Con la política de precios máximos para el gas LP instruida por la Secretaría de Energía (Sener) a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la cual se implementó desde el año pasado con prórrogas, se ha significado un ahorro de más de 25,000 millones de pesos para las familias mexicanas.
De acuerdo con el Cuarto Informe de Labores de la Sener, para junio de 2022 se registró un alza de 0.23 centavos por litro de gas LP, al pasar de 13.00 a 13.23 pesos por litro, esto en comparación con septiembre de 2021.
Mientras, para los cilindros, el aumento fue de 0.44 pesos por kilogramo (de 24.07 pesos a 24.51 pesos por kg).
El primero representa un incremento de 1.80% y el segundo, de 1.84% en relación con el precio promedio nacional correspondiente a los precios máximos aplicables de gas LP publicados por la CRE hasta el 30 de junio de 2022.
“Lo que está muy por debajo del índice de inflación general observada en el país”, destaca la Sener.
La política de precios máximos de gas LP, además del ahorro a las familias, ha contribuido a que México sea uno de los países de la OCDE que ha registrado una menor inflación en energéticos en el mundo, contribuyendo a contener el nivel general de inflación en la economía.
Asimismo, la directriz ha permitido asegurar el desarrollo de las actividades permisionadas y el adecuado suministro del energético en territorio nacional.
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La dependencia que dirige Rocío Nahle aseguró que este comportamiento es reflejo de la publicación de la directriz de emergencia para el bienestar del consumidor de gas LP, su prórroga y el Acuerdo de la CRE que establece la regulación de precios máximos de gas licuado de petróleo objeto de venta al usuario final, pues permitió controlar los precios de venta en expendio al público.
Esta política se justifica con el Plan Nacional de Desarrollo, que plantea no aumentar los precios de los combustibles por encima de la inflación, más cuando estos incrementos perjudican el interés social y la economía de todos los mexicanos.
Los precios máximos al consumidor final de gas LP permite a las familias acceder a un energético de consumo básico “y evitar el daño a su bienestar derivado de las ventajas excesivas e injustificadas que obtiene un grupo reducido de empresas que dominan el mercado y se comportan bajo prácticas desleales en detrimento de la población en general”, explica el informe de la Sener.
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