Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció que el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa otorgó la protección de la justicia a Luis Cárdenas Palomino, exmando de la extinta Policía Federal, para ser borrado de la lista de bienes financieros bloqueados por la autoridad mexicana.
Esta decisión fue tomada por el tribunal el pasado 25 de enero y permite al exfuncionario acceder al sistema financiero nacional debido a que como la denuncia de la UIF no está respaldada por una petición de gobiernos extranjeros, la indagatoria nacional tiene falta de certeza jurídica.
“El señor Luis Cárdenas Palomino ha recibido de un juzgado la protección y el amparo de la justicia. Apenas el 25 de enero de 2023, los magistrados del PJF lo amparan, lo protegen. Desechó el tribunal un recurso presentado por el gobierno por conducto de la UIF.
“Ahora, ¿qué significa esto? Que la acción del gobierno con el propósito de prevenir actividades ilícitas en el sistema financiero, de personajes que se conoce realizan actividades de lavado de dinero, son liberados del problema de estar en la lista de personas bloqueadas”, señaló el funcionario.
Gómez Álvarez cargó contra los integrantes del Poder Judicial por actuar en contra del interés nacional y aplicar criterios pobres para que la justicia actúe contra delincuentes procesados.
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“El Poder Judicial debería interesarse en lo contrario. El gobierno no puede callar ante esto. Se tiene que informar lo que está pasando. El argumento es, vean, el procedimiento que llevó a la UIF a inscribir a estas personas en la lista de personas bloqueadas como es un procedimiento meramente nacional y no lo está solicitando ningún país extranjero, carece de suficiente certeza y seguridad jurídica. Punto. Jurisprudencia elaborada en su momento por el Ministro Medina Mora, que no todos, pero los jueces aplican a ciegas”, acusó.
Luis Cárdenas Palomino, exdirector de Seguridad Regional de la Policía Federal, fue detenido el 5 julio de 2021 e ingresado al penal del Antiplano, en el Estado de México, por su presunta responsabilidad en el delito de tortura de Mario Vallarta Cisneros y Sergio Cortez Vallarta.
El exfuncionario tenía aseguradas cuentas en México por alrededor de 5 millones de pesos, sin embargo, aún no se realizan investigaciones a profundidad para conocer la amplitud de sus bienes.
“Son 5 millones de pesos en una cuenta, son dineros livianos para estas tramas de corrupción pero estar en lista de personas bloqueadas no tiene acceso a sistema financiero, no puede cobrar un cheque, valores, moneda extranjera”, mencionó.
