México se enfrenta probablemente a las elecciones más complejas de su historia. Enfilados en los derroteros del siglo XXI, el año 2018 representan un punto de inflexión del proyecto de Nación surgido de la lucha constitucionalista de 1917, ya que, la depresión económica, la inseguridad, la corrupción han diluido las aspiraciones de un Estado institucional baluarte del bienestar de los mexicanos y la lucha revolucionaria por la justicia social.

Sin lugar a duda, también nos enfrentamos a las votaciones más caras de todos los tiempos. Cerca de dos mil millones de pesos de acuerdo con datos del Instituto Nacional Electoral, es decir, 500 millones de pesos más caras que las elecciones del 2012. Sin embargo, dichas estimaciones sólo representan los recursos legalmente fiscalizados para los gastos de campaña, pero no contempla las inyecciones de recursos ilegales en las contiendas por la renovación de: 1 presidencia de la República, 8 gubernaturas, 128 senadurías, 500 diputaciones, 27 congresos locales, 25 estados con sus respectivos ayuntamientos. Finalmente, la Ciudad de México estrenará de acuerdo con las últimas reformas 16 alcaldías cada una con 10 nuevos puestos de concejales equivalentes a regidores en los municipios.

Por lo tanto, la vigilancia en los gastos de campaña representa uno de los principales retos tanto de la sociedad civil organizada como del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, ya que, la propia Ley de Responsabilidades Administrativas prevé en su Capítulo IV De las Faltas de Particulares en Situación Especial, art. 73. “Se consideran Faltas de particulares en situación especial, aquéllas realizadas por candidatos a cargos de elección popular, miembros de equipos de campaña electoral o de transición entre administraciones del sector público, y líderes de sindicatos del sector público”.

En este sentido, la citada ley anticorrupción es clara, no sólo los candidatos son susceptibles de imputaciones sino también los integrantes de equipos de campañas se encuentran bajo la lupa respectiva. Lo cual, nos deja un primer cuestionamiento sobre los delitos electorales relacionados a los delitos desvío de recursos públicos como puede ser el caso de los programas sociales, empleo de servidores públicos, o la entrega de apoyos para fines proselitistas. ¿Cómo deben coordinarse bajo el nuevo marco normativo anticorrupción la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales, (FEPADE) el Comité de Participación Ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción (CPCSNA) y el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)?

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Probablemente, la respuesta a esta interrogante la tendremos sobre la marcha a la medida que vaya avanzando las contiendas electorales. En definitiva, las peleas entre candidatos se encontrarán marcadas por el discurso anticorrupción que se ha presentado como la última tendencia para ganarse la confiabilidad del electorado como se mostró en las pasadas elecciones intermedias. Mientras las trincheras de los equipos de campaña enfilaran denuncias sistemáticas para debilitar al contrincante más fuerte, o en su caso poder incluso impugnar la elección que se trate.

De esta manera, ya no son importantes las imputaciones por actos anticipados de campaña como en el pasado. Ya no es relevante, la colocación de mantas, espectaculares, pintas de bardas, spots de radio, televisión, internet, etc. Inclusive, ahora mismo ocurren como casos omisos. Ahora lo realmente, considerable para denunciar en estos contextos son actos como la entrega de despensas, materiales de construcción, implementos médicos, el uso de oficinas, herramientas, personal de la administración pública en actividades proselitistas, o el pago de contraprestaciones a estructuras no militantes. Por supuesto, el caso extremo la compra del voto.

En los siguientes meses la procedencia ilícita de recursos públicos y privados incrementaran las apuestas en la actividad proselitista de todos los partidos. Por ello, mismo la razón del descontento, la desconfianza, el desencanto en nuestro sistema de gobierno donde tal parece que la democracia llega a los partidos, pero no a los ciudadanos. De aquí, la infección que hemos hecho referencia al proyecto de Nación donde el panorama político hace danzar a la democracia de la urna al tribunal. Ya veremos, cómo se conjugan estos factores en el complicado escenario del periodo postelectoral donde la Nación mexicana se enfrentará así misma polarizada en la división de preferencias de a quien se considera menos corrupto para la conducción de nuestros destinos.

 

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