En política, como en otros espacios, los símbolos juegan un papel fundamental en la forma en que los actores construyen mecanismos de interacción con otros actores, para generar condiciones que sean favorables para la consecución de los intereses que se plantean como relevantes, en un contexto de disputa continua por el ejercicio del poder. En México, como en otros países, esos símbolos han estado implícitos como parte de los valores entendidos entre quienes compiten, pero también en el contexto social.

El discurso del presidente electo ha tenido esos elementos simbólicos como referentes de su campaña, pero también de su acción en el espacio de una administración que aún no comienza, pero que sigue en el discurso de esa campaña, generando una especie de gobierno simbólico, que debe transitar hacia un gobierno de hechos en cuanto inicie de manera formal su periodo.

Hay por lo menos tres aspectos simbólicos en ese discurso, que son recurrentes en el momento en que hay algún tropiezo mediático o algún tema que sea controvertido, tal como Trump lo hace con el muro o la migración en los Estados Unidos. Dichos aspectos simbólicos como el nuevo aeropuerto y la consulta para hacerlo, la austeridad, Palacio Nacional vs. Los pinos, el avión presidencial, la prensa fifí, por mencionar los más relevantes, dominan las noticias asociadas a la transición, más que los temas que resultarían relevantes para cualquier inicio de administración, como el presupuesto, el sentido de la política económica, la política social, la seguridad, los proyectos de infraestructura, la política educativa, etc.

Lo relevante es que cuando alguno de esos temas relevantes se discute mediáticamente, no parece haber atrás un contenido sólido que permita profundizar en la discusión y, entonces, se regresa al planteamiento de los símbolos. El problema, es que una administración que usa símbolos se convierte en un gobierno simbólico en algún momento del proceso.

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Así como el muro de Trump, que parece irrealizable tal y como lo planteó, hay algunos símbolos en el caso de México que comienzan a ser improbables en su cumplimiento. Si bien varios de ellos se cumplirán, habrá otros que conviene que no se realicen, porque se mantienen espacios de discusión abiertos para poder culpar a otros actores de su bloqueo.

En el caso del Palacio Nacional como vivienda del presidente, es muy factible que así sea, pero surge el cuestionamiento insistente sobre la razón por la que el presidente deba vivir en el edificio, tal vez junto al castillo de Chapultepec, más vistoso de la Ciudad de México, como si fuera un noble, lo que contradice, incluso, la idea de austeridad y también la de ser un ciudadano común. En el caso del avión presidencial, es igualmente factible que se venda o se arrende, con la consecuente pérdida de recursos que eso implicará, pero también es probable que, en el futuro, tenga que generarse un mecanismo que sustituya ese avión, o que genere seguridad, certeza y flexibilidad para los viajes del presidente.

El aeropuerto, se ha convertido en una pugna donde se traslada la responsabilidad de la decisión a “la gente”, pero no se reconoce la realidad de que cualquiera de los dos proyectos, implicará una cuantiosa pérdida de recursos, por lo que, un mal manejo del tema dejará una estela de cuestionamiento a la administración. Finalmente, el tema de austeridad ronda como un espacio infranqueable, por la resistencia de actores que no están dispuestos a perder recursos que son fundamentales para la actividad política.

El gobierno requiere de símbolos para mantener espacios de legitimidad y de argumentación, pero no puede basarse en ellos como mecanismo cotidiano de discusión. Avanzar a los temas relevantes, plantear los proyectos en torno a temas de seguridad, corrupción, empleo, bienestar, etc., que son el fondo de las promesas de campaña, es fundamental para que la aprobación del presidente electo no baje, como se ha comenzado a ver en las encuestas recientes.

 

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