Este texto fue publicado originalmente el 18 de julio de 2017
El socavón que se abrió en el Paso Exprés de Cuernavaca, con un saldo de dos personas muertas, también abrió un boquete en la gestión de Gerardo Ruiz Esparza al frente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
Políticos de oposición e incluso personas cercanas a la administración del presidente Enrique Peña Nieto –como Aristóteles Núñez, ex jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT)—, han exigido la salida del secretario.
Ésta no es la primera vez que Ruiz Esparza se encuentra en el “ojo del huracán”, pues acumula ya una serie de acusaciones de corrupción y de conflicto de interés, así como denuncias legales. Los escándalos en torno al titular de la SCT se han detonado principalmente por la relación que tiene con empresas contratadas –o descartadas– para proyectos públicos, pero también por errores en obras y hasta por comentarios polémicos. En el caso del Paso Exprés, el socavón fue causado, según el análisis preliminar de la SCT, por el colapso de un drenaje viejo que pasaba por debajo de la vía, el cual no se renovó. El ingeniero Manuel Frías Alcaraz, director de las empresas México Tercer Milenio y Frias Group, indicó que fue un error de concepto no haber considerado obras para el drenaje. En entrevista, el ingeniero civil con décadas de experiencia manifestó su desacuerdo con el Paso Exprés, tanto por sus fallas técnicas –no tiene ninguna salida ni retorno, por ejemplo– como por su funcionalidad. Él mismo, narró, le sugirió a Ruiz Esparza hacer un verdadero libramiento para que los automovilistas que van de la Ciudad de México a Acapulco evitaran pasar por Cuernavaca. Su propuesta fue hacer una vía de la curva de La Pera a la caseta de Alpuyeca; sin embargo, el funcionario le dijo que las decisiones ya estaban tomadas. Por estos y otros motivos, Frías Alcaraz advierte que el titular de la SCT tiene muy pocos conocimientos de ingeniería civil, los cuales deberían ser necesarios para quien está al frente de las obras públicas del gobierno federal. “El señor secretario de Comunicaciones y Transportes es una persona que está procediendo únicamente desde el punto de vista político, no tiene esa sensibilidad técnica, esa visión para decir ‘esta obra hay que corregirla de esta forma, de la otra forma’; ése es un asunto muy delicado”, expresó Frías Alcaraz. El punto de vista político referido sale a relucir cuando se observa que una de las dos empresas que estuvieron a cargo de la construcción del Paso Exprés, Epccor, fue creada por la familia Gutiérrez Cortina luego de que su compañía Gutsa Infraestructura fue inhabilitada por retrasos en la construcción de la Estela de Luz y en obras en la Autopista del Sol. Actualmente, Epccor también tiene un contrato para construir la cimentación de la torre de control del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM). La otra empresa que estuvo encargada del Paso Exprés fue la española Aldesa, que construyó la carretera Durango-Mazatlán, la cual presentó deterioro a los pocos días de haber sido inaugurada en octubre de 2013. Así, Epccor y Aldesa fueron las responsables de la vialidad morelense, cuyo presupuesto inicial era de poco más de 1,000 millones de pesos y terminó costando 2,213 millones. Denuncia por ‘difamación’ En la licitación de la Red Compartida, la cual ganó el consorcio Altán, la SCT realizó algo inédito: denunciar penalmente a la empresa Rivada Networks por difamación. De acuerdo con la dependencia, Rivada fue eliminada de la competencia a finales de 2016 por no haber pagado en tiempo la garantía de seriedad equivalente a 1,000 millones de pesos; sin embargo, la empresa acusó que la licitación estaba amañada, pues se le había entregado información confidencial a Altán. En febrero de 2017, la dependencia a cargo de Ruiz Esparza acusó a Rivada y a su CEO, Declan Ganley, de daño moral, denuncia que no prosperó en tribunales. A su vez, la empresa ha seguido adelante en el proceso legal con el que se inconformó con el resultado del concurso para la Red Compartida, pero falló en detener ese proyecto, por lo que en caso de ganar –algo que de ocurrir, sería en varios años– podría recibir únicamente una compensación económica. Una cancelación inesperada En noviembre de 2014, tan sólo tres días después de haber anunciado al consorcio ganador de la construcción del tren rápido México-Querétaro, el gobierno federal canceló su decisión –a la postre cancelaría todo el proyecto–. El consorcio, que fue la única propuesta para el proyecto, estaba conformado por las empresas estatales chinas China Railway Construction Corporation y CSR Corporation, así como por las mexicanas Constructora y Edificadora GIA+A, Prodemex y Constructora Teya. Tras darse a conocer al grupo ganador, la prensa nacional criticó que las empresas mexicanas del consorcio fueran propiedad de personas cercanas al gobierno federal: Hipólito Gerard, Olegario Vázquez Raña y Juan Armando Hinojosa Cantú, respectivamente. La SCT argumentó que se repondría la licitación para eliminar dudas en la opinión pública sobre la transparencia del proceso. La decisión levantó más dudas en México, así como molestias en China. Apenas tres días después de la cancelación de la licitación del tren se dio a conocer el reportaje de la llamada “casa blanca” del presidente Peña Nieto y su esposa Angélica Rivera, el caso de conflicto de interés que más ha afectado al gobierno federal en el sexenio. En medio del escándalo estuvo precisamente Juan Armando Hinojosa Cantú, cabeza de Grupo Higa –que incluye a Constructora Teya–, por haber sido él quien le vendió la residencia a Rivera; incluso, el empresario figuraba aún como el dueño de la casa donde vivía la familia presidencial, pues la primera dama aún no acababa de pagarla. Meses después se dio a conocer que Grupo Higa también le había vendido una casa en Malinalco, Estado de México, al entonces secretario de Haciendo, Luis Videgaray. La “casa blanca”, además, sirvió para evidenciar que Higa había estado recibiendo contratos millonarios de la administración federal, como la ampliación del hangar presidencial en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Los audios de OHL Si hay una empresa que más críticas ha acarreado a Ruiz Esparza es la española OHL, constructora y operadora de diversas carreteras en el país. En 2015, en medio de un conflicto entre OHL y la compañía Infraiber por un contrato para un sistema de medición de tránsito vehicular en una vía del Estado de México, se filtraron a la opinión pública supuestas grabaciones de llamadas telefónicas entre directivos de la firma española y funcionarios, incluido el propio titular de la SCT. En los diversos audios se da a entender, entre otras anomalías, que el gobierno federal le dio información privilegiada a OHL para que ganara licitaciones y que la compañía le pagó unas vacaciones a Ruiz Esparza y a otros funcionarios. El contenido de las grabaciones fue rechazado por los involucrados.Secretario @gruizesp, no es un socavón, no es la lluvia. Es negligencia y corrupción. Deje de hacerle daño al Presidente y al país, renuncie https://t.co/0fSzlmfF9a
— Aristóteles Núñez (@AristotelesN) July 13, 2017
#LaCorrupcionMata #LaImpunidadMata
— Emilio Álvarez Icaza (@EmilioAlvarezI) July 13, 2017
¿Quiénes son responsables de esas muertes?
¿Por que en otros países no hay socavones? https://t.co/5cfIA1olBt
