Ante la propuesta para regular las redes sociales que el senado mexicano planteó, cabe hacerse la siguiente pregunta: ¿Es realmente necesaria una ley para normar los contenidos de plataformas digitales?
La respuesta es no. Lo que de verdad se necesita es un acuerdo supranacional para garantizar los derechos de las y los usuarios de los medios sociales, que definan y protejan los derechos de acceso a la información y de libertad de expresión y que no dependa de un territorio o gobierno, sino de un estatuto con carácter universal.
Por supuesto, si es la voluntad del Estado mexicano hacerlo, lo hará. Sin embargo, las leyes siempre terminan por definir una serie de comportamientos que son aceptables y aquellos que no, serán sancionados; por tanto, el hecho de que un gobierno decida quién puede expresarse en las redes sociales, de qué manera y con qué temas deja abierta la posibilidad para la censura. Y por desgracia, las leyes han demostrado ser tan flexibles como las intenciones de sus ejecutantes. Ante ello, hay que voltear a ver el claro ejemplo de Turquía.
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Hasta el momento, la única normatividad que se aplica a las plataformas es la que ellas mismas han creado a través de sus normas comunitarias, un conjunto de reglas que, de manera precisa, describen lo que es aceptable y lo que no en las publicaciones. No obstante, dichas reglas están basadas en lo que se considera conveniente para el propio desempeño de las plataformas y no necesariamente para el beneficio social, lo que es entendible puesto que se tratan de empresas privadas.
Así, el espacio social que han creado las redes sociales en realidad tiene dueños y a diferencia del espacio radioeléctrico, no pertenece a ninguna nación. Es su espacio, sus empresas y sus plataformas; no son nuestros perfiles, son de ellos. Sin embargo, sería una necedad negar el impacto social que tienen las plataformas en la vida pública de los países en donde tienen presencia, puesto que se han convertido en el principal referente de comunicación e información y han influido de manera drástica sobre la política, la economía, la educación, el comercio y por supuesto, el entretenimiento.
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Por ello, es importante que las plataformas reconozcan que su papel dentro de la sociedad contemporánea. A diferencia de lo que dice el Art. 230 de la Ley de Decencia en Telecomunicaciones, las redes sociales son en este momento, más que proveedores de un servicio, sin desearlo se encuentran en la parte toral de cualquier sistema democrático al constituir un espacio de expresión e información horizontal no dependiente del Estado. El asunto es que ese espacio las rebasa y se funda sobre un bien mayor, el de la sociedad en su conjunto.
Por ello, más que una regulación que provenga de un gobierno o unas reglas comunitarias suscritas a intereses privados, lo más importante es que ese espacio de libre expresión y de acceso a la información exista de manera libre, basado en un piso mínimo de derechos humanos que permitan a los usuarios tener derechos y ejercerlos de manera soberana.
La interesante propuesta que hace el Foro sobre Información y Democracia se ostenta como la propuesta más viable para crear una metaregulación cuyo centro sea los derechos sobre libertad de expresión y de acceso a la información, más que las necesidades del estado o de las propias plataformas para controlar los contenidos. Lo necesario en este momento, es la definición de los derechos de los usuarios de las plataformas digitales, más que cualquier intento por regular sus contenidos.
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