Gerardo Ruiz Esparza, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), aseguró que desde “el primer momento” asumió la responsabilidad del socavón en el Paso Exprés de Cuernavaca, en el cual perdieron la vida dos personas, pero negó que esta situación requiera de “un sacrificio político”, ante los señalamientos de legisladores que piden su renuncia al cargo. Durante su comparecencia ante senadores y diputados, el secretario presentó un informe sobre las causas que provocaron el hundimiento del kilómetro 93.8 de la carretera México-Cuernavaca, además de que señaló que “en ningún momento se han repartido culpas ni señalado responsables”, hasta tener las investigaciones que determinaran las responsabilidades de los involucrados. En julio pasado un socavón se abrió en el Paso Exprés de Cuernavaca, una obra inaugurada apenas en abril y para la cual se invirtieron de más de 2,213 millones de pesos. En el hundimiento en esta vía cayó el automóvil Jetta en el que viajaban Juan Mena López y su hijo Juan Mena Romero, quienes perdieron la vida después de varias horas de labores de rescate. Ante la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, Ruiz Esparza reiteró que las pesquisas señalan que la principal causa del socavón fue que el consorcio encargado de la obra no construyó el embovedado de la alcantarilla, contemplado en el proyecto ejecutivo. Lee: Peritaje de Paso Exprés advierte omisión en cambio de tubería También señaló que su función actualmente es la de “deslindar responsabilidades” entre las distintas instancias. No obstante, evitó hacer cualquier comentario sobre su renuncia al frente de la SCT, como han demandado legisladores de la oposición al considerar que la dependencia a su cargo es la responsable de vigilar que ésta y toda la infraestructura en el rubro no represente un riesgo para los mexicanos. Durante la reunión, diputados y senadores increparon a Ruiz Esparza sobre su responsabilidad y la de la SCT en esa tragedia, además de que cuestionaron los procesos con los que se revisan y otorgan proyectos a empresas, ya que por el costo de esta obra lo menos esperado era que funcionara adecuadamente. “No hay un contrato, ni operación de la SCT que no esté reflejada en las páginas web y públicamente a todo mundo”, además que se tienen candados aplicados por la propia dependencia para dar transparencia a las operaciones. También destacó que se cuentan con medidas como los testigos sociales de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y un convenio con la Cámara Mexicana de Industria de la Construcción para que haya observadores, entre otros; además de que el el INAI calificó a la SCT con 100% de apertura a la información pública. En ese sentido, aseguró que la obra del Paso Exprés de Cuernavaca no es la excepción, ya que toda la información de contratos, licitación, testigo social, supervisión y coordinación de calidad están a disposición de quien desee consultarla. El senador David Monreal, del PT, cuestionó sobre las medidas que se adoptará contra las empresas encargadas de la obra, a lo que Ruiz Esparza indicó que se esperara la decisión de la Secretaría de la Función Pública (SFP) para decidir si se inhabilita o no a las empresas Aldesa y Epccor, constructoras del Paso Exprés. Te puede interesar: El socavón político en el que se encuentra Ruiz Esparza El funcionario federal  aseguró que la SCT es “la más transparente” y se defendió al asegurar que “no todos los caminos están en manos del secretario”, pero aseguró que delega de forma adecuada a sus subsecretarios las tareas para vigilar y conocer de primera mano el estado de las obras de las que es responsable la Secretaría. Sobre su comentario de que “no es necesario un sacrificio político” por esta situación, el diputado Vidal Llerenas, de Morena, respondió que “sí importa que exista un responsable político”. “Usted debe renunciar. Usted le hace un flaco favor al presidente de la República al no renunciar, como lo hizo antes en el Tren Suburbano México-Querétaro”, le increpó el legislador morenista. Ruiz esparza también informó que se tienen vigentes 28 contratos con Aldesa, por poco más de 7,000 millones de pesos, y con Epccor existen 906 mdp de contratos con este gobierno.

 

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