La autonomía de Pemex para elegir a sus socios sin licitación previa, con mayor independencia de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Sener, es uno de los pendientes de la reforma energética.

 

 

Desde su gestación, empresarios del sector hidrocarburos vimos la reforma energética como un cambio positivo, bajo el entendido de que representaba y representa la oportunidad ideal para dinamizar un sector, que si bien había sido productivo por casi 80 años, precisaba de ajustes y cambios para seguirlo siendo.

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Así, desde que el debate comenzó, empresarios, cámaras y asociaciones ligadas al sector subrayamos que las leyes secundarias serían vitales para conformar un mercado competitivo que beneficiara a la sociedad mexicana.

Con ese objetivo en mente, insistimos en tres propuestas: la incorporación de mecanismos que, como el contenido nacional y coinversión nacional y extranjera, garantizaran el desarrollo de la industria energética mexicana, así como la autonomía presupuestal de Petróleos Mexicanos.

De dichos objetivos, dos (el contenido nacional y la autonomía de Pemex) fueron incorporados en la legislación secundaria, mientras la coinversión nacional quedó como un tema pendiente, que sin embargo puede ser abordado por medio de una ley de promoción industrial.

Al proponer la autonomía presupuestal de Pemex se buscó asegurar que la Empresa Productiva del Estado tuviera la capacidad de operar de acuerdo con un plan de negocios propio, y no conforme a uno que se limitase a responder a necesidades presupuestales, condición que recibió respuesta por parte del Legislativo. En este sentido, la autonomía para elegir a sus socios sin licitación previa, con mayor independencia de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Secretaría de Energía, quedó como una cuestión pendiente.

En lo que respecta a garantizar el desarrollo de la industria nacional, el Legislativo abordó satisfactoriamente parte de las propuestas de los industriales, al incorporar los mecanismos que elevan el contenido nacional en los proyectos energéticos a 35 %. La implementación del contenido nacional es una medida positiva, que contribuye a fortalecer la cadena de valor de la industria local; sin embargo, no es suficiente para evitar que las empresas mexicanas queden relegadas a la subcontratación.

Para evitar esto último, resultaba necesario implementar porcentajes mínimos de inversión nacional en la legislación secundaria. Ello hubiera permitido el desarrollo de proyectos con empresas mexicanas, lo que muy probablemente hubiera facilitado la formación de un empresariado nacional fuerte, pero también beneficios como el crecimiento de las Pymes y la transferencia de tecnología.

En términos generales, la reforma energética es benéfica para la industria, con áreas de oportunidad, que pueden ser atendidas mediante una serie de medidas adicionales reunidas bajo ley de promoción industrial para el sector energético.

Dichas medidas podrían enfocarse a minimizar el impacto de los esquemas de subcontratación garantizando, por ejemplo, que los contratistas paguen a subcontratistas tan pronto el dinero esté disponible, lo que evitaría que estos últimos se vieran en desventaja económica al no contar con capital para emprender nueva obra.

Esta serie de medidas podrían enfocarse también a fortalecer la participación de la industria nacional. En este sentido se podrían crear incentivos más estrictos en el sistema de puntaje que determina la elección del ganador en las licitaciones, para que, quien establezca una asociación con una empresa con capital mexicano, tenga un mayor puntaje en el concurso.

Una ley de promoción industrial debería considerar el financiamiento del sector energético nacional, sobre todo mediante la banca de fomento, ya que estas instituciones podrían proporcionar créditos para insumos y suministros, que son la primera garantía para el éxito de las empresas.

Del mismo modo, la promoción industrial deberá contemplar mecanismos que fomenten la transferencia de tecnología, ya sea mediante colaboraciones que puedan ser consideradas como requerimientos de contenido nacional, o como programas académicos e institucionales auspiciados por instituciones de vanguardia.

La reforma energética y las leyes secundarias son un primer paso en la dirección correcta, pero de ninguna manera debemos caer en el conformismo. Las reglas del juego deben estar siempre en construcción y responder siempre al objetivo de equilibrar la competitividad del mercado energético con el desarrollo del país.

 

 

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