El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) está en proceso de eliminar parte de la regulación de tarifas impuestas a Telmex como integrante del agente económico preponderante en telecomunicaciones.
El régimen de preponderancia tiene una larga historia en México, que debe contarse desde antes de que se creara esta figura en la reforma constitucional del año 2013.
En la Ley Federal de Telecomunicaciones de 1995, es decir, hace 25 años, ya se contemplaba la posibilidad de que los operadores de telecomunicaciones que tuvieran poder de mercado estuvieran sujetos a un marco de regulación asimétrica diseñado para promover la competencia.
Pero esa previsión de la ley nunca pudo hacerse realidad. Una razón fue porque tenía que demostrarse, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Federal de Competencia Económica, que existía poder sustancial en cada uno de los mercados relevantes donde se pretendiera definir obligaciones específicas, lo que implicaba un estándar de prueba muy elevado que consumía muchos recursos y tiempo y que tenía que aplicarse mercado por mercado. Otra razón era que una parte del procedimiento le tocaba a la Comisión Federal de Competencia (Cofeco) y otra, a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), lo que creó una complejidad adicional. Y, finalmente, también se debió a que las resoluciones de las dos autoridades eran suspendidas rutinariamente por la vía del amparo.
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El resultado fue que vimos fracasar numerosos procedimientos para declarar la existencia de poder de mercado y también para definir obligaciones asimétricas, donde nunca pudieron coexistir las resoluciones de la Cofeco y de la Cofetel. Mientras una autoridad emitía una resolución, se invalidaba la de la otra. Todo ello, a pesar de lo que estaba a la luz de cualquiera que quisiera ver, y que eran los mercados monopolizados donde no existían condiciones de competencia.
Con la reforma constitucional se creó la figura de la preponderancia a partir del aprendizaje de esos casi 20 años infructuosos. Así, se creó una regla simple para imponer un régimen de regulación asimétrica a quien concentrara más del 50% de todo un sector, lo que permitió que seis meses después de la creación del IFT se lograra finalmente contar con un marco de regulación asimétrica creado para impulsar la competencia.
Contra lo que algunos suponen, para salir de este régimen no es suficiente disminuir la participación del preponderante por debajo del 50% del sector, sino que, además, se debe probar que ya existen condiciones de competencia que hacen innecesaria la regulación.
Sin embargo, aunque no hemos llegado a una situación de competencia efectiva, es probable que el IFT elimine parte de la regulación. Conoceremos la decisión muy pronto, pero tenemos un atisbo en el proyecto puesto a consulta pública, que recibió mucha atención.
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Otros países, en especial los europeos, han pasado por procesos similares. Algunos de ellos usaron reglas tan sencillas como la nuestra, donde la regulación inicial se aplicó, por ejemplo, a los operadores que contaran con el 25% o más del mercado. Allí, tuvieron que pasar largos años para comenzar a relajar la regulación y cada cambio ha requerido una cuidadosa revisión de las condiciones generales de competencia.
En México evidentemente ha habido avances en las condiciones de competencia de los distintos servicios de telecomunicaciones, pero estas todavía no son ni suficientes, ni homogéneas, ni sostenibles en ausencia del marco regulatorio.
En el caso de los servicios de desagregación que se pretende desregular, de hecho, el IFT admite que las obligaciones que impuso no han dado los resultados esperados, que “han tenido un impacto bajo en cuanto a los objetivos de incentivar la entrada y expansión de competidores”.
Entonces nos preguntamos: si estas obligaciones no han corregido los problemas de competencia para los que se diseñaron, ¿no sería apropiado indagar por qué no lo han hecho, comenzando por comprobar que la regulación se haya cumplido?
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Pero en vez de ello y pasando por alto el requisito de demostrar que existan condiciones de competencia -lo que parece muy dudoso-, la autoridad propone liberar las tarifas del servicio de desagregación, con lo cual los clientes de este servicio estarían atenidos a los precios que Telmex defina.
Además, la misma Constitución define a los servicios de desagregación como insumos esenciales y ordena que que el agente económico preponderante esté obligado a ofrecer su acceso.
Es una mala señal que el regulador, ante la falta de efectividad de una regla, en vez de mejorarla opte por abandonar el esfuerzo. Antes que desmantelar la regulación asimétrica, lo que se requiere es robustecer los mecanismos de supervisión y aplicación de la ley, tanto en lo que se refiere al cumplimiento de las obligaciones de preponderancia, como en lo que toca a la Ley Federal de Competencia Económica.
El aprendizaje y la construcción de mejores entornos institucionales ha sido un largo proceso que sin duda hay que mejorar continuamente, pero sin dar pasos atrás.
Contacto:
*Economista especialista en competencia, regulación, ecosistema digital, liderazgo y género. Directora general del Centro-i para la Sociedad del Futuro. Socia directora de AEQUUM. Presidenta de la red de mujeres CONECTADAS y excomisionada del IFT.
Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.
