La última semana de julio fue muy complicada para las redes sociales en Turquía debido a que el Parlamento local dictó una serie de leyes que ponen en peligro su permanencia dentro del país y al menos han desatado controversia por su enorme peso para la libertad de expresión.
De acuerdo con la nueva ley, todas las plataformas de redes sociales que tengan presencia en el país y tengan más de un millón de usuarios deberán contar con servidores físicos en el territorio turco y guardar ahí lo datos que se generen en el país, con lo que deberán compartir su información al gobierno, además tendrán que nombrar a un representante físico que sea ciudadano turco y deberán ceñirse a las leyes locales sobre libertad de expresión y de acceso a la información, lo que le permitiría al Estado eliminar contenidos rápidamente cuando exista alguna controversia al respecto.
En caso de no hacerlo, tendrán sanciones graduales que irán desde multas, reducción de la velocidad, hasta el bloqueo total.
Las redes sociales siempre se han mantenido al margen de las solicitudes de los gobiernos para eliminar contenidos, ya que, si bien se reciben las solicitudes, no siempre se cumplen, puesto que es la red social quien evalúa si es pertinente o no entregar información a las autoridades sobre una cuenta o borrar un contenido.
Esta ley se da en un contexto complejo, ya que Turquía es uno de los países en donde más se solicita la eliminación de contenidos, de acuerdo con los informes de transparencia de Facebook y Twitter. Además, es en dicho país en donde más se comparten noticias falseadas, sobre todo procedentes de Rusia.
El parlamento turco argumentaba que la ley se hizo porque las redes sociales no atendían los recamos por acoso sexual, manifestaciones de odio y violencia en las plataformas. Lo que también es cierto, es que fue una ley impulsada por la coalición entre el gobierno del presidente Erdogan y el partido de extrema derecha MHP.
De aplicarse, Turquía entraría a la lista del Comité para la protección de periodistas de países que más restricciones tienen respecto del uso de Internet.
Las restricciones que propone Turquía nos llevan, sin duda, a preguntarnos sobre si es necesario regular las redes sociales. Ante ello, se vuelve fundamental preguntarse qué y para qué se quiere regular a las redes. Si el objetivo principal es proteger la libertad de expresión, la respuesta nunca será el bloqueo de plataformas.
Cualquier medio o plataforma que permita la expresión de una comunidad, tiene que ser toral en la construcción de cualquier estado democrático. Lo que en todo caso debe exigirse es una colaboración continua entre las autoridades y las plataformas para construir reglas comunitarias que permitan la libre expresión y, a la vez, la posibilidad de frenar contenidos que puedan ser dañinos para los usuarios.
Los modelos de negocio, la transparencia en la comunicación institucional, la lucha contra las noticias falseadas, la eliminación de mensajes de odio y amenazas son tópicos que deben discutirse y desarrollarse en las leyes de todos los países que utilicen redes sociales. No obstante, cada gobierno podría diferir en lo que considera adecuado para sus gobernados y en el alcance que deberían tener las plataformas digitales. Por ello, la discusión pública en todos los canales siempre será la clave de la democracia.
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