Ayer, en pleno festejo del Día del Maestro, el Senado de la República hizo la declaratoria de validez de la nueva reforma educativa impulsada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero las modificaciones constitucionales están lejos de atender todas las problemáticas de la educación básica del país.

Durante un evento celebrado en Zacapu, Michoacán, el pasado 5 de abril, el presidente  López Obrador hizo una declaración que pasó casi desapercibida por los asistentes y algunos medios de comunicación: “estamos en la mejor disposición para que se federalice todo el sistema educativo”

En el marco del banderazo para el sistema de Universidades “Benito Juárez”, AMLO aseguró a Silvano Aureoles, gobernador michoacano, que la federación se haría cargo de todo lo que tiene que ver con la educación de la entidad y de los demás estados con el objetivo de evitar problemas con los maestros.

Lee también: Nueva reforma educativa se promulgará hoy: AMLO

Pero aplicar esta medida significaría retroceder a un modelo educativo que concluyó en la década de 1990, que resultaba ineficaz y alentaba la corrupción sobre todo en materia de presupuestos educativos, advierte Marco Fernández Treviño, investigador de la Escuela de Gobierno de Transformación Pública del Tec de Monterrey.

A partir de 1992 se trasladó a la administración federal, parte del pago de la nómina de los maestros del país a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Sin embargo, esto ha generado pocos incentivos para que los estados se hagan corresponsables de los problemas educativos e incluso alienta la poca transparencia en el reparto de los pagos a los maestros y muchas irregularidades.

“Hay la tentación de centralizar toda la educación, así lo ha dicho el presidente López Obrador, y mi consejo es que esto sería una muy mala decisión, porque lo que se necesita es fortalecer los mecanismos de la rendición de cuentas y detener la sangría presupuestal en los estados haciéndolos realmente corresponsables de sus resultados educativos”, advierte Fernández.

Un ejemplo de los resultados pobres de hacer a la federación responsable de la educación en cada estado es el pago de nómina a los maestros.

Te puede interesar: Persiste pago a comisionados sindicales a través de nómina de maestros: estudio

Actualmente, siete de cada 10 trabajadores de educación básica y normal del país reciben sus salarios a través del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) que opera desde 2015, en el que se han documentado irregularidades en el gasto de aproximadamente 5,100 millones de pesos.

Entre las anomalías en la dispersión de pagos a través de este fondo se documentó el pago a comisionados sindicales hasta por 1,600 millones de pesos, además del pago de salarios de personal administrativo como secretarios y choferes, de acuerdo con el estudio “La Impunidad en la Nómina Magisterial Uso y Abuso del Fondo de Aportaciones es para la Nómina Educativa y Gasto Operativo”.

Con este tipo de esquema también persisten diferencias presupuestales educativas entre los estados, no hay mecanismos efectivos para sancionar a los responsables del uso irregular de los recursos públicos, además de que la asignación de recursos es inercial y no se guía por criterios que incentiven a las entidades federativas.

“Es fundamental establecer elementos que contextualicen el panorama de la educación de los estados, cambiar el criterio de distribución de los recursos, ver que se atiendan los esfuerzos presupuestales que las propias entidades hacen, los retos de cobertura, etcétera. Nunca se ha podido ver de qué manera incorporar en la distribución de los recursos algún elemento que tome en consideración la calidad del sistema educativo de cada estado, desde el FAEB se intentó y es un asunto que no se ha podido avanzar”, señaló el especialista.

El antecedente del Fone

El Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), es el antecedente del FONE, que operó de 2008 a 2014, tiempo en el que se tienen documentado el uso irregular de 141,645 millones de pesos.

En ese sentido el especialista reflexiona sobre la importancia de que desde el Congreso de la Unión se establezca una reforma administrativa en materia de educación.

“Nos preocupan las omisiones e indolencias de los Estados, nos preocupan que los sistemas locales anticorrupción no han operado y que el Sistema Nacional Anticorrupción, como vimos en la parte federal que tendría que entrar, así como que muy efectivos no han sido. Lo que se necesita es establecer presión para esa reforma administrativa”, apuntó.

Lee también:

5 cambios que traerá consigo la nueva reforma educativa

 

Siguientes artículos

La agenda de género, presente en el Legislativo
Por

Mientras que la participación de las mujeres en espacios de poder crece, queda pendiente que las políticas con perspecti...