La renuncia del primer secretario de hacienda de la actual administración, Carlos Urzúa Macías, abre un nuevo frente, que puede convertirse en crisis, para el presidente López Obrador. Desde su anuncio como posible responsable de las finanzas públicas, se planteó la posible contradicción y trabajo que implicaría conciliar las necesidades de control de los recursos públicos, con las prioridades financieras derivadas de las promesas generadas por el presidente durante su campaña.

Si bien una de las fortalezas del gabinete actual había sido precisamente el manejo de las finanzas, la carta de renuncia de Urzúa Macías abre dos nuevos espacios de discusión que profundizan el cuestionamiento hacia la forma en que el presidente está llevando a cabo su administración. Por un lado, se reconoce que hay discrepancias económicas, pero ese no es el problema real por lo cual renuncia, sino la toma de decisiones de política pública sin evidencia y sin connotaciones ideológicas, así como la imposición de funcionarios son conocimiento de la hacienda pública. Por el otro, se plantea en ese último aspecto, el conflicto de interés que eso representa, en el contexto de la relación de fuerza dentro de la alianza que da sentido al gabinete.

Los gabinetes dan viabilidad a las administraciones dependiendo de las coyunturas, pero hay diversos cargos que resultan fundamentales para analizar la estabilidad de la administración. Las posiciones que tienen que ver con seguridad, como el ejército y la marina, pero también aquellas que se relacionan con la administración de recursos, como hacienda. Cuando cambian las condiciones, cambian las necesidades, por lo que las alianzas políticas y económicas también deben modificarse, lo cual se refleja en el tipo de aliados que se designan como responsables de áreas de decisión.

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Usualmente, los periodos iniciales de los gabinetes en México han sido de un año, para dar estabilidad al comienzo de la administración, pero si recordamos que el presidente tomó prácticamente funciones y decisiones desde el día siguiente en que fue electo, donde ya tenía a la mayor parte de su gabinete anunciada, pues ahora se cumple ese año, donde se hace necesaria una reestructuración.

En ese contexto, lo que resulta paradójico es que sean las y los secretarios quienes han decidido dejar sus cargos, en lugar de que sea el presidente quien pida las renuncias o decida realizar cambios debido a posibles deficiencias o necesidades distintas. Era más probable que se buscara la sustitución de otros espacios en el gabinete que no han dado, por lo menos hasta ahora, los resultados esperados, que se hiciera un cambio en hacienda.

Esto abre no únicamente un frente en términos de la deteriorada confianza del país en el contexto económico internacional y nacional, sino que genera una dinámica de mayor conflicto al interior de la alianza que mantiene el presidente a su alrededor. Son pocas las personas allegadas al proyecto presidencial que pueden tener el perfil para el cargo, pues no es únicamente la habilidad en el manejo de las finanzas, sino la certeza que la persona da a los mercados y actores económicos, nacionales e internacionales. La rápida respuesta presidencial al designar a Arturo Herrera le permiten lidiar con el problema en el corto plazo, pero tendrá que ser cuidadoso para no desautorizarlo, como lo hizo ya en otras ocasiones, ante compromisos hechos como autoridad hacendaria, pues la desconfianza en ese sentido puede traer graves repercusiones.

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De esta forma, se abre un cuestionamiento desde el corazón mismo de la administración, sobre los programas presidenciales, desde la construcción de clientelas con base en becas, pasando por la refinería, un proyecto ya criticado anteriormente por funcionarios de la misma secretaría, el Tren Maya, razón por la cual el presidente había buscado acercamientos con el EZLN, así como por las implicaciones financieras de los aeropuertos. El problema real se ha venido configurando a partir de problemas con base social, como la crisis de medicinas, la energía, el medio ambiente, la ciencia, los despidos y un largo etcétera que pueden convertirse en el Waterloo de la 4T.

 

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