Comencemos por decir lo que no fue la consulta sobre el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México: no se trató de una elección ni tampoco de un ejercicio de consulta pública según el artículo 35 constitucional. La consulta realizada del 25 al 28 de octubre no fue una elección en tanto que fue un ejercicio organizado por particulares y no por la autoridad electoral y, claro, la finalidad del ejercicio no fue elegir algún cargo de elección popular. Y aunque estas precisiones parezcan obvias, resultan no serlo si se considera que un número importante de críticas a la consulta sobre el destino del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, versan sobre su baja calidad comparada con toda la maquinaria electoral, tiempo, recursos y ciudadanos que participan para recibir y contar los votos cuando tenemos elecciones. Pero justamente en este tipo de críticas hay un tema de fondo que tiene que ver con que la desconfianza ha sido el eje articulador de las reformas político-electorales de las últimas décadas.

Y a diferencia de otras democracias, en este país la desconfianza sigue dictando la percepción que tenemos hacia las instituciones y a quienes ejercen el poder público. Resulta así altamente revelador el empeño de algunos por demostrar que en la consulta era posible participar más de una vez, que la página para saber dónde votar no funcionaba o que la tinta con que se marcaba el dedo no era indeleble, en suma, que los hechos les dieron la razón y la consulta fue una farsa. Sin duda la consulta puede y debe ser duramente criticada por haber sido un ejercicio deficiente, confuso, que reflejó la prisa con la que fue organizado. Pero además de lo anterior, el debate en torno a la consulta refleja el nivel de cultura cívica de nuestro país y la resistencia por avanzar a otros esquemas de participación ciudadana, donde la desconfianza no esté al centro. Y es justamente cuando resulta irritante que un mecanismo de democracia participativa tenga este arranque. Al final del día se ensucia una figura que debe ser bienvenida porque amplía el derecho de la gente a ser parte de las decisiones públicas y porque deja de ver a los ciudadanos como eternos menores de edad.

Un segundo punto que quiero destacar es que, por primera vez en nuestro país, un megaproyecto es sometido al escrutinio público, un megaproyecto que lo es tal, en virtud del tamaño de la inversión como por sus impactos sociales, ambientales y políticos. Ciertamente hay un tema de cálculo político en esta consulta. De las campañas a la fecha vimos un cambio de discurso por parte de López Obrador sobre el aeropuerto. Como candidato, el presidente electo apuntó a la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco como símbolo de dispendio y corrupción, como parte de la narrativa que construyó en torno suyo y que lo llevó a ganar la elección con una votación histórica de 30 millones. Pero de la promesa de cancelar la construcción del aeropuerto en Texcoco, el presidente electo transitó a la posibilidad de concesionarlo si continuaba su construcción e, incluso, la posibilidad de continuar con la opción de Texcoco, siempre y cuando la gente “así lo decida”.

El desenlace del problema del nuevo aeropuerto no termina con el resultado de la consulta, que ahora sabemos es Santa Lucía, con casi 70% de los votos contados, y con lo que se estaría dando revés al proyecto más relevante de infraestructura del sexenio de Peña Nieto. Desde 2001 tres presidentes intentaron sin éxito construir un nuevo aeropuerto en la zona de Texcoco. Hoy, López Obrador tiene la responsabilidad de adoptar como suya una decisión que arrojó una consulta metodológicamente deficiente, en una coyuntura donde se abaten discursos alarmistas y de esperanza por una nueva forma de gobernar este país.

 

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