El gobierno quiere revivir al agro mexicano a través de cambios legales en las reglas de los apoyos  al campo, pero los especialistas advierten el peligro de que la reforma vuelva a ser una semilla estéril.

 

 

 

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La administración federal de Enrique Peña Nieto ha logrado la aprobación de cinco reformas estructurales que prometen catapultar el crecimiento económico del país, entre las que se encuentran la de telecomunicaciones y la energética, pero no son las únicas. La reforma del campo se asoma en el camino que próximamente transitará el país.

En los últimas dos décadas, la dependencia alimentaria de México se ha incrementado sustancialmente, al tiempo que 20 millones de mexicanos presentan carencia alimentaria.

Tan sólo en 2012, la importación maíz alcanzó 9.5 millones de toneladas, que provinieron casi en 90% de Estados Unidos y representaron cerca de 27,000 millones de pesos (mdp), indican datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).

México se encuentra en el séptimo lugar mundial como productor de proteína animal, el sexto en carne de res (1.8 millones de toneladas al año), el quinto en carne de pollo (2.8 millones de toneladas) y en huevo (2.5 millones de toneladas anualmente), además de que exporta alrededor de 1.2 millones de bovinos en pie, establecen cifras de la Coordinación General de Ganadería.

Organizaciones campesinas consultadas por Forbes México, afirman que la apuesta del gobierno federal en su próxima propuesta de reforma será impulsar el apoyo de la banca de desarrollo para financiar la modernización del sector, pero un peligro se mantiene latente.

“Ésta es una reforma que nuevamente guarda la esperanza de cambiar la situación del campo mexicano, pero que también tiene el peligro de tan sólo entregar de apoyos económicos que perpetúen la situación actual de la agricultura y la ganadería”, dice Leticia Armenta Fraire, directora del Centro de Análisis Económico del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) campus Ciudad de México.

Ésta es, de inicio, una reforma que promete (ahora sí) salvar del olvido al campo mexicano.

 

El campesino no tiene quién le escriba

El 6 de enero de 1915, el presidente mexicano Venustiano Carranza promulgó la primera Ley Agraria en el país. El espíritu del movimiento tenía la promesa de emitir leyes agrarias que favorecieran la formación de la pequeña propiedad, al disolver los latifundios y restituir la tierra a los campesinos.

A 99 años de distancia de aquel suceso, el reto que ahora se impone la administración federal es hacer del campo un espacio más justo, productivo, rentable y sustentable, que beneficie a la población mexicana.

“Impulsaremos la transformación al marco jurídico del sector agropecuario”, dijo el mandatario federal en su blog de la página de la Presidencia.

A inicios de marzo pasado, Peña Nieto instruyó a Enrique Martínez Martínez, titular de la Sagarpa, para realizar ocho foros temáticos nacionales con organizaciones sociales y privadas, siete foros regionales con vocación territorial, foros estatales, lo cuales ya han concluido, y un foro nacional global que se encuentra en espera de ser programado.

El gobierno federal intenta generar un acuerdo de los sectores que representan al campo, como son productores e instancias gubernamentales, sobre temas como uso de biotecnología, financiamiento, comercio internacional y precios justos.

Esta publicación solicitó una entrevista con algún funcionario de la Sagarpa, pero la dependencia federal declinó la propuesta hasta que se publique el documento final de los encuentros.

 

La semilla estéril

La administración federal quiere dar una palmada de certidumbre a los agricultores mexicanos. Este año, la Sagarpa aplicará un presupuesto de 82,900 mdp, monto casi 10% superior al ejercido en 2013, cuando la dependencia obtuvo tan sólo 75,400 mdp.

“Ésta es una reforma que no sólo requiere recursos, sino que también es necesario que el gobierno y los productores inviertan en capacitación, así como la modernización tecnológica de los procesos agrícolas”, argumenta Armenta Fraire.

En un documento publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), y la Red para la Agricultura Familiar, organización que se encuentra conformada por más de 60 uniones de productores, gobierno y sociedad civil, proponen que la próxima reforma impulse el desarrollo de la agricultura familiar para revivir al agro.

En Latinoamérica, la agricultura familiar genera entre 30 y 40% del Producto Interno Bruto (PIB) agrícola de la región y más de 60% del empleo rural.

“Frente a este escenario resulta absurdo que la dependencia alimentaria en México se haya incrementado sustancialmente en los últimos 20 años”, dice el reporte Campo como opción, no como condena.

México se ubica en la posición 35 de 109 países que conforman la tercera edición del Índice de Seguridad Alimentaria que elabora la unidad de inteligencia de The Economist, lo que representa un retroceso de tres lugares, si se le compara con el lugar que ocupó el año pasado.

 

Una reforma que siembra esperanza

Enrique Martínez ha asegurado que la propuesta de reforma será presentada antes de que concluya 2014, aunque no existe una fecha establecida.

La FAO establece que de forma idónea las naciones deben producir 75% de los productos que consumen, mientras que México tan sólo alcanza cerca de 58% en este rubro.

Para Leticia Armenta, del ITESM, el tiempo se agota en el rescate del campo, en que asoman tan sólo dos opciones: “Esta reforma puede representar el cambio total para el campo mexicano, pero también puede ser el último esfuerzo para salvar a un sector que demanda la atención que hoy parece atraer.”

 

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