Sin la presencia de integrantes de partidos de oposición y en una reunión “extraordinaria”, las comisiones de Trabajo y Previsión Social y Estudios Legislativos Segunda del Senado aprobaron la iniciativa para modificar la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social en materia de subcontratación o outsourcing, a fin de acotar esta práctica. 

La iniciativa que presentó el senador Napoleón Gómez Urrutia busca “diferenciar la subcontratación ilegal y delictiva de los grandes grupos de delincuencia organizada en el país de aquellos servicios ilícitos que la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social permiten”, de acuerdo con el documento.

“Este es un paso fundamental para la justicia laboral, restituir los derechos de trabajadores sobre todo en materia del reparto de utilidades, y desde luego obligar a las empresas que les han obligado a utilizar ese sistema”, señaló Gómez Urrutia. 

El senador aseguró que cuenta con el apoyo Morena, el Partido del Trabajo, Partido Encuentro Social y  el Partido Verde Ecologista de México y éste será suficiente para que se apruebe la iniciativa en el pleno del Senado. 

Gómez Urrutia, también dirigente del sindicato minero, descartó que la iniciativa busque eliminar la figura de outsourcing o afectar el proceso de ratificación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). 

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El proyecto de ley establece que la subcontratación únicamente podrá realizarse respecto de actividades laborales en las que los trabajadores que el contratista provee exijan de una especialización que resulte ajena o accesoria a la actividad o vocación preponderante o principal de aquella que realice el contratante o beneficiario.

Aismismo, sugiere implementar un sistema de gestión para verificar el cumplimiento de los requisitos para la contratación a cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) alertó ayer que se había convocado a las comisiones involucradas en la reforma para aprobarla de manera unilateral y sin dialogo previo. 

“Se trata de una iniciativa preocupante, totalmente inadecuada y desproporcionada, que tendría consecuencias gravísimas para la economía de México y de todos los mexicanos, ya que genera un alto grado de incertidumbre, poniendo la inversión nacional y extranjera, busca criminalizar las relaciones laborales y es a todas luces inconstitucional”, detalla el comunicado. 

Además, el organismo señaló que hasta el momento no ha habido ningún tipo de consulta con los sectores productivos para la iniciativa. 

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