Luego del cambio unilateral del régimen de tarifas a los grupos aeroportuarios de México, la agencia Fitch consideró que esta decisión no solo podría reducir los ingresos de los concesionarios, también es la última de una serie de acciones del gobierno federal percibidas como arbitrarias y han hecho que las partes cuestionen el compromiso del país con el Estado de derecho.
De acuerdo con la calificadora, las tendencias intervencionistas del gobierno y los cambios contractuales unilaterales socavan los marcos legales y son un factor negativo que podría limitar la calificación de un proyecto.
“Los términos del cambio unilateral del gobierno mexicano en el régimen tarifario para los concesionarios privados de aeropuertos mexicanos pueden reducir los ingresos de los aeropuertos y los concesionarios, aunque los efectos finales dependerán de los detalles de la enmienda que aún no han sido revelados”, afirmó.
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Fitch consideró que el anuncio de tarifas aeroportuarias es el último de una serie de acciones tomadas por el gobierno en los últimos años con el objetivo de beneficiar las finanzas gubernamentales o reducir el costo de los servicios a los usuarios finales relacionados con diversos activos de infraestructura, como gasoductos, prisiones, carreteras de peaje y ferrocarriles.
“Estas medidas, que han reducido los ingresos de los proyectos, han sido percibidas como arbitrarias y han hecho que las partes interesadas cuestionen el compromiso del país con el Estado de derecho, la solidez de su marco legal y su voluntad de proteger las inversiones privadas”, apuntó.
Incluso, precisó que esto ha resultado en acciones de calificación negativa para proyectos de prisiones y carreteras de peaje afectados en el pasado y aunque los contratos de concesión suelen presentar mecanismos que protegen los derechos e intereses de los concesionarios, no siempre han sido ejecutados por las empresas.
Por su parte, Citibanamex consideró que esta decisión parece estar ocurriendo en un momento delicado, en el que los planes maestros de desarrollo a 15 años de los operadores aeroportuarios mexicanos, sujetos a una revisión regulatoria obligatoria cada cinco años, ya están en marcha.
En este sentido, la institución financiera precisó que, en circunstancias normales, ASUR anunciaría sus nuevas tarifas en diciembre de este año, seguida de GAP en diciembre próximo y OMA en diciembre de 2025.
“No sabemos exactamente qué ajustes está haciendo el gobierno de México a las tarifas aeroportuarias, ni está claro hasta qué punto la acción unilateral del regulador puede constituir un incumplimiento de contrato”, comentó Citibanamex.
Sin embargo, tras la cancelación del aeropuerto de Texcoco en 2018, el intento fallido de permitir el cabotaje, el lanzamiento de una aerolínea estatal y ahora posiblemente tarifas aeroportuarias más bajas, a la institución financiera le inquieta que los inversionistas hayan subestimado estos riesgos regulatorios.
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