La detención del general Cienfuegos en los Estados Unidos provocó desconcierto en la administración del presidente López Obrador, pues modificaba el escenario, no únicamente de la relación con los Estados Unidos, sino también al interior del equipo presidencial en términos de las alianzas que se habían configurado con las fuerzas armadas mexicanas.
La negativa del presidente López Obrador para reconocer el triunfo de John Biden, se explica ahora por las negociaciones que se daban entre ambos gobiernos para la repatriación del general que se anunció por parte del secretario de relaciones exteriores y que abre varias interrogantes sobre lo que ocurrirá con el general.
El caso es particularmente problemático para el presidente López Obrador por varias razones, en primer lugar, pone en riesgo diversas acciones que involucran a las fuerzas armadas, no únicamente las alianzas que se han configurado a partir de diversos proyectos que se les han encomendado, sino también aquellas que les han generado agravios, como la liberación de Ovidio Guzmán hace ya varios meses.
Ante ello, las presiones del ejército ante la detención del general Cienfuegos, se dieron más por el antecedente que generaría, donde si un general era detenido, de igual forma cualquier otro oficial de rango inferior podría correr la misma suerte. En segundo lugar, se generaba presión en el área de seguridad pública y seguridad nacional, pero también en otros espacios que implican cooperación con los Estados Unidos, en inteligencia y otras áreas.
Para mantener la estabilidad en los grupos internos, el presidente López Obrador se vio obligado a presionar por la liberación del general, a pesar de que al inicio lo ubicó en el contexto de aquellos que cometían actos de corrupción. Logrando con ello su repatriación con la promesa de enjuiciarlo en México, a pesar de que no había acusación o investigación previa.
Los comunicados dados por las autoridades norteamericanas no hacen patente la confianza en el gobierno mexicano, sino que asumen que al enviarlo se le soluciona un problema, pero de manera implícita el halo de corrupción que rodea el caso queda de manifiesto. La idea de que en México quedará en libertad o con una condena mínima si es enjuiciado permea en la opinión pública y empaña la “victoria” diplomática de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Habrá que ver si el general se ubica como un nuevo “Zebadúa” y que esté dispuesto a acusar a su ex jefe y otros funcionarios de la administración anterior, a cambio de la ansiada impunidad ante posibles delitos cometidos de los que, por lo menos, el gobierno norteamericano había documentado diversas actividades que tendrían que aclararse.
En realidad, no puede hablarse de una “defensa” de la soberanía con esta acción, porque la detención del general no fue una afrenta al país, sino a la administración del presidente López Obrador por la forma en que se llevó a cabo. Traer al general tampoco genera un beneficio al país, más allá del desprestigio que eso implica, pues al final tendría que haber una acción contundente por parte de la fiscalía y el poder judicial, para que se honrara el compromiso de un juicio ejemplar, lo que muy probablemente no seria posible por las presiones que se generarían al tratarse de un general en activo.
Es por ello que, el problema del general Cienfuegos no es fácil para la administración actual, aunque tampoco lo es para la administración anterior. Si bien tiene algunas ventajas en términos de la información que pueda generar y lucrar políticamente con ello, también implica enviar mensajes al resto de la comunidad de seguridad pública y nacional en el país, que pueden tener generar diversas externalidades de difícil control. La relación con la administración Biden, tal vez sea el principal desafío se enfrentará a continuación, donde habrá que pagar más platos rotos dejados por este caso.
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