Después de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) declaró inaplicable el artículo del llamado “plan B” de reforma electoral que destituía a Edmundo Jacobo Molina como secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE), la Presidencia acusó al órgano judicial de suplantar las funciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y adelantó que busca las vías jurídicas para “combatir” la resolución.
“En la sesión de hoy, los magistrados de la Sala Superior del TEPJF, Reyes Rodríguez Mondragón y Felipe de la Mata Pizaña, a propuesta de la magistrada Janine Otálora Malassis, aprobaron una resolución inédita que notoriamente invade las facultades constitucionales de la SCJN y desconoce la competencia de un juzgado de distrito en materia de amparo, al declarar la inconstitucionalidad del Décimo Séptimo Transitorio del decreto relativo a la destitución del secretario ejecutivo del INE”, mencionó en comunicado la oficina del presidente Andrés Manuel López Obrador.
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Agregó que la determinación del Tribunal genera un “conflicto competencial” entre los órganos del Poder Judicial de la Federación y así lo advirtieron los magistrados Mónica Soto Fregoso, José Luis Vargas e Indalfer Infante, al votar en contra del proyecto, pues consideraron que el INE no está legitimado para interponer un juicio electoral en defensa de los supuestos derechos político-electorales de Edmundo Jacobo Molina.
Lo anterior, porque —indicó la Presidencia— el secretario ejecutivo desistió de la demanda presentada ante el Tribunal; ante ello, acusó de imparciales y arbitrarios a los magistrados que votaron a favor; además, los señaló de resolver asuntos que no les competen.
“Esta situación hace patente la parcialidad y arbitrariedad con la que se conducen los magistrados que votaron a favor del proyecto. (…) Los magistrados Reyes Rodríguez, Mata Pizaña y Otálora Malassis forman parte de un bloque dentro del TEPJF que sistemáticamente resuelven asuntos que no son de su competencia o que contradicen abiertamente los criterios de la SCJN”, señaló en comunicado el gobierno de López Obrador.
Asimismo, señaló a estos tres magistrados electorales fueron beneficiados de un acuerdo “inconstitucional” de 2016, entre las fracciones parlamentarias del PRI, PAN y PRD en el Senado, pues estos grupos políticos, aseguró, ampliaron “indebidamente” los plazos para que ocuparan las magistraturas hasta después de 2024, con lo cual “se comprometió la parcialidad de dichos juzgadores”.
Por todo ello, la Presidencia mencionó que, por medio de la Consejería Jurídica del Ejecutivo, explorará todas las vías jurídicas para combatir la resolución del TEPJF, la cual calificó de “ilegal”, y señaló que los magistrados que avalaron el proyecto son parte de una “guerra jurídica lawfare en contra de la transformación de un marco normativo que, en su momento, fue diseñado para beneficiar a los grupos de interés político y económico en perjuicio del pueblo de México”.
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