Los trabajadores de las pequeñas y microempresas en México son quienes tienen mayores violaciones a sus derechos laborales: un salario insuficiente, sin seguridad social ni contrato estable, refirió el reporte de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. 

“Como era de esperarse, las unidades micro y pequeñas presentan los peores resultados de los indicadores del trabajo digno, pero llama mucho la atención que medianas y grandes unidades económicas también violen los derechos laborales básicos”, indicó.

Aunque el 59% de los trabajadores de las microempresas no cuenta con un salario suficiente, el 41% de los empleados de las compañías pequeñas y medianas no tiene una remuneración económica que le permita su sustento; cantidad que para las unidades económicas grandes es del 35%, de acuerdo con la investigación. 

El 83% de los empleados de las microempresas no cuentan con seguridad social, ni el 23% de los trabajadores de las unidades económicas pequeñas; en tanto, el 87% de los asalariados en las micro no cuentan con un contrato estable, ni el 36% en las pequeñas compañías, reveló. 

“Ese 6% (sin seguridad social) en las grandes me pone muy nervioso y muy de malas porque tendría que ser de cero o cercano a cero. No puede ser que una empresa grande tenga aunque sea una parte pequeña de su fuerza de trabajo sin seguridad social”, refirió Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de la institución. 

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Tomando en cuenta los datos anteriores, abundó, quiere decir que las principales empresas que generan empleo no dan condiciones dignas, sino empleos precarios. 

En México, las poco más de 4.1 millones de micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) generan el 72% del empleo, además contribuyen al 52% del PIB, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

Sin modificación relevante la tenencia del empleo 

De julio de 2018 al mismo mes de 2019 la tendencia del salario insuficiente tuvo un ligero decremento, ya que la cifra pasó del 52 al 48% durante ese lapso, es decir una reducción de cuatro puntos porcentuales durante un año, detalló el estudio. 

En otros rubros hubo un ligero ascenso en las cifras, puesto que la tasa de desempleo nacional pasó del 12% en 2018 al 13% para el año siguente; en el caso de los trabajadores sin seguridad social, durante ese mismo lapso se mantuvo en 42%, señaló. 

“Es una buena noticia” la ligera y gradual elevación en el porcentaje de personas que superan el umbral para adquirir la canasta básica, pero la estabilidad en las otras dos cifras muestra que no se han modificado las condiciones sistémicas y estructurales para otorgar un trabajo digno, apuntó Gómez Hermosillo. 

Para ello, el coordinador de acción frente a la pobreza apostó por una regulación en el esquema de subcontratación, mejor conocido como outsourcing, ya que algunas empresas abusan de este elemento para evadir obligaciones patronales. 

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“No se han modificado las condiciones sistémicas y estructurales que permitirían que las personas tengan seguridad social de un contrato estable, algo de esto tiene que ver con el abuso del outsourcing ilegal,  esta figura que usa el patrón sustituto o figuras temporales para apuestas permanentes y una evasión de la Seguridad Social y sus pagos”, sostuvo. 

Por ello, lo que propone la organización es un sistema de Seguridad Social universal, que incluya el acceso a la salud como derecho, que se financiaría a través de impuestos generales, apuntó. 

A pesar de que no cuentan con estimaciones sobre la inversión económica que se requeriría para ello, el coordinador de la organización insistió en que se debe abrir el debate de cómo llegar a ello, ya que que el tema tiene muchas aristas, como el financiamiento y los derechos adquiridos. 

“Lo que sí es seguro es que el sistema de salud fragmentado y ligado al régimen de contratación laboral viola el derecho a la salud de una parte importante de mexicanos”, subrayó. 

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