poseer, identificación oficial, CURP u otros datos requeridos, o por la incapacidad para usar el sistema de inscripción. De acuerdo con datos publicados por la entonces COFETEL, al cierre del plazo para que las personas dieran de alta su línea, cerca de 25.2 millones de usuarios (30% del total de los usuarios) no concretaron el proceso y de acuerdo con las reglas debían ser suspendidos. 

Ante la posibilidad de la cancelación de un número tan grande de usuarios se presentaron más de 370 amparos de concesionarios, organizaciones civiles y usuarios particulares. El Juez Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa otorgó en su momento una suspensión definitiva en contra de la desconexión de líneas que no se integraron al RENAUT. 

Sobre los usuarios que si se registraron, pronto se descubrió que no existían (ni existen) medidas suficientes para asegurar la veracidad de la información entregada. De acuerdo con varias notas de la época, la cantidad de datos falsos que tenía el RENAUT hacía que su efectividad como herramienta de apoyo para las investigaciones de seguridad fuera nula. Por ejemplo, miles de líneas estaban registradas falsamente a diferentes funcionarios como Felipe Calderón, Vicente Fox, Marcelo Ebrard y otros 35 personajes políticos del momento. De acuerdo con declaraciones de Adriana Labardini, la entonces Presidenta de Al Consumidor y después Comisionada del IFT “apenas concluyó su primera etapa y la mitad de los registrados inventaron nombres falsos, no resultó lo efectivo que quisiéramos”.

Finalmente, el 29 de abril de 2011 el Senado aprobó desaparecer el RENAUT por considerarlo un mecanismo que no había funcionado desde su creación. El 15 de junio de 2012, la Secretaría de Gobernación destruyó la base de datos y todos los registros asociados al RENAUT ya que previo a esto se filtró la información, siendo posible comprar la base de datos completa del RENAUT lo que ocasionó una falta de confianza de la población en general sobre el registro. Sobre el particular, Labardini también mencionó: “Sé que hay un serio problema del RENAUT, de la seguridad de los datos personales, de la privacidad de los datos personales, y por eso presentamos los amparos, aunado a que dudábamos de la eficacia para combatir el crimen”.

De acuerdo con la GSMA, sólo en 16 países se obliga a los operadores a comprobar la identidad del usuario y no solo a presentar una identificación. El problema es que, en México lo más cercano a un registro poblacional es la credencial del INE; sin embargo, el 27.4% de la población potencial para utilizar un celular no cuenta con INE por ser menor de 18 años (INEGI).   

La instalación de un registro de este tipo afectaría la política actual del gobierno para conectar a los desconectados al mercado, en especial en zonas rurales donde se dificultará la contratación de los servicios obligando a los usuarios a contar con documentos de identificación oficial y a desplazarse a centros de atención específicos para el registro de su teléfono o chip.

Un registro de más de 100 millones de usuarios que utilizan el esquema prepago (85% de 117 millones de SIMs o chips operando) y que constantemente está cambiando, pondrá en riesgo la privacidad de los datos de los ciudadanos con las experiencias negativas que ya se tuvieron en el pasado.

Por último, valdría la pena revisar las discusiones que se tuvieron cuando se promulgó la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en el 2014. Sabiendo todo lo que se ha explicado anteriormente, las autoridades de procuración de justicia (Comisión Nacional de Seguridad, Policía Científica, PGR, etc..) optaron por crear un registro que permitiera guardar todos los registros de las comunicaciones de todos los teléfonos celulares del país durante dos años; y, en especial, poder identificar los contenidos de las comunicaciones de cualquier usuario en lo individual en un día y horas específicos. Este registro existe y bajo protocolos específicos las autoridades pueden tener acceso al mismo, y gracias a esto, se han logrado resolver muchos delitos.  

El que no aprende de sus errores está condenado a repetirlos, ojalá podamos aprender de ellos.

 

Contacto:

Twitter: @mig_calderon

 

*El autor es Vicepresidente de Regulación y Relaciones Institucionales de Telefónica Movistar México.

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.

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