El sistema de Salud Pública en nuestro país está pasando uno de los peores momentos de nuestra historia. Este sistema, que desde que nació ha sido insuficiente, hoy ya colapsó con todo lo que la pandemia trajo consigo, y con medidas tales como el desabasto de medicinas y algunas reformas legales. Si esta es la realidad del Sistema de Salud en general, ¿qué podemos esperar de las instituciones que se ocupan de la salud mental, que históricamente ha sido relegada, ignorada?
En México, encontrar servicios públicos para recibir terapia psicológica o atención psiquiátrica es un verdadero reto; aun en la Ciudad de México, es virtualmente imposible. Y no se diga en los casos de trastornos psiquiátricos graves, que requieren atención e instalaciones especializadas. Para quienes tienen un familiar en esa situación, el cuidarlo y buscar atención médica y farmacológica adecuada, se convierte en un calvario. No existen instalaciones adecuadas para su internamiento pues los hospitales psiquiátricos se encuentran en pésimas condiciones ya que funcionan con bajísimos presupuestos. Y si bien en marzo del presente año, se aprobó una reforma a la Ley General de Salud que ordena su desaparición para sustituirlos por instalaciones que prometen ser mucho mejores, la realidad es que se está desmantelando por ahora, la precaria infraestructura con la que se contaba para atender a estos enfermos psiquiátricos graves, sin que se tengan expectativas de lo que significará en la práctica esta reforma legal, difícil de implementar en un país con tantas carencias como el nuestro. Esta película ya la vimos con el INSABI y salió muy mal.
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Desaparecer los hospitales psiquiátricos constituye un riesgo enorme; pensar que los UNEME CAPA van a poder dar atención primaria es no conocer la realidad de nuestro país, donde la gran mayoría de estos centros se encuentran cerrados porque los estados no tienen dinero para contratar quien los opere y los que funcionan, no necesariamente tienen al personal indicado.
Ante ello, son las familias de las personas que padecen trastornos mentales temporales o crónicos, quienes se tienen que hacer cargo de ellas, lo que representa una exigencia durísima para los familiares (en su mayoría mujeres); y afecta a la mejoría de los enfermos. Esta situación constituye además una importante fuente de conflictos en el núcleo familiar y social, por todos los estigmas y prejuicios que existen en torno a quienes padecen estos trastornos. No podemos pedirles a estas familias, que, como lo pretende el presidente, sean quienes se hagan cargo de personas que en ocasiones necesitan vigilancia 24 horas y medicamentos especializados. No podemos responsabilizarlas de aquellos que atenten contra su vida o la de otros. El gobierno tiene la responsabilidad de atender a estas personas.
La situación social que este panorama en la salud mental ha causado resulta alarmante, por ejemplo, en el incremento de suicidios según cifras del INEGI, en México durante los últimos 10 años ha habido un crecimiento continuo del 16% de incidencia en suicidios, en 2018 ocurrieron 6, 710 suicidios, 5.7 por cada 100,000 habitantes. Sin embargo, durante 2020, 7,818 fallecimientos fueron a causa de lesiones autoinflingidas, lo cual representó el 0.7% del total de muertes en el año y una tasa de suicidio de 6.2 por cada 100,000 habitantes.
Es importante resaltar que del 2013 al 2019, en 6 años el aumento fue de 5.0 a 5.7 por cada 100,000 habitantes, sin embargo, el aumento de 2019 a 2020 fue de 5.7 a 6.2 por cada 100,000 habitantes y, lo más alarmante es que la mayor incidencia en suicidios se da en el rango de edad de 18 a 29 años.
Pero el suicidio no es la única bandera roja que se ha levantado en este ámbito; también durante esta pandemia, la OMS ha llegado a considerar a la depresión como la segunda causa de discapacidad a nivel mundial.
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A pesar de todo esto, el gobierno ha decidido reducir entre 2020 y 2021 en un 81.6% los recursos destinados a la atención de salud mental, esto significa que 12 estados no recibirán recursos para atender estos padecimientos y otros estados como Yucatán que tiene un alto índice de suicidio, recibirá aproximadamente solo $40,000 para atender estos temas.
Por otra parte, la situación de la salud mental no se encuentra mejor en el ámbito privado. Aquí, se enfrentan varios problemas: la calidad de estos servicios; su costo y la ausencia también de instalaciones adecuadas y accesibles, para el internamiento de quienes lo requieren.
En cuanto a lo primero, sorprende ver la facilidad con que la que individuos sin estudios, o aun profesionistas recién egresados y sin ninguna práctica, se autonombran terapeutas y ofrecen sus servicios como tales, poniendo aun en más riesgo la salud mental de aquellos que solicitan sus servicios. Y es que, en esta profesión, como en muchas otras, no existe una regulación sobre la práctica profesional que garantice al ciudadano que la persona a la que va a consultar, cuente con las cualidades para ofrecer una atención tan delicada como lo es la que se refiere a la salud mental. Aunque hay en algunos estados Colegios de Psicólogos, al no ser obligatoria la colegiación, ni exigirse certificaciones periódicas, como sí sucede en otras áreas de la salud, no existe ninguna área de gobierno que regule, registre y avale a las personas que se dedican a esta labor. Por otra parte, muchos de los profesionales que brindan atención psiquiátrica o psicológica privada cobran honorarios inaccesibles para la mayor parte de la población, lo que hace que se constituyan en servicios de élite y aleja este tipo de atención de amplias capas de la sociedad.
Es por todo lo anterior que se deben de generar políticas públicas enfocadas a la prevención y tratamiento de la salud mental, desde lo individual, familiar y social. Desde la atención primaria especializada, hasta la de los casos que requieran aislamiento temporal para su tratamiento. Esta atención tiene que brindarse en un marco de respeto a la persona y a sus derechos humanos, buscando el mayor bien y el menor tiempo de internamiento cuando se requiera.
Pero tristemente en los tiempos que estamos viviendo pareciera que no se requieren expertos en las distintas áreas y esto es un riesgo muy alto, lo hemos visto en las propuestas del presidente para que los abuelos se hagan cargo de los nietos, cualquier persona realice construcciones, incluso hasta decir que hacer un pozo petrolero es sencillo. Si en todos los casos anteriores el riesgo es muy alto, en temas de salud es altísimo, se necesitan expertos para poder atender a estas personas.
Por supuesto que se necesitan cambios, pero una vez más, en lugar de usar el bisturí y corregir las cosas que fallan, se vuelve a usar el hacha para desaparecer indiscriminadamente lo poco que hoy existe. Nuestro país está pasando por una muy grave crisis de salud mental que incide en gran parte en los índices de violencia que estamos viviendo. Pero una vez más: ¿a quién le importa la salud mental? Al gobierno y su presupuesto claramente no.
Contacto:
Jimena Cándano, actualmente es la Directora Ejecutiva de la Fundación Reintegra.
Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.
