La idea de crear un sistema más funcional y operativamente más viable según los acuerdos de la Convención de Viena celebrada en la Conferencia de Yalta de febrero de 1945; delineando así una nueva etapa en la cooperación internacional.

Mucho se ha cuestionado desde entonces la eficiencia y eficacia del Sistema de Naciones Unidas y su impacto en el avance de los temas de la agenda internacional sobre todo en lo que se refiere a paz y desarrollo.

Aunque la ONU coordina la gestión de más de 20 billones de dólares anualmente que son destinados a programas de ayuda humanitaria alrededor del mundo, la pobreza y la desigualdad no disminuyen. Sin embargo, la culpa no es de Naciones Unidas ni del diseño del sistema internacional como lo plantearon algunos teóricos de las Relaciones Internacionales en la antesala del siglo XXI; la mayor limitante durante estos primeros 72 años de vida de la ONU ha sido la limitante que le representa el respeto a la soberanía de las naciones.

Si bien es cierto que los países firmantes se comprometen al respeto absoluto de las resoluciones alcanzadas en el seno de los foros auspiciados por los organismos de las Naciones Unidas, también es cierto que dichas resoluciones tienen un carácter recomendatorio y limitado en cuanto a que las leyes superiores dentro de cada país libre y soberano es su propia Constitución Política.

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En este sentido, la ONU sólo puede usar la diplomacia (la buena voluntad y los buenos oficios) como instrumento para prevención de los conflictos y en el caso de la resolución de los mismos, se acota a los mecanismos de resolución de controversias (como los medios alternos, por ejemplo). Asimismo, en lo que respecta al cuidado de los procesos democráticos al interior de los países miembro, Naciones Unidas monitorea anualmente más de 60 procesos electorales; sin que derivado de este monitoreo haya alguna sanción o intervención en el resultado de los comicios en el caso de que falten a los principios de legalidad y democracia.

65 millones de personas exiliadas, que sufren hambruna o huyen de una guerra son atendidas con programas humanitarios y para refugiados en diferentes partes del mundo; sin embargo, las acciones llegan a ser transitorias en tanto que los gobiernos locales se resisten a adoptar las recomendaciones de los organismos que integran el Sistema de Naciones Unidas y que pudieran llevar a una eventual pacificación o estabilización definitiva de las situaciones de riesgo en las comunidades más vulnerables o marginadas alrededor del mundo.

Quizás uno de los temas más álgidos en el análisis de la eficiencia y eficacia del Sistema ONU en el mundo del siglo XXI es el que refiere al impacto que tienen los más de 80 Tratados Internacionales en caminados a la protección de los Derechos Humanos en todos los aspectos de la materia (trata de personas, violencia de género, acceso a la educación, seguridad humana, inclusión, etc.). Todos y cada uno de los Tratados Internacionales de los Derechos Humanos vigentes y aplicables alrededor del mundo, están protegidos por diferentes mecanismos e instancias de cooperación internacional (como el mismo Consejo Internacional de Derechos Humanos, al que México recientemente fue merecedor de un asiento al interior) pero que, sin la voluntad política de cada uno de los liderazgos al interior de los países miembro, poco o casi nada pueden lograr.

El Sistema de Naciones Unidas, cuenta con suficientes herramientas y mecanismos para el cumplimiento de todos los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) y se tiene hasta el 2030 para mostrar la voluntad necesaria para hacer que esas herramientas y mecanismos actúen y operen en favor de la agenda global desde las agendas locales.

La política pública al interior de las naciones en el siglo XXI debe estar encaminada a lograr un impacto contundente desde lo local hacia lo global, para que en la suma de esfuerzos el concierto de naciones logre finalmente el equilibrio que le lleve a una verdadera pacificación.

 

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