La competencia entre los taxis concesionados y los servicios de transporte privado se dan bajo condiciones “desleales y asimétricas”, considera un académico de la UNAM.

 

Los taxistas de la Ciudad de México tienen 11 veces más carga administrativa que aplicaciones como Uber y Cabify, por lo que la competencia entre ambos modelos, uno concesionado y otro aún no regulado, es “desleal y asimétrica”, considera el doctor Marcos Ávalos Bracho, investigador de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México.

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Durante su participación en el simposio ‘El servicio público de transporte individual de pasajeros sin ruta fija’, Ávalos hizo un adelanto de un estudio técnico que será publicado en dos semanas y que busca determinar desde una perspectiva económica y legal la necesidad de una regulación de los servicios de transporte privado en México.

El académico detalló que, en promedio, los taxistas concesionados capitalinos deben enfrentar una carga administrativa anual de 6,318.50 pesos, 11 veces más que los 572.50 que deben pagar los servicios de transporte como Uber y Cabify, aunque prefirió reservar los detalles sobre esa carga para la publicación de su estudio técnico.

En ese sentido, no es de sorprender que esos servicios puedan ofrecer precios más bajos, dada las diferencias que existen entre ambos modelos, afirmó Ávalos.

La falta de una regulación no sólo podría motivar una “depredación de precios”, sino que también haría que las autoridades incurrieran “en una falta de equidad, de discriminación”, al excluir a los segmentos de menores ingresos de las nuevas modalidades de transporte en la ciudad.

“En mi opinión, ha sido un error centrar la discusión sobre la definición de una plataforma tecnológica cuando claramente se trata de un servicio de transporte de un punto a otro, ése es el mercado relevante”, afirmó.

Desde la perspectiva jurídica, el doctor Francisco Coquis Velasco, académico de la Universidad Nacional, afirmó que, desde su perspectiva, la operación de las aplicaciones de transporte privado operan de manera ilegal: “Debe quedar muy claro que los medios de pago, publicidad o de solicitud del servicio, deben ser independientes a lo que la norma les exige atender [el apego a la ley de movilidad vigente] y que, desde mi perspectiva no están atendiendo.

“Me parece que si el Estado no es garante de los servicios públicos podríamos tener un gran riesgo de la prestación, el cumplimiento y la responsabilidad de cómo se presta este servicio público”, concluyó.

 

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