Sin poner en duda la enorme aportación que significan para la comunicación humana las redes sociales, me parece que debemos estar atentos ante el riesgo de abusar, en esos medios, de los clichés y las opiniones superficiales, sobre todo cuando se trata de materias tan delicadas como las que se refieren a la seguridad y al uso de la fuerza pública pues, por seguir una moda o estar al día con un hashtag fácilmente caemos en la frivolización y hasta en la banalización del debate público.

Me refiero especialmente a las recientes reformas que concluyeron con la publicación de la Ley de Seguridad Interior, aprobada el 30 de noviembre de 2017, tras haber sido discutida en ambas Cámaras. En algunos medios se difundió que aquellas reformas, sin duda carentes de rigor y en muchos aspectos imprecisas, darían lugar a una militarización del país. Como si la sola presencia (con mayor o menor intensidad) del Ejército o la Marina en las calles, determinara un régimen al que se pudiera calificar de militarista.

Pero no sólo es el público en general y los participantes en las redes quienes tienden a frivolizar el lenguaje político y constitucional. Junto a ese abuso lingüístico generalizado hemos venido escuchando otros no menos equívocos e imprecisos, incluso dentro de las Cámaras del Congreso de la Unión como, por ejemplo, seguridad nacional, policía, ejército, fuerzas armadas. Y no piense el lector que mi preocupación es meramente lingüística; los conceptos y las palabras en las que éstos se contienen son definitorios en el correcto diseño de las instituciones y de las prácticas gubernamentales. No da lo mismo hablar de seguridad exterior que interior, y resulta muy peligroso, por ejemplo, llamarle guerra a la persecución del crimen organizado y a su detención y enjuiciamiento conforme a las leyes penales.

Dice un autor contemporáneo que cuando se banaliza el uso del lenguaje (él le llama vulgarismo o vulgarización), se resquebrajan los fundamentos del progreso y los pueblos “se estancan”.

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La supuesta militarización

En la primera década del siglo XX, el literato valenciano Vicente Blasco Ibáñez escribió un polémico libro titulado “Militarismo Mexicano”. Fue y sigue siendo un texto polémico debido, entre otras cuestiones, a que la expresión militarismo, que por entonces se empleaba en un sentido muy amplio, adquiriría con el paso del tiempo un significado que, evidentemente, no corresponde a ningún periodo histórico de nuestro país. A partir de la segunda mitad del siglo XX, la expresión militarismo ya había adquirido carta de naturaleza y se empleaba para referirse a un régimen de gobierno en el cual el Ejército toma las riendas de la vida nacional en todas sus manifestaciones, como ocurrió, entre otros países, en España, Chile, Argentina o Uruguay. Es verdad que en diversas etapas de nuestra historia mexicana ha prevalecido el elemento militar, especialmente a través del fenómeno caudillista de los siglos XIX y XX, en que cualquiera que se levantaba en armas se erigía en caudillo y se hacía nombrar capitán o comandante, pero de ahí a que se pueda hablar ahora de un militarismo en sentido estricto, como en los países mencionados, hay una enorme diferencia.

Entonces como hoy, se trata de un uso excesivo y desfasado de la palabra militarismo, en el que éste se plantea de manera sumamente simplista. No cualquier intervención de las fuerzas armadas o de las policías nacionales o federales en la vida social de un país puede ser calificado de militarización y, menos aún, de militarismo como sinónimo de dictadura militar en permanente estado de excepción.

¿Guerra? ¿Situación de gravedad? ¿Amnistía?

Pero la causa de esta frivolidad en el uso del lenguaje u opinión pública no se encuentra sólo en la superficialidad con que podemos expresarnos en las redes sociales. También está en los legisladores, pues si se revisa el texto de la publicada Ley de Seguridad Interior, de inmediato se percibe la forma confusa en la que se emplean los términos para designar situaciones de excepción como la gravedad del Estado por causa de seguridad nacional.

¿Cuándo hay gravedad? ¿Cuándo exista una declaratoria, como lo dice la Ley o cuando lo diga el titular del Ejecutivo? Incluso (más grave aún), el legislador no parece distinguir las acciones de seguridad preventiva, que corresponden a la policía federal, y las de guerra, que corresponden a las fuerzas armadas. Algo similar sucede entre la clase política que parece no distinguir entre derecho penal y derecho internacional público; el primero, califica la acción delincuencial a la que se debe reprimir sin miramientos; el segundo, en cambio, rige las relaciones entre las partes en conflicto reconociendo que ambas tienen una personalidad o una condición jurídica de paridad (partes) y ha de buscarse, por tanto, el establecimiento de la paz. Pero los delincuentes no son parte en un conflicto, ni tienen derecho a firmar acuerdos y, por tanto, no hay autoridad que legítimamente pueda declarar amnistía, pues esa es una figura legítima solo en caso de guerra. Amnistía viene de amnestia, que significa olvidar, y los delitos no se pueden declarar en amnistía por razón de Estado.

Queda claro que, en materia de seguridad, los mexicanos tenemos un primer desafío que atender antes de calificar o, incluso, de legislar sobre una materia tan relevante como la seguridad interior: distinguir con precisión los términos con los que pretendemos definir nuestra realidad y trazar (reglamentar) nuestro futuro, en un México que exige a todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.

México estancado

Siempre he respetado a las Fuerzas Armadas, admirado su formación y disciplina, así como su fortaleza institucional. Pero los legisladores mexicanos han hecho de la Ley de Seguridad Interior una deficiente comunicación social, opacada también por las múltiples impugnaciones que acusan su inconstitucionalidad. Bien haría el gobierno en redefinir su comunicación y empoderamiento social en relación con tan relevante reforma legal, pues la sociedad sufre incertidumbre en el actual contexto de desbordante criminalidad, violencia, inseguridad e impunidad. Asimismo, en rediseñar el discurso gubernamental, pero sin desgastar el buen prestigio de los militares.

Recordemos que no hay campaña, recursos ni medios capaces de revertir una mala gestión, máxime si se cuestiona, muchas veces injustamente, a las instituciones militares. El destino de dicha Ley está -por ahora- en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mientras tanto, México parece estar estancado.

 

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